La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, para quienes aún no la conocen informamos que es una asociación civil integradas por más de doscientos abogados preocupados por el activismo judicial que mantiene más de mil prisioneros políticos en la República Argentina, miembros en su mayoría de las fuerzas armadas y de seguridad que, acompañados en su padecer también por civiles, son perseguidos por haber combatido en lo años ‘70, por los deberes propios al servicio de armas y según las órdenes del Estado, a milicias irregulares armadas, dirigidas y entrenadas por países extranjeros para asaltar el poder e imponer en el país un régimen comunista.
Desde su fundación y merced a la preocupación que la situación que motivo su nacimiento genera en la sociedad, los asociados de la Fundación aumentan día a día.
La asociación tiene por objeto:
- Bregar por la vigencia irrestricta del estado de derecho.
- Fomentar y difundir el conocimiento de las ciencias jurídicas y sociales.
- Contribuir al perfeccionamiento de la legislación y de los procesos judiciales.
Nuevamente estas mujeres y hombres, todos profesionales comprometidos con el verdadero derecho, denuncia y advierte a la República Argentina sobre un nuevo peligro jurídico que nos amenaza a todos. Ese peligro se convertirá en una nueva “aberración jurídica” y está motivada por las declaraciones del Presidente del Tribunal de Casación, Dr. Pedro David, quién ordenó: “acelerar los juicios por violaciones de derechos humanos”, para terminar antes del 2015.
Dr. Pedro David
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia ha venido denunciando que este gobierno, por oscuros designios de venganza y afiebrado mesianismo ideológico, ha construido su poder con base en la quiebra del orden jurídico y la siembra permanente de la discordia.
La Presidente de la República, en el inicio de su nuevo mandato, lejos de enviar un mensaje de paz y concordia a la sociedad, no dejó dudas en cuanto a la continuidad de esa política persecutoria, ratificando su empeño para que se aceleren los juicios contra militares y civiles, acusados por delitos calificados de lesa humanidad. Asimismo y en consonancia con ello, el presidente de la Suprema Corte declaró enfáticamente, que “la política de derechos humanos” es política de estado. En este marco, en el que ha desaparecido, el principio de legalidad y con el todos los rudimentos liminares del derecho, como la irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, prescripción y se han violentado las normas básicas del debido proceso, hay mas de 1000 presos políticos y 151 muertos en cautiverio.
Hoy, sin sorprendernos pero con estupor, hemos conocido las declaraciones del Presidente del Tribunal de Casación, quien en cumplimiento al mandato presidencial, dá la orden de “acelerar los juicios por violaciones de derechos humanos”, para terminar antes del 2015.
Con una justicia sumisa no solo quienes están fulminados por la acusación de delitos de “lesa humanidad”, sino cualquier ciudadano, está en libertad condicional, a designio del gobierno.
Mariano Gradin Alberto Solanet
Secretario Presidente
Gracias por publicar nuestro comunicado pero somos más de cuatrocientos abogados. Saludos,
ResponderBorrar¡Qué más que expresarles mi solidaridad y la brisa de esperanzas que emprendimientos como el vuestro me provoca! Muchas gracias!!!
ResponderBorrarEstimado Carlos: agradecemos sus conceptos, pero las gracias hay que dársela a la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.
ResponderBorrarhttp://www.justiciayconcordia.org/
Muy cordialmente.
Hola Andrea!
ResponderBorrarSabemos que son muchos... pero deberían actualizar el sitio. Gracias!