El miércoles 13 de
julio, a las 12, inició una huelga de hambre el general de división (R) Eduardo
Rodolfo Cabanillas, medida extrema que a través de una nota puso en
conocimiento de las autoridades penitenciarias de la Unidad 31 de Ezeiza. Este
hombre de 74 años, persona de bien y cabal profesional de las armas, lleva diez
años privado de su libertad en cárceles comunes, lapso dentro del cual fue
arbitraria, inconstitucional e ilegalmente condenado. El tribunal actuante en
su causa le denegó en cuatro oportunidades la prisión domiciliaria. Su estado
de salud es precario, no sólo por los inconvenientes propios de su edad, sino
por las complicaciones adquiridas y agravadas dentro de los penales por donde
transita. A la fecha, por circunstancias similares y con algunos matices
diferentes, 2140 presos políticos, mujeres y hombres (incluidos los 269 muertos
en cautiverio) han padecido un proceso persecutorio, teñido de venganza
ideologizada; a la luz de las consecuencias de aquella guerra revolucionaria
que más de 30 organizaciones terroristas desataron contra nuestra patria entre
1959 y 1989, sumados luego dos hechos terroristas más en 1992 y 1994. Pregunto
si existe alguna autoridad de la actual administración que esté en capacidad -o
tenga real interés- de asesorar convenientemente para que se adopte la solución
político-jurídica con el objeto de poner fin a estos procesos viciados de
nulidad absoluta, según lo reiteradamente expuesto por numerosos especialistas
del derecho que trabajan en este tema. Así lo vienen denunciando ante los
tribunales nacionales e internacionales. Desde el 10 de diciembre de 2015 han
fallecido 27 personas. Ellos, pese a la esperanza de un real cambio, no
pudieron acceder a una verdadera justicia, imparcial, objetiva e independiente.
¿Hará falta que el
general Cabanillas o cualquier otra persona termine sumándose a esa lista?
Coronel
(R) Guillermo César Viola
DNI 8.488.475
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