No
estamos seguro que Plaza de la Buena
Memoria sea el nombre más apropiado, ya que en nuestra modesta opinión: una
sociedad necesita conocer la historia, no solamente tener memoria y para colmo
subjetiva: mediante un relato muy bien elaborado que refleja las vivencias de
solo uno de los grupos confrontados en los años ‛70. Por su parte, la historia
no se hace con un objetivo político sino con la verdad de los hechos, las
circunstancias en que fueron cometidos y la justicia como únicos imperativos.
Aspira a la objetividad y establece los hechos con precisión.
Sería
muy oportuno y coadyuvante al objetivo enunciado por el presidente de la Nación
de “unir
a los argentinos”, que el secretario de DDHH de la Nación presente un
proyecto de ley nacional que reconozca a
las víctimas del terrorismo en la Argentina, los repare históricamente igual que a los “llamados Jóvenes Idealistas
y se disponga la construcción de un
lugar un lugar de paz, respeto,
concordia y justicia que sirva a la unión del pueblo argentino y que allí
se recuerde a cada persona que fue víctima de las antinomias que nos mantienen
en el abismo de una grieta muy profunda. Sin discriminación de ninguna especie
allí debemos recordar estar todos los que lucharon por nuestra independencia y
aquellos que cayeron en aras de la construcción -aún no terminada- de la
República Argentina -aún en construcción- nos referimos a monárquicos y antimonárquicos,
federales y unitarios, liberales y proteccionistas, peronistas y
antiperonistas, subversivos terroristas y fuerzas legales, etc. Todos ellos
contribuirán al advenimiento de una visión más exacta y más compleja del pasado
común. Ya es hora que el poder de turno
deje de llevar a visitantes ilustres a tirar flores al río, es hora de igualdad
ante la ley y la historia.
El
secretario de DDHH de la Nación y Pluralismo Cultural dispone en el país de
muchas organizaciones que pueden colaborar a cumplir con su aspiración,
mencionada en el artículo de marras, por ejemplo: AfaVitA - Asociaciòn Familiares y Amigos de Victimas del terrorismo en
Argentina, CELTYV - Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo
y sus Víctimas, las que seguramente de ser convocadas se pondrán a su
disposición.
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| Laura Ferrari asesinada por Montoneros en 1975 |
QUERIDA LAURA
Hija
querida: hace muy poquito, el 8 de
septiembre, se cumplieron 44 años de tu desaparición de mi vida. Ese día de
1975, luego de rendir un examen, el último de tu vida, salías de la facultad
cuando estalló un coche bomba armado por manos de terroristas llamados
Montoneros. Si tu muerte fuera el precio para que la paz reinara en este, tu
país, ¡claro que podría aceptarla! Pero es que aquí también se abrió una
profunda grieta salpicada de sangre fratricida que aún sigue abierta. Los
gobiernos democráticos que se sucedieron nunca han tratado la verdad que
corresponde a los horrores y terrores de los años 70[1]:
¿acaso por temor o por cobardía?
Laura,
sé que en “el más allá” tu alma sigue
lastimada al seguir escuchando las palabras justicia, memoria, no al olvido y
derechos humanos para unos y negados para vos y todas las víctimas del
terrorismo de aquellos años. Sumo a tu dolor la tristeza de mi corazón. Por
ello decidí no callar mi amargura: el papa Francisco, a quien respeto y admiro,
elegido por sus pares para representar a nuestro Dios, nos pide “perdonar, ayudar, proteger y amarnos los
unos a los otros”, hermosas palabras en su prédica, pero dudo de su
cumplimiento. Una carta que le envié en julio de 2013 fue respondida desde
Buenos Aires por alguien en su representación sin mencionar mi nombre y, peor
aún, sin dedicar un QEPD para ti, Laura querida. Jamás Francisco le ha dado una
entrevista privada a la doctora Victoria Villarruel, presidenta de Celtyv, que
te representa, como a todas las demás víctimas del terrorismo. Víctimas son
víctimas. Por eso te pido que desde el más allá inspires a nuestro Pontífice,
desprovisto de cualquier política, para ayudar a este, su país, a encontrar el
manto de paz que necesita. Si así no lo hiciera o hiciese, será Dios quien se
lo demande.
Te
amo y te extraño. Tu mamá.
Lorenza Ferrari
DNI
93.452.586
NOTA:
Las imágenes, enlaces, referencias y destacados no corresponden a la nota
original.
[1] El
13 de diciembre de 1983, el presidente Alfonsín y sus ministros firmaron el decreto 157/83, por el cual se
declaraba la necesidad de promover la prosecución penal contra integrantes de grupos violentos, entre
ellos varios pertenecientes a “Montoneros”, por los delitos de
homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología
del crimen y otros atentados contra el orden público.
El 15 de diciembre de 1983, Alfonsín sancionó el decreto 158/83 que ordenó someter a juicio sumario a nueve
militares de las tres armas que integraron las
Juntas que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976
hasta la Guerra de las Malvinas en 1982.
Ambas dirigencias recibieron distintas sentencias y los condenados
fueron a prisión efectiva.
Se conoce como los indultos de Menem
una serie de diez decretos sancionados el 7 de octubre de 1989 y el 30 de
diciembre de 1990 por el entonces presidente
de la Argentina Carlos Menem, indultando civiles y militares que cometieron
crímenes durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional incluyendo a los miembros de las
juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, al procesado ministro de
Economía José Alfredo Martínez de Hoz y los
líderes de las organizaciones guerrilleras. Mediante estos decretos fueron indultadas más de mil doscientas personas.
Las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final (promulgadas por el
presidente Raúl Alfonsín) fueron anuladas por una ley promulgada por Néstor Kirchner el 2 de septiembre de 2003.
Dos años después, el 14 de junio de 2005, en una decisión histórica, la Corte Suprema declaró
inconstitucionales estas leyes, lo que permitió que cientos de civiles y
militares, cuyos enjuiciamientos se interrumpieron en 1986, sean juzgados.
El 15 de junio de 2006 la Cámara
de Casación Penal, máximo tribunal penal de la Argentina, consideró que los indultos concedidos en
delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales.
El 31 de agosto de 2010 la Corte
Suprema de Justicia confirmó sentencias de tribunales inferiores, dictando
que los indultos no fueron constitucionales y las condenas que anularon debían
ser cumplidas.
En definitiva los dirigentes terroristas –que habían declarado la guerra
revolucionaria en forma unilateral y que asesinaron a miles de argentinos-
quedaron libres e impunes.
En esa época se inició una clara discriminación jurídica, se ignoraron
principios elementales del derecho nacional e internacional y se profundizó la
grieta más terrible representada por la desiguladad ante la ley. Tema aún
pendiente y a resolver por la dirigencia política de la República Argentina.
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