La
Suprema Corte de Justicia amenaza con declarar inaplicable una ley impulsada
por el presidente Mujica para investigar y condenar violaciones a los DDHH en
la dictadura militar.
Crédito foto: Gentileza El País Uruguay
Una
medida aprobada por el Congreso uruguayo en octubre de 2011 anuló la Ley de Caducidad de 1986 -ratificada en dos
plebiscitos en 1989 y 2009- que impedía juzgar los crímenes cometidos por los
militares durante el la última dictadura en el país.
El
diario uruguayo El Observador informó que al menos tres de
cinco ministros de la Suprema Corte
concuerdan que la norma interpretativa votada por los legisladores es
inconstitucional, ya que el organismo había dictaminado, en paralelo, que los
crímenes de la dictadura son delitos comunes y no puede aplicarse la retroactividad en materia penal.
Los
magistrados sostienen que no pueden
reabrirse casos que ya habían sido archivados por la Ley de Caducidad. No
obstante, están pendientes un centenar de hechos que incluyen delitos de
homicidio, desaparición forzada y torturas.
De
no haberse aprobado la ley, conocida como de “imprescriptibilidad” o “interpretativa de la Ley de Caducidad”,
los crímenes de la dictadura prescribían en noviembre de 2011.
Las
excepciones a la Caducidad,
dispuestas por los gobierno del Frente Amplio de Tabaré Vázquez y el actual de José
Mujica, llevaron a prisión a unos 20 militares que violaron los derechos
humanos durante la dictadura, entre ellos, el ex dictador Gregorio Alvarez (1981-1985).
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