A vueltas con la memoria histórica

Juicios a los militares en

América Latina

En casi todos los países de América Latina se asiste en los últimos tiempos a una suerte de revisión histórica de lo que aconteció en las últimas décadas. El pueblo y las instituciones que lo representan persiguen así una especia de catarsis colectiva que ahuyente a los enemigos de la libertad y la democracia.

En Argentina, Brasil, Chile, Uruguay e incluso en países sin largas dictaduras o que no las padecieron, como los casos de Colombia, decenas de militares se han sentado en los últimos tiempos en el banquillo de los acusados y, en muchos de estos casos, estos uniformados fueron condenados.

¿Es realmente el deseo de cumplir con un anhelo de justicia tras unas supuestas violaciones de derechos humanos o una simple vendetta política?

Argentina, por ejemplo, es el mejor caso de las contradicciones y diferencias en las que vive este país cuando han pasado más de 35 años desde el golpe de Estado que abrió el camino a un período de gobierno dominado por juntas militares. Los militares que participaron en aquellos sucesos, que iniciaron el denominado “proceso de reorganización nacional” que se llevó a cabo entre 1976 y 1983, han sido perseguidos, encausados y una buena parte, condenados, pese a que muchos de ellos fueron juzgados por segunda vez y gozaban incluso

del perdón presidencial que les otorgó el presidente Carlos Menem, allá por el año 1989. El asunto, desde luego, rompía con todas las normas jurídicas al uso y tenía como principales impulsores a los dos presidentes Kirchner, marido y mujer.

El emblema de estos procesos argentinos contra los militares es el general y jefe de Junta Militar de entonces, Jorge Videla, condenado en el 2010 a cadena perpetua por los sucesos que ocurrieron en los tiempos de la dictadura. Para las asociaciones de derechos humanos y otros colectivos cívicos argentinos, Videla debería haber estado en la cárcel hace ya muchos años y se trata de una clara victoria de la justicia póstuma para los supuestos desaparecidos, mientras que para las asociaciones de las víctimas por el terrorismo de los años sesenta y setenta, organizadas en varios colectivos, hoy en Argentina reina la impunidad y sólo se juzgó a una de las partes por los sucesos de  aquellos años. También hay una discusión abierta en torno al número de víctimas y desaparecidos, que oscilan entre los 8.000 y los 32.000, según la fuente.

Los casos de Brasil, Chile y Uruguay

En Brasil, cuya presidencia está en manos de una antigua guerrillera confesa, se creará próximamente una Comisión de la Verdad que investigue y elabore un informe sobre los años de la dictadura militar (1964-1985) y sobre los acontecimientos que se sucedieron en aquellos tiempos. Siendo la primera de las dictaduras de la época de la doctrina de la seguridad nacional, en la que se utilizó el ejército para luchar contra el terrorismo y la subversión, las víctimas de las dos partes difieren acerca del alcance que pueda tener esta Comisión, aunque habrá que esperar hasta leer el informe final para que se escuchen las reacciones. Las asociaciones de derechos humanos de izquierda, muchas cercanas a la antigua guerrilla, consideran que fueron asesinadas y desaparecidas en su país más de 500 personas. Las víctimas del terrorismo consideran a tales víctimas, en su gran mayoría, como activistas criminales.

Respecto a Chile, como era de prever tras la victoria de la antigua oposición antipinochetista en las primeras elecciones libres habidas después de la salida de Augusto Pinochet, varios militares, incluidos un jefe de la policía política del régimen, la temida DINA, fueron procesados, juzgados y condenados por la justicia chilena. El caso más conocido fue el de su jefe, Manuel Contreras, quien más tarde acusaría al difunto Pinochet de haberse enriquecido con el narcotráfico y de estar detrás de todas las violaciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura.

Los juicios en Chile comenzaron mucho antes que en otras partes y la dictadura fue deslegitimada por la forma en que se hizo con el poder y sus prácticas subsiguientes, aunque también estos procesos fueron considerados parciales por no haber sido nunca encausados los extremistas de izquierda que realizaron acciones terroristas durante los años de Allende (1970-1973) y luego en la dictadura (1973-1990). Es decir, que nunca llueve a gusto de todos. La principal organización terrorista de izquierda era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), a cuyas espaldas recaen varios crímenes nunca esclarecidos ni juzgados y que siempre reivindicó la acción violenta como forma de hacer política.

