Queridos amigos:
La existencia de Midas, rey de
Frigia, se sitúa aproximadamente 700 años antes de Cristo y se lo describe como
un rey rodeado de bienes y felicidad
pero obsesionado por la posesión de riquezas, particularmente de oro. A partir
de allí surge el mito que relata que Midas, habiendo obtenido el favor del dios
Dionisio (Baco), le pide que le conceda el beneficio de convertir en oro todo
lo que toque. El resultado de esta
petición parece ser en principio satisfactoria, cuando Midas transforma en oro
sus muebles y enseres, pero comienza a complicarse cuando se ve impedido de
comer y beber pues sus alimentos y bebidas se tornan auríferos. Finalmente, al
convertir en oro a sus seres queridos,
Midas comprende lo insensato de su ambición y logra que Dionisio lo libere
de su don, a cambio de entregar todo su
oro y cambiar su modo de vida.
Esta metáfora de la ambición
venía a la mente esta semana al observar por las pantallas de televisión a los
diputados de nuestro Congreso, insultarse, agredirse y arrojarse objetos, mientras se ponía en
juego el futuro y la calidad de una
institución tan importante como es la justicia. Parecería que el gobierno de la
señora Cristina Fernández, en su
ambición de alcanzar el poder absoluto cumpliendo su premisa de “ir por todo”, hubiera pactado con
alguna deidad la concesión de tal logro a cambio de pudrir todo lo que toca. El
Congreso convertido en un reñidero y la justicia resignando su imparcialidad al
elegir desembozadamente a los consejeros, jueces y abogados del Consejo de la Magistratura, en
las listas partidarias, son ejemplos tangibles del estado de pudrición al que
se lleva a las instituciones. Pero el poder
insaciable de la descomposición también ha transformado en un pudridero
al INDEC, que insiste en que en la Argentina hay solo un 5,4 por ciento de
pobres o al Ministerio de Economía, cuyo
titular no tuvo pudor en manifestarle a una periodista extranjera que prefiere
irse antes de tener que hablar de la negada inflación.
La capacidad de corromper todo lo
que toca alcanza a los más variados
ámbitos públicos y privados. Solo así se explica que la Universidad de La
Plata haya entregado títulos de Doctor Honoris Causa a Néstor y Cristina Fernández
de Kirchner y a Evo Morales o que la
Facultad de Periodismo y Comunicación Social de dicha universidad haya
entregado un premio por la comunicación popular a presidentes como Rafael
Correa y Hugo Chávez, famosos por el acoso que sometieron a la prensa de sus
países. El detalle que resalta el grado de descomposición institucional es que
la seguridad en estos últimos actos estuvo a cargo del Movimiento Patriótico
Revolucionario Quebracho, uno de los grupos más violentos que actúan en las
calles de nuestro querido país. Ahora los medios mencionan que el rector de la Universidad de Buenos
Aires, acorde a los nuevos aires, aspira a una re reelección no permitida
estatutariamente y la página oficial del Instituto Universitario Nacional de
Arte informa que ha resuelto entregar el título de Doctora Honoris causa a la
señora Estela Barnes de Carlotto, Presidente de la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, que se ha convertido en una
activista del oficialismo que no tuvo pudor en descalificar a Monseñor
Bergoglio al conocerse su elección como Papa, siguiendo la línea gubernamental,
y luego visitarlo y ponderarlo siguiendo una nueva línea gubernamental.
