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23/10/2012
El
defensor Corigliano fustigó con dureza al tribunal, en particular a su
presidente.
"Es
parte de una venganza y negocio" del gobierno que inició Néstor Kirchner,
dijo.
NEUQUÉN
(ACE).- El defensor de cinco de los militares imputados, Hernán Patricio Corigliano, calificó de "juicio oral ilegítimo" al proceso por delitos de lesa
humanidad que está finalizando, aseguró que el tribunal "es
imparcial" y que forma parte de la "venganza
y negocio" instrumentada desde el gobierno nacional a partir de la
asunción del expresidente Néstor
Kirchner a la presidencia.
Corigliano
pidió que el tribunal, al que cuestionó severamente, anule el juicio y absuelva
a sus defendidos.
"Subsidiariamente" a que se rechace este planteo dio un detalle de la situación
de cada uno de sus defendidos, que concluirá hoy Paola Rubianes. El
primero centró ayer su alegato en los militares
retirados José Ricardo Luera, Gustavo
Vitón e Hilarión de la Pas Sosa.
El
abogado manifestó que desde el 2003 se pasó de un "Estado de Derecho a un estado de desecho" en el que se
dio por tierra con el Punto Final,
la Obediencia Debida, se anuló el
intento del expresidente Carlos Menem
que con el indulto buscó "pacificar"
las "facciones enfrentadas"
entre las Fuerzas Armadas y los "delincuentes
terroristas" que buscaban acceder el poder.
En
esta línea aseguró que Kirchner, en
su estrategia de "romper con (Eduardo) Duhalde" buscó apoyo político en "cualquier sector" y que lo obtuvo entre quienes en los
70 "atentaron contra" el
gobierno a favor de obtener los "beneficios
del poder y de la corrupción".
Aseguró
que los grupos políticos que accedieron al gobierno a partir del 2003
instrumentaron los juicios contra los militares por "venganza y negocio", ya que luego del juzgamiento quedará
habilitado el camino del resarcimiento económico.
En
este enfoque sostuvo que el Tribunal
Oral Federal de Neuquén formó parte de este esquema de "juicio oral ilegítimo", ideado en el despacho del exprocurador nacional Esteban Righi con
la complicidad de la ministra de Defensa, Nilda Garré, mediante la cual se buscó aplicar la ley con
retroactividad con la declaración de delitos de lesa humanidad.
Aseguró
que los jueces de este proceso "son
funcionales al poder político de turno", donde Orlando Coscia y Eugenio
Krom "son jueces parciales que
ya juzgaron y que condenarán nuevamente" a sus defendidos, en relación
a la condena anterior producida en 2.008, en el primer juicio de "La Escuelita".
Particularizó
sus ataque de parcialidad contra el presidente
del Tribunal, cuando aseguró que Coscia
hizo preguntas "capciosas e
indicativas", y extendió los cuestionamientos de parcialidad al resto
de los vocales al criticar que se le impidió la presentación de testigos, se le
rechazaron pericias y la presentación en el debate de testigos que consideró
fundamentales para sostener su postura, como la del exjuez durante la instrucción, Antonio
Labate.
"Este tribunal, como tantos otros del resto del país, es
blanco de la presión política. No hay garantías para mis defendidos", remarcó.
Para
sostener esta afirmación recordó que cuando inicialmente el juez Mariano Lozano fue separado del tribunal y, ante un comunicado de
las organizaciones de derechos humanos se lo incluyó nuevamente, con el fin de
obtener una condena a cualquier costo.
Cerró
su alegato con una exhortación al tribunal: "señores
jueces, apliquen la ley en base a los hechos, pido que absuelva a mis
defendidos".
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