Domingo 16 de agosto de 2015 | Publicado en edición impresa
Editorial I
MEMORIA Y RECONCILIACIÓN
Opinión
La convocatoria de la UCA
para reunir a víctimas de los dos contendientes de la violencia de los años 70
es un gran ejemplo en la búsqueda de la pacificación
La Universidad Católica Argentina reunió a víctimas ocasionadas por
ambos contendientes en la violencia de los años setenta. La voz de la Iglesia
fue llevada al panel por monseñor Jorge
Casaretto, en tanto la senadora Norma Morandini y Arturo Larrabure
representaron, cada uno por su lado, a las víctimas de la represión y la acción
terrorista. Morandini sufrió la
desaparición de dos hermanos en 1977; Larrabure
es hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado, torturado y
muerto por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1975, al cabo de un
largo cautiverio.
La iniciativa es el ejemplo
de un camino apropiado hacia la pacificación. Para la Iglesia no ha sido algo nuevo porque, a través de diversos
pronunciamientos, había señalado antes de ahora un compromiso en esa misma
dirección. Así lo hizo por lo menos
desde los tiempos en que el papa Jorge Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires.
Han transcurrido cuatro décadas desde el apogeo de aquella violencia que
tuvo sus primeras manifestaciones a fines de los cincuenta. Fue un proceso
largo, que explotó de manera local con el pequeño grupo guerrillero de un
cabecilla que se hacía llamar "comandante
Uturunco". Había surgido de una derivación extrema de la resistencia
peronista. Luego, aparecieron los
Montoneros, con algunas raíces fascistas, y el ERP, proveniente del trotskismo.
Ambos demostraron gran capacidad de acción y vínculos amplios en el plano
internacional de la Guerra Fría.
Desde la aventura guerrillera del monte se pasó al terrorismo urbano en
mayor escala y ya con aspiraciones de
toma inmediata del poder. Desde la reacción inicial frente al derrocamiento
del gobierno de Perón, en 1955, se pasó en los sesenta al objetivo de
implantar, unos el socialismo radicalizado, y otros, formas diversas de
colectivismo; pero todos apelando a la fuerza, tanto frente a gobiernos de
facto como constitucionales.
Los instrumentos empleados por el Estado también evolucionaron, según el
grado alcanzado por la violencia y la fortaleza de los grupos armados, respecto
de cuya magnitud sobresalían aquellos dos por sobre otros emprendimientos
subversivos. El empleo de las agencias de seguridad y la actuación de la
Justicia en el juzgamiento de los guerrilleros fue puesto a prueba en 1973,
cuando el gobierno de Héctor Cámpora
disolvió la Cámara Federal en lo Penal de la Nación y liberó y amnistió a los
terroristas condenados. Además, ese gobierno repudió a los jueces que
habían actuado y los expuso a atentados, uno
de los cuales le costó la vida al juez Jorge Quiroga, y otro más, la existencia
de un político ejemplar: Arturo Mor Roig.
La subversión no se detuvo
ante nada, ni siquiera ante la reinstalación de Perón en la Casa Rosada como
consecuencia de las elecciones de septiembre de 1973. Es más: los grupos armados
multiplicaron su violencia, incluidos ataques a cuarteles y asesinatos de
policías y civiles. La represión durante el propio gobierno de Perón comenzó a
emplear métodos de contraterrorismo ilegales mediante la llamada Triple A.
Éstos fueron intensificados por su sucesora, María Estela Martínez de
Perón, quien a mediados de 1975 ordenó por decreto la participación de las
Fuerzas Armadas para "aniquilar el accionar subversivo"
en todo el territorio nacional. ¿Alguien
duda de lo que un militar ha de entender si una autoridad constitucional le
ordena "aniquilar" al
enemigo? ¿Cuántos dirigentes del
peronismo se opusieron a esa conminación?
Unos meses antes, se había dispuesto aquello mismo para la provincia de
Tucumán. Sea por la actuación de la Triple A o por la de las Fuerzas Armadas,
el balance en ese tramo previo al golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue de
900 desapariciones y de innumerables hechos que provocaron heridos y muertos,
entre civiles y militares, hombres, mujeres y niños.
No es posible justificar los métodos aberrantes utilizados en la
represión. Menos aún la desaparición de personas o la apropiación ilegal de
menores. Tampoco es de ninguna manera aceptable justificar la violencia de los
grupos terroristas con su secuela de asesinatos y destrucción de familias y
daño moral. Provocaron más de 1000 muertes.
Hubo una guerra interna
iniciada por quienes querían implantar el socialismo brutal que la Unión
Soviética y Cuba deseaban extender en América latina. Contaron con ese apoyo, cuyo propósito no era acompañar las luchas
contra la opresión de las dictaduras locales, como hipócritamente hoy lo
exponen quienes tergiversan la historia. De otro modo, la Unión Soviética no
hubiera sido, como lo fue, solidaria con las juntas militares argentinas, ni
Fidel Castro se hubiera abrazado, como lo hizo durante la Guerra de las
Malvinas, con el canciller Nicanor Costa Méndez.
Las leyes de obediencia debida y punto final, sancionadas por el
Congreso de la Nación a instancias del presidente Alfonsín, así como los
indultos a los condenados de ambos bandos dispuestos por el presidente Menem, fueron pasos en búsqueda de la
pacificación. Esta voluntad fue desautorizada en 2003 con la anulación, a
nuestro juicio inconstitucional, de tales normas y la decisión hemipléjica de
proceder sólo contra quienes habían reprimido.
Desde entonces se instaló
un clima de confrontación. La profundización de las
heridas del pasado fue un instrumento de manipulación política y de creación de
poder. Pasando por encima de principios
esenciales de la Justicia, como lo explicamos en nuestro reciente editorial
"Lesa
venganza", fueron sometidos a juicio y encarcelados miles de
oficiales, suboficiales, policías y civiles que debieron haber estado amparados
por las barreras de la cosa juzgada, de la ley más benigna en causas penales,
de la no aplicación retroactiva de leyes penales y de la duda en beneficio del
reo.
No hubo ni hay, en cambio,
juicios ni condenas para los asesinos y cómplices necesarios de los grupos
terroristas. Antes bien, todavía hoy
algunos ocupan cargos de gobierno y hasta son considerados como luchadores por
la recuperación de la democracia en lo que constituye un colmo de hipocresía
histórica, sobre todo teniendo en cuenta que los dos presidentes de apellido
Perón habían proclamado la necesidad del "aniquilamiento".
La asimetría de trato no ha logrado revertirse mediante acciones
judiciales iniciadas por víctimas de la subversión. Contra la jurisprudencia internacional, el carácter de lesa humanidad e
imprescriptibilidad no ha sido aceptado por nuestra Justicia para los crímenes
del terrorismo. Ha predominado una mirada sesgada de los hechos ocurridos
en los setenta, como se patentizó en la
Corte Suprema por los valientes votos de los jueces Carmen Argibay y Carlos
Fayt. El encauzamiento hacia una reconciliación requiere un profundo y
superador examen de conciencia de todos los involucrados y, particularmente, de
la clase política. Su resultado debiera
ser la reconciliación, traducida en una amnistía amplia que permita luego mirar
hacia adelante y construir el futuro en paz y confraternidad.
La convocatoria de la UCA se ha elevado, entonces, como un hecho de
trascendencia histórica.
NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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