El gobierno logró imponer su
reforma de la justicia en la Cámara de diputados por escasos votos,
particularmente en las leyes que limitaron las cautelares y crearon nuevas
Cámaras de Casación. La ley de reforma del Consejo de la Magistratura sufrió
una modificación por pedido de la Corte Suprema de Justicia que logró recuperar
las facultades administrativas que le quitaban, mediante la presentación de una
nota que reflejaba la opinión en tal sentido de la totalidad de los jueces
federales. Sin embargo, esa nota también expresaba la preocupación de los
señores jueces por su propia estabilidad, puesta en riesgo por la elección
popular de consejeros y la reducción a una mayoría simple del número de votos
necesarios para la remoción de jueces,
que no fue presentada por el Doctor Lorenzetti, Presidente de la CSJ. Esta
actitud de Lorenzetti, que fue justificada por la voluntad de la Corte de no
expedirse en temas que luego probablemente tendrá que resolver, llevó el estado
de duda y sospecha hasta el mismo presidente que fue acusado de haber acordado
un pacto espurio con el gobierno. Falsa o verdadera, esta acusación alcanza
para ratificar la capacidad gubernamental de corromper todo lo que toca y poner
en cuestión a la institución que defiende la última trinchera de la república,
o sea, la justicia.
La sesión en que se aprobaron
estas leyes se realizó en forma anormal, extendiéndose por más de 20 horas sin
los necesarios cuartos intermedios para comer y dormir y apelando a todos los
artilugios para obtener el mínimo de 129
votos que el reglamento requería. Un primer escándalo estalló cuando el
oficialismo pretendió votar todos los artículos en bloque, en vez de hacerlo de
a uno, lo que pudo ser evitado por una oposición unida que se debatió
sonoramente, aún en minoría. Cuando una de las votaciones arrojó
solo 128 votos favorables, lo que implicaba su rechazo, aparecieron dos diputados ajenos al bloque
oficialista diciendo que habían fallado sus máquinas de votar pero que querían
hacerlo en forma positiva, con lo que el escándalo se generalizó y la oposición
se retiró del recinto al grito de fraude.
El
diputado Rossi, presidente del bloque del Frente para la Victoria,
arremetió físicamente contra los opositores
y debió ser contenido por varios colegas ante los
ojos azorados de algún taquígrafo que quedó en el medio de su arrebato y
algunos millones de ciudadanos que observaron por los medios audiovisuales esa
inconcebible e indignante manifestación de barbarie. Si la opinión de los entes
jurídicos más importantes del país expresada en el sentido de que las leyes
votadas no solo eran inconvenientes sino que violaban artículos de la
Constitución había sido tan ignorada como las manifestaciones ciudadanas, las
gremiales, las empresariales y hasta las de la comisión episcopal, mal cabía
esperar que el oficialismo temblara por minucias reglamentarias. Las leyes
fueron aprobadas y la que fue modificada
y devuelta al senado lo será en breve.
Ahora solo quedan para defender la trinchera republicana los múltiples amparos
que jueces y abogados planean presentar para detener esta aberración jurídica
que se cierne sobre la justicia argentina.
Pero nuestra singular versión de
Midas, sigue tocando y tocando sin vergüenza ni fatiga. La
procuradora general
Alejandra Gils Carbó, ferviente oficialista y una de las cabezas de la
agrupación Justicia Legítima, que defiende las posiciones del gobierno, ha sido acusada e imputada por
“incumplimiento de los deberes de funcionario público” por
nombrar fiscales en forma irregular. Obviamente se trata de gente de su
confianza cuya correcta designación ha
sido puesta en cuestión y deberá ser demostrada por la funcionaria. También
habrá que aclarar por qué la fiscalía no
incluyó al empresario
Lázaro Baez, señalado
por dos testigos en un programa de televisión de haber pagado
coimas y lavado dinero, en la causa que
se inició a dichos testigos que tuvieron la particularidad de desmentirse a sí
mismos pero que ahora no pueden ocultar la veracidad de los datos suministrados
acerca de viajes y sociedades
conformadas en el extranjero. Cabe aclarar que el caso incluye la relación del
señor
Baez con el difunto
Néstor Kirchner
lo que lo transforma en un fuerte hecho político vinculado a la siempre
presente corrupción.
