Es demasiado evidente que un sector de la población no
quiere la concordia en el país, la idea que entre ellos prevalece no es la de
la justicia… por el contrario es la venganza aplicada, a los sobrevivientes de
las Fuerzas Legales que combatieron al terrorismo internacional en guerra
revolucionaria de los años ’70, a través de una justicia prevaricadora. La que
cada día también pone en evidencia su travestismo político, con las últimas
decisiones en beneficio de la runfla de ladrones que vaciaron las arcas del
estado entre los años 2003 a 2015.
La solución de ese conflicto tampoco fue encarada con
firmeza por el actual gobierno, por el contrario se ejerció un continuismo de
la llamada política nacional de derechos humanos.
Ambos gobiernos de aparente signo ideológico distinto
permitieron que se tergiversara la historia, la justicia se basara en un
lamentable y falaz relato de un solo sector y se
cometieron verdaderas irregularidades jurídicas que merecen ser auditadas. La historia fue dejada de lado y el contexto de la mensionada guerra tambien... un lamentable error de los líderes políticos que supimos conseguir. Como expresara recientemente Monseñor Santiago Olivera:
En
2008 jueces, legisladores y organizaciones de DD.HH. repudiaron el fallo de la
Cámara de Casación que dispuso la excarcelación de imputados por delitos
denominados de lesa humanidad que superaban los cinco años de detención sin
sentencia. Cristina Fernández calificó ese fallo como un episodio que
avergüenza a la Argentina y a la humanidad, y el entonces secretario de
Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, pidió el juicio político de esos jueces.
Desde que comenzaron las causas por corrupción se formulan críticas sobre el
uso abusivo de la prisión preventiva, recordando que es una medida excepcional
porque se priva de libertad a quien aún conserva su estado de inocencia, que
recién se pierde cuando la condena queda firme. Bienvenido sea que empecemos a
sacar de la oscuridad adonde fueron arrojados, desde que se reabrieron las
causas por los llamados delitos de lesa humanidad, los principios que sostienen
todo el orden jurídico. Pero les pregunto a aquellos que hoy se rasgan las
vestiduras: ¿por qué siguen callando y nada dicen respecto de aquellos que por
hechos ocurridos en los años 70 padecen prisiones preventivas que llegan a los
diez años? Es hora de rescatar también del lodazal adonde fue expulsado, entre
otros, el principio de igualdad ante la ley.
María
Laura Olea
DNI 13.968.163
DNI 13.968.163
NOTA:
Las imágenes, referencia, enlaces y destacados no corresponden a la nota
original.
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