MANIFIESTO SOBRE DERECHOS HUMANOS EN LA ARGENTINA

LA POLITICA DE DERECHOS HUMANOS: PERSECUCIÓN Y EXTERMINIO

Yacen en prisión privados de todos los derechos legales y humanos desde hace más de diez años, los militares, policías, agentes del Servicio Penitenciario, de las Fuerzas de Seguridad y civiles que durante el gobierno militar o antes que éste, se opusieron a las organizaciones terroristas, o fueron señalados como enemigos por los gobiernos de los Kirchner.

Los únicos presos de más de 70 años, con 80 y 90 años que tiene el Servicio Penitenciario argentino pertenecen a este grupo vulnerable de personas.

Trescientos sesenta y nueve ya han muerto detenidos, ventisiete de ellos durante el gobierno actual.

Son los únicos en la historia judicial de la Nación a los cuales se les aplica retroactivamente la ley penal.

Los únicos a los que se les aplica una ley penal no escrita.

Son los únicos a los que se mantiene en prisión provisional, luego de dos, tres, seis, diez y más años.

Son los únicos a los cuales no se les concede la excarcelación, la libertad condicional, ni la ley más benigna para el cómputo de sus penas.

Los únicos a los que se les desconocen los beneficios de las leyes de pacificación dictadas por el Congreso y el instituto de la prescripción.

Los únicos a los cuales se les impide estudiar en prisión y acceder a cursos que disminuyan sus condenas.

Cualquier enfrentamiento armado en que hayan participado con terroristas es considerado un homicidio imprescriptible dentro de un plan de exterminio.

Basta un legajo con la indicación de un destino militar, una condecoración por haber sido herido en combate o un solo testimonio, luego de 40 años, para que se los condene a cadena perpetua, no importa la prueba, el grado o la función que cumplieron.

Mientras que la Cámara que juzgó a los Comandantes, le impuso a uno de ellos la pena de cuatro años y medio de prisión, cuarenta años después suboficiales de cualquier Fuerza son condenados a cadena perpetua por haber hecho guardia en una dependencia militar o policial.

¿Esto es un Estado de Derecho?; ¿es ésta la Nación que proclamó siempre, orgullosa, el imperio de la ley y la igualdad de todos sus habitantes?.

Urge terminar con la doctrina que instaló la posibilidad de juzgar a alguien por una ley no escrita, aplicada a unos y no a otros, generadora de desigualdad e inseguridad para todos.  Basta de discriminación a las FFAA y de Seguridad. Basta de persecución y exterminio por motivos ideológicos.

Sin legalidad no es posible arribar a la Justicia. 

MESA DE CONVERGENCIA REPUBLICANA