En Uruguay, de la misma forma, varios militares han sido juzgados por  sus responsabilidades durante los años de la dictadura uruguaya (1973-1985) y cinco de ellos por la muerte de María Claudia García de Gelman (nuera del poeta argentino Juan Gelman), en un proceso bastante discutible y en condiciones difíciles, ya que han pasado mas de dos décadas desde aquellos hechos y muchos de los testigos han fallecido. De la misma forma, el que fuera presidente constitucional y después máximo responsable durante una época de la dictadura (1973-1976), Juan María Bordaberry, también fue condenado, en el año 2010, a cadena perpetua, que no cumpliría porque moriría un año más tarde. La imagen de un hombre enfermo y decrépito ante los tribunales, sin apenas capacidad de respuesta, dio la vuelta al mundo.

Colombia, también en el punto de mira

Respecto a Colombia, los juicios a los militares tienen otro sesgo bien distinto: los uniformados procesados tuvieron un papel destacado y decisivo en la lucha contra la subversión y los dos casos más significativos, el general Arias Cabrales y el coronel Luis Alfonso Plazas, fueron los responsables de la toma del Palacio de Justicia, allá por el año 1985. Aunque hay otros, estos dos casos son los más paradigmáticos de ese período de esa época turbulenta de la historia de Colombia –aún no concluida–, en la que las fuerzas terroristas del M 19, el ELN y las FARC campaban a sus anchas sembrando el terror en las calles colombianas. Ambos procesados siguen reclamando su inocencia, en la que también creen muchos colombianos, y debemos señalar que el máximo responsable de aquellos luctuosos hechos, el presidente de la república de entonces, Belisario Betancourt, está en la calle y no para de recibir homenajes.

Por cierto, los responsables políticos de estos hechos, los jefes  guerrilleros del M 19 en aquellos años, están en la calle y ocupan importantes responsabilidades. Uno de ellos, Gustavo Petro, ha sido elegido recientemente alcalde de Bogotá en las filas de la izquierda. Según estos ex guerrilleros, con muchos crímenes a sus espaldas, el error de los militares fue no aceptar el perdón otorgado en su momento por el ejecutivo colombiano para este tipo de delitos y que, finalmente, se vieran procesados por los mismos, aunque los uniformados siempre se negaron a acogerse a medidas de este tipo porque hubiera sido aceptar su culpabilidad y atentaban contra el “honor militar”.

En cualquier caso, al día de hoy ambos militares siguen presos, el ejecutivo se inhibe ante el caso y la opinión pública tampoco parece mostrar un gran interés en el asunto. Para muchas víctimas del M 19, los dos son considerados como unos héroes que contribuyeron a la liberación de casi tres centenares de rehenes y posibilitaron la liberación del Palacio de Justicia tomado por los terroristas. Según los abogados de la parte acusadora, que es deslegitimada por sus supuestos nexos con el M 19, en esta “retoma” fueron desaparecidos varios de los rehenes liberados, ni más ni menos que once, y nunca aparecieron sus restos. Estos desaparecidos –uno de ellos asumido por el coronel Plazas, que asegura que fue llevado en un coche de un ente del Estado ese fatídico día a un lugar desconocido– salieron con vida y fueron después dados de “baja”, usando el argot utilizado por el ejército colombiano. ¿Verdad o mentira? Muchas son las dudas que asombran sobre el caso y los testigos, todo hay que decirlo, no son muy fiables.

¿Justicia o venganza?

Es evidente que la percepción sobre  estos procesos es muy distinta dependiendo de quien los evalúe. Para las víctimas del terrorismo, bien sean argentinos, chilenos o uruguayos, la justicia fue unidireccional y solamente fueron juzgados los responsables de los operativos contra los grupos terroristas, mientras que para los represaliados de estas dictaduras y sus familiares la apertura de estos procesos era una demanda histórica y necesaria para hacer que prevalezca la verdad y la justicia. Es decir, cada parte cree tener suficientes razones para defender a los suyos.

Tomando cierta equidistancia con respecto a este asunto, lo cierto es que nunca se abrió un proceso de revisión de los acontecimientos que realmente sucedieron en estos países en las décadas de los sesenta y setenta, en que la violencia de la extrema derecha y también de la extrema izquierda condicionaron en gran parte los procesos políticos que acontecieron.

Sin hacer apología del golpismo, que no es justificable, quizá unas comisiones de la verdad, al estilo de la exitosa y ejemplarizante sudafricana, habría ayudado a saldar las cuentas, determinar las responsabilidades de cada uno y clarificar aquellos luctuosos años.

¡En definitiva, avanzar en el conocimiento de la verdad, aún siendo dolorosa, y desterrar los viejos odios, que al día de hoy siguen prevaleciendo más que el anhelo de reconciliación y perdón!