04/O9/16
Por Mauricio Ortín
En
la larga cadena de atrocidades que ha cometido la Justicia federal desde el
inicio de la era kirchnerista hasta la fecha, sin miedo al error, es posible
decir que el tribunal del juicio por crímenes de lesa humanidad que se
sustancia por estos días en la ciudad de Santiago del Estero ha franqueado
olímpicamente la valla que separa la injusticia ordinaria de la caricaturesca.
¿De cuál otra manera sino de este modo se puede calificar el hecho insólito de
que dos jueces de ese tribunal no se hayan excusado ni aceptado las
recusaciones de la defensa por su militancia en el ERP? Banda terrorista cuyo
principal y confeso objetivo fue aniquilar las FF.AA. y de Seguridad e
instaurar un gobierno totalitario marxista. Fue el gobierno justicialista de
Juan Perón e Isabel Perón el primero que, a la guerra sucia iniciada por los
subversivos, respondió con igual metodología, continuada después por el
gobierno militar. Este último adolecía de la legitimidad que dan las urnas;
mas, dicha circunstancia no convierte en buenos los crímenes perpetrados por
las bandas terroristas. Por esa época, Roberto Santucho, jefe del ERP (por
ende, de los ayer subversivos y hoy jueces del tribunal santiagueño) aseguraba
que la revolución socialista demandaría la vida de un millón de argentinos;
entre los cuales, obviamente, debían contarse a quienes por entonces resistían
a la locura genocida del ERP y que, por haber resistido, hoy son juzgados por
quienes querían eliminarlos. Es el caso de los jueces del Tribunal Oral Federal
Alicia Noli[1]
y José María Pérez Villalobos[2],
de quienes no se tiene noticia alguna de que hayan manifestado su
arrepentimiento por la aventura criminal del ERP. De allí que no sea desatinado
deducir que tanto la negación a la excusación, como el rechazo a la recusación,
obedecen al viejo y vigente objetivo setentista de aniquilar a las FF.AA.
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| Alicia Noli |
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| José María Pérez Villalobos |
Cabe
agregar que a los acusados por crímenes de lesa humanidad se les niegan
garantías constitucionales básicas tales, como: vigencia del principio de
legalidad, derechos adquiridos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida
y el derecho a un juicio justo, entre otras cosas por el mamarracho jurídico de
considerar que, en función de reconstruir la verdad histórica, las
declaraciones de los “testigos
necesarios” y/o “testigos víctimas”
presentados por las querellas deben ser considerados, a priori, veraces. Lo que
implica, necesariamente, prejuzgamiento.
Descriptos
lo hechos, la primera pregunta que asalta al espíritu es: La Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación, ese ejército de funcionarios públicos costeado
por los contribuyentes ¿qué hace ante semejante patraña? Pues nada a favor y
mucho en contra. Ello así porque además de incumplir descaradamente con su
específica misión de denunciar la violación de los derechos humanos de los
acusados y, en consecuencia, solicitar la recusación de los jueces del ERP, la
Secretaría, al presentarse como querellante, deja de amparar, de hecho, los
derechos humanos de los querellados.
Al
gobierno del presidente Macri y la gobernadora Vidal, que miles de ciudadanos,
con sus familias, sean sometidos a este calvario parece importarles
absolutamente nada. Para Durán Barba, como para los enemigos de Platón, lo
esencial de la política pasa por el rating y no por algo tan poco marketinero
como ocuparse del clamor por justicia de “genocidas”
que se pudren en las cárceles (tampoco es prudente darle motivos a Carlotto
para que se ofenda). Por otro lado, a la prensa (los editoriales de La Nación y
alguna otra excepción, aparte) cazar en el zoológico, le fascina. La iglesia de
Francisco, fiel a su estilo, contribuye con su humilde, solidario y estruendoso
silencio. Mas, si algo repugna al espíritu es la actitud de la clase política.
Los políticos, según sople el viento. En 1973, el 25 de mayo, liberaron a los
terroristas. Meses después, les enviaron la Triple A. Como no fue suficiente,
en 1975 ordenaron a las FF.AA. aniquilar a personajes como Alicia Noli y
Domingo Villalobos. Ahora, sin que se les mueva un músculo facial, promueven
que los sobrevivientes de los subversivos enjuicien a los soldados.
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| Roberto Mario Santucho, terrorista |
En
todas las provincias y municipios importantes del país existe un ministerio,
secretaría o dirección de derechos humanos. Sin embargo, al día de hoy, ni un
solo político, de ningún partido, en su calidad de presidente, gobernador,
legislador nacional o concejal del último pueblo perdido en los cerros ha dicho
esta boca es mía en el escandaloso caso de los jueces erpianos de Santiago del
Estero. Dicho con todo respeto, no provocan siquiera alguna repugnancia.
[1] La jueza María
Alicia Noli, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán, y jueza
subrogante en el TOF de Santiago del Estero que participa de los seudos juicios
por delitos de Lesa Humanidad es la esposa del desaparecido Enrique Alberto
Sánchez alias "Villita", DNI nº 10.837.794, domiciliado en San Miguel
de Tucumán y secuestrado el 14 de septiembre de 1976. Además fué testigo y
querellante en la causa por el secuestro de su marido. Fuente:
[2] Fue miembro del
ERP, (ejército revolucionario del pueblo) participo del "Cordobazo".
Hoy: actual juez, condena de forma parcial a miembros de Fuerzas Armadas y
Fuerzas de Seguridad. Fuente: http://www.saladesituacion.com/juez-maria-perez-villalobos
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