En la larga lista de víctimas del
toque de putrefacción del gobierno entró la
Asociación Madres de Plaza de Plaza de Mayo, con sus
nunca aclaradas estafas en la construcción de viviendas sociales, la actividad
de los piqueteros como
D´Elía que pasaron de proclamados dirigentes sociales a
voceros y ejecutores de la violencia en defensa del oficialismo y algunos
bienes intangibles, tal como el debido
respeto a la autoridad policial cuando esta se ejerce en cumplimiento de sus
funciones. Se ha logrado instalar un rechazo a cualquier funcionario vestido de
uniforme y muchos manifestantes de
distinto ámbito piensan que tienen la potestad de insultar, golpear y apedrear
a las fuerzas policiales y de seguridad
sin que estas tengan derecho a reaccionar.
 |
| Encapuchados en el Hospital Borda |
Este desvío conceptual se
materializó en el
Hospital Borda cuando trabajadores afiliados a ATE
pretendieron detener por la fuerza la ejecución de una demolición y agredieron
con violencia a las fuerzas de la policía metropolitana presentes, produciendo
heridos de distinta gravedad. La reacción de la policía tuvo una dureza acorde
a la agresión generando heridos y
detenidos entre los manifestantes y desgraciadamente fueron afectados
periodistas que estaban mezclados con ellos. La televisión permitió ver la
presencia de encapuchados ente los agresores y determinar claramente quienes
fueron los primeros en recurrir a la violencia.
 |
| La oposición pide la renuncia de Montenegro |
Lo insólito del caso fue que distintas fuerzas políticas, particularmente
los legisladores del Frente para la Victoria y otras agrupaciones de izquierda,
pidieron en la legislatura la renuncia del Ministro del área avalando
implícitamente la agresión a los funcionarios policiales. El colmo fueron, sin
dudas, las expresiones provenientes del
Ministro del Interior y de la
señora Presidente, que en su afán de
atacar al
Jefe de Gobierno de la Ciudad, no dudaron en cargar de culpas a la
actuación policial. Es la misma presidente que en sus mensajes acusaba a los
pacíficos manifestantes del 18 A de haber marchado al Congreso con la coartada
de la reforma judicial pero que en realidad querían “romper todo” lo que
justificaba la colocación de vallas.
 |
| Diputado Garramuño de Tierra del Fuego |
Mentir, utilizar doble estándar,
llevar la demagogia al extremo u ofrecer a los diputados favorecer a sus
provincias a cambio de su voto, como denunció el
diputado Garramuño de Tierra
del Fuego, son parte de los recursos
para asegurar el poder, haciendo de la política y el debate un estercolero en el que todos
terminan cubiertos de manchas. Hay sin embargo hechos que estallan como el pus de las pústulas maduras y no
pueden ser ocultados. Eso está sucediendo con las denuncias de corrupción que
se acumulan escapando a la capacidad gubernamental de silenciarlas y con los
datos de la economía que no pasan por el filtro del INDEC. Baste decir que el
dólar que se vende fuera del circuito legal superó los 9 pesos contra los
apenas 5,18 del dólar oficial y que las reservas bajaron de la línea de los
40.000 millones de dólares y ya no solo no cubren el valor del circulante sino
que plantean dudas de la capacidad del país de sostener su política financiera
en el mediano plazo.
Así vamos marchando
trabajosamente hacia las elecciones de Octubre en las que comprobaremos si
nuestros ciudadanos han aprendido la lección y liberan a nuestra patria del
sometimiento a una mayoría autoritaria y soberbia. Entretanto, es la hora en
que los funcionarios judiciales deben dar la batalla legal, apoyados por la
oposición y por la ciudadanía consciente de los riegos que sufre la república,
para defender a la justicia que es la última trinchera que le queda a nuestra
patria ante el poder avasallante de un
poder que pudre todo lo que toca.
A propósito, cuenta la leyenda que Midas se arrepintió y devolvió todo
el oro acumulado. No esperamos tanto, pero sí que la justicia recupere para la
nación, al menos, toda la riqueza mal habida producto de la corrupción.
Un abrazo para todos
Juan Carlos Neves, Presidente de
Nueva Unión Ciudadana
Twitter @NevesJuanCarlos
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