LA REFORMA JUDICIAL Y SUS REFORMADORES

por Mauricio Ortín

El proyecto de reforma judicial kirchnerista aprobado por el Senado revela que también, aunque bastardo, es hijo de la oposición. La actual “justicia argentina”, esa que, todos coinciden, se debe mejorar, no es algo que cayó del cielo o nació de un repollo. De allí que la oposición, la que durante años ha ayudado a incubar el huevo de la serpiente en la justicia, no deba sorprenderse ahora de no encontrar un cisne.

Néstor Kirchner

La destrucción de la justicia no comienza con la creación de la Corte de la “mayoría automática” como muchos alegan sino, por el contrario, con la destitución de dicha Corte. Fue Néstor Kirchner quien, después de (bajo amenaza de destitución) hacer renunciar a los jueces de la Corte, dejó bien claro a la totalidad de los jueces federales cuántos pares son tres zapatos en el poder judicial de la Nación.

Un despótico y típico golpe de estado civil. Golpe a la Corte que, a su vez, tuvo un primer intento fallido, el dado por el golpista Eduardo Duhalde (con De la Rúa le fue mejor). Semejante traición al Estado de derecho, paradójicamente, fue celebrada por la oposición política casi como una victoria propia.

El ex juez de la Corte, Dr. Adolfo Vázquez, en su libro “Asalto a la Justicia” y en el documental “Será Venganza”, producido por el CES, cuenta con lujo de detalles los pormenores de ese hecho patotero. Entre otras cosas, dice que Kirchner, a cambio de la permanencia en sus cargos exigió a los magistrados de la Corte dos fallos: a) que se avengan a convalidar la estafa que Duhalde había hecho a los que tenían dólares en los bancos devolviéndoles pesos y b) que dicten un fallo violatorio de la Constitución y los principios universales del derecho que permita perseguir a civiles y a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que hubieran participado en la guerra contra la subversión.

El actual presidente Alberto Fernández en un reportaje que le hace Nelson Castro confirma los dichos del juez Vázquez. Vale la pena reparar que, mientras Vázquez se refiere al hecho como un crimen flagrante -inadmisible en un gobernante demócrata-, Alberto Fernández lo recuerda como si se tratara de un acontecimiento que concede dignidad a quien lo produce.

Se trataba nada menos que de la convalidación de la monumental estafa a los ahorristas argentinos hecha por los políticos, los verdaderos estafadores, y la futura burda e inconstitucional persecución judicial a los militares que enfrentaron a la subversión marxista. Ese era el precio que había que pagar para permanecer o para aspirar a un cargo en la Corte, con la honrosa excepción del honorable juez Carlos Fayt, quien mantuvo su posición en contra y conservó el cargo.

Dr. Adolfo Vázquez

Ese fue el verdadero huevo de la serpiente al que casi todos los políticos avalaron y avalan. De allí también, la “política de estado de derechos humanos” que llevan adelante los tres poderes de la Nación desde el año 2001; verdadero emblema de la demolición sistemática de los principios universales del derecho en la Argentina.

La violación de la de irretroactividad de la ley penal, de la cosa juzgada y del juez natural a los acusados de lesa humanidad no es otra cosa que la aplicación del “derecho penal del enemigo”.

La figura del “Plan Sistemático de exterminio de la Población Civil” bajo la cual se incluye a los que combatieron a la subversión marxista no resiste el análisis. Ello porque, con fórceps, se pretende establecer que dicho plan sistemático se inició el 24 de marzo de 1976, ocultando, burdamente, que fue el gobierno constitucional el que inició la represión, tanto la legal como la ilegal, y también, que como lo sostiene el fallo de la causa 13 (Juicio a las Juntas), se trató de una guerra revolucionaria iniciada por las bandas terroristas (ERP y Montoneros) en la que el Estado cumplió con su deber de reprimir (se podrá discutir la forma en que en algunos casos se reprimió, mas no la necesidad de reprimir).

Dr. Alberto Fernández

Lo descripto aquí en forma simple, quizá desprolija y apurada, no es otra cosa que la destrucción de la justicia argentina durante un régimen democrático. Ello, porque dicha institución tiene razón de ser en sus actos más que en sus edificios. El diseño y la aplicación de una política sistemática de persecución, ajena a la ley, contra un colectivo de ciudadanos, solo puede entenderse como la negación de la principal función del Estado: garantizar la justicia.

La clase política (con las excepciones de rigor), y no sólo ella, ha sido y es cómplice de esta felonía. El actual proyecto de reforma judicial kirchnerista es posible porque el vejamen anterior fue tolerado y hasta auspiciado por los que debían impedirlo.

No obstante y de cualquier manera es para celebrar el que, la oposición, haga el intento de detener la nueva embestida. Los responsables de esta justicia decadente quieren ser parte de su redención. Pues, entonces comiencen por hacer algo ya por los miles de inocentes -policías y militares- que se pudren en las cárceles mientras ustedes gozan de sus privilegios e intocables y jugosos sueldos.

Mauricio Ortín es miembro del Centro de Estudios Salta