COMUNICADO DE PRENSA DEL CES - AL PERSONAL DE LAS FF.AA.

El Centro de Estudios Salta, se siente en la obligación de informar al PERSONAL DE LAS FF.AA., EN RETIRO O EN ACTIVIDAD, que corren serio riesgo de ir a prisión por su sola condición de militares.

Los fundamentos en los que el CES se basa para afirmar esto son los siguientes:

1.  Es evidente y de público conocimiento que para poder acusar, procesar y/o condenar a los oficiales, suboficiales y soldados por los llamados “crímenes de lesa humanidad” se les han violado, flagrantemente, las garantías constitucionales encuadradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Uno de los ítems que está proclamado en éste artículo es el que exige nadie puede ser “sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa.”

El principal sofisma al que han echado mano los tres poderes de la Nación para “justificar” dicha violación de la Carta Magna ha sido el de presentar a la respuesta armada y legítima en defensa del estado de derecho ordenada por un gobierno constitucional como un “Plan de Exterminio de la Población Civil” cuya responsabilidad exclusiva correspondió al colectivo de las Fuerzas Armadas. Esta falacia “jurídica” hace que, aún, a los grados más bajos de las FF.AA. o de las FF.SS. acusados por el “Plan Sistemático…” les quepa más responsabilidad que a la presidente María Estela Martínez de Perón que lo ordenó o al Juez Eugenio Zaffaronni que negaba habeas Corpus a desaparecidos.

2.  La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que preside el juez Leal De Ibarra e integran los magistrados Aldo Erico Suárez y Hebe Lilia Corchuelo de Huberman, se ha pronunciado a través de un fallo que, nuevamente, viola de manera flagrante el principio universal del derecho que reza que nadie puede ser “sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa.” (Art. 18 CN). En este caso ha declarado competente a la justicia penal ordinaria para recibir y dar curso a denuncias sobre hechos estrictamente militares sucedidos en el Teatro de Operaciones de la Guerra de Malvinas.

De negárseles el Código de Justicia Militar y, por el contrario, aplicárseles el Código Penal ordinario a los argentinos que combatieron en las islas bien podría acusárselos de “homicidio calificado” por matar soldados ingleses.

3.  Pero si para hechos acontecidos en la guerra contra la subversión y en la guerra de Malvinas los jueces niegan a los militares el código y la justicia que los ampara, nos preguntamos qué queda entonces para tiempos de paz como el presente. La respuesta única que se puede dar, de seguir adelante con estas farsas jurídicas, es que todos aquellos que se desempeñan y/o desempeñaron en las filas de las FF.AA. este fallo sienta jurisprudencia para que cualquier denuncia que un subordinado haga por presuntos malos tratos puede ser determinado como “torturas” y, por ende, configurar el delito de crimen de lesa humanidad. El superior que haya enviado a un soldado a “calabozo de campaña” (estaqueamiento) puede ir poniendo las barbas en remojo porque para los jueces civiles eso es tortura, lisa y llana. Es más, el hecho mismo de reclutar civiles, cortarles el pelo, uniformarlos y confinarlos en un cuartel en contra de su voluntad constituiría un crimen en el que estarían involucrados todos los militares.

4.  Dadas las circunstancias y tomando nota de lo sucedido con “la política de derechos humanos” de los tres poderes de la Nación, a los futuros acusados creemos pertinente observa lo siguiente:

a.  No alentar falsas expectativas respecto al servicio de justicia. Respecto a la “política de derechos humanos”, tanto los jueces y fiscales de “Justicia Legítima” como los “independientes” se comportan de la misma manera.

b.  No esperar nada de instituciones en la que sus jerarquías santifican a curas subversivos o coquetean con Hebe de Bonafini o Estela de Carlotto.

c.  No esperar nada de los políticos que inventaron el “curro de los derechos humanos”. Tampoco, del aquel que mintió cuando dijo que venía a acabar con ese “curro”.

d.  No esperar nada de los gobernadores, los intendentes y los legisladores nacionales o provinciales. Para ellos, el personal militar tiene una utilidad manifiesta cumpliendo el rol de “genocidas”.

e.  No esperar nada de una sociedad que ve impasible como héroes de Malvinas se pudren en la cárcel mientras viejos terroristas le dan cátedra de derechos humanos.

En una República donde la indignidad y la cobardía de los políticos argentinos han elegido a los militares como “los malditos” de la Patria con la obvia complicidad del resto de la sociedad que, en su indolencia e idiotez colectiva avaló la destrucción moral de una  institución que es esencial para la República no nos preguntemos como o porque llegamos a esto; decadencia moral, así se llama lo que nos pasa...