30/09/2020
Por Mauricio Ortín
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| María Estela Martínez de Perón e Ítalo Argentino Lúder |
En una acción de guerra espectacular, el 5 de octubre de 1975 el Ejército Montonero atacó al gobierno justicialista presidido por María Martínez de Perón. Con el secuestro previo de un avión de línea y la toma del aeropuerto del Pucú, hacia las cuatro y media de la tarde unos 70 guerrilleros entraron a sangre y fuego al cuartel del RIM 29 de la ciudad de Formosa. Los objetivos eran hacerse de armas, debilitar la autoridad del gobierno nacional y ostentar su fuerza para tomar el poder del Estado.
En la defensa del cuartel, las fuerzas legales perdieron a doce militares y a un policía. Los Montoneros acusaron nueve bajas; entre ellos el soldado entregador Luis Roberto Mayol. Tres civiles, ajenos al hecho, también fueron muertos. Los asaltantes fracasaron en su objetivo de hacerse de armas; a cambio, tuvieron un estridente éxito mediático. Al día siguiente, la “mojada de oreja” al gobierno peronista fue portada de todos los diarios del mundo. Como era previsible, presidente provisional, Ítalo Luder[1], reaccionó a la bestial provocación “saliendo con los tapones de punta”. Dictó los llamados “Decretos de aniquilamiento” (2771/75 y 2772/75); en los cuales se extendía a todo el país la orden de «aniquilar el accionar de los elementos subversivos»; ampliando así lo que el Decreto sobre el Operativo Independencia (otra reacción bélica genuinamente peronista) establecía solo para la provincia de Tucumán. La represión del gobierno peronista así acusaba un giro drástico. En lugar de servirse, como hasta entonces, de la banda paramilitar Triple A para eliminar a los Montoneros y el ERP, recurría ahora a las fuerzas legales. El combate del 5 de octubre de 1975 se dio en el marco de la guerra en la que se enfrentaron el gobierno constitucional, por un lado, y las bandas subversivas, por el otro. Nunca se trató de un conflicto entre “demonios” militares y “demonios” guerrilleros, como se quiere hacer a parecer negando los hechos. Para nada. Los soldados conscriptos Antonio Arrieta, Heriberto Ávalos, José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Sosa, Marcelino Torales, Alberto Villalba y Hermindo “Negro” Luna, como así también el subteniente Ricardo Massaferro, el sargento Víctor Sanabria y el policía Argentino Alegre, murieron defendiendo el gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón y la democracia. Los subversivos, en cambio, arriesgaron y/ o perdieron sus vidas por el régimen totalitario-marxista que querían imponer. Los hechos cantan y son incontrovertibles para los que vivieron o conocen la historia. No así para aquellos que, con fines inconfesables, continúan envenenándola con la mentira.Los negacionistas
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| María Seoane |
Ya
en el año 1983, con la entrega pacífica del poder de los militares a los
políticos, comenzó la tergiversación de los “años de plomo”, los ’70.
Sorprendentemente, la represión -legal o ilegal- a las bandas subversivas podía
ser mal vista o bien vista según la fecha en que esta ocurrió. Así, por
ejemplo, los presidentes, de facto, Videla, Viola, Galtieri y Bignone fueron
calificados de genocidas y criminales de lesa humanidad mientras que, los
firmantes de los decretos de aniquilamiento y/ o creadores de la Triple A, los
presidentes constitucionales Juan Domingo Perón, María Martínez de Perón e
Ítalo Lúder quedaron asimilados a las víctimas (al igual que los subversivos)
de los militares. En este sentido, el de exculpar a los peronistas, la historiadora
María Seoane[2]
lanzó una afirmación que hizo escuela: «el verdadero gabinete de Luder pasó a ser
el triunvirato militar de Videla, Massera y Fautario…”; luego, los
militares manipularon a Luder. Así, no queda más que concluir que el
prestigioso constitucionalista, Ítalo Lúder, quién fuera diputado nacional,
senador nacional, presidente de la Cámara de Senadores de la Nación,
convencional constituyente, ministro de Defensa y embajador en Francia y luego
candidato a presidente en 1983, era un pelele (¿José López Rega habrá sido,
otro? ¿Perón?) Esta versión angélica de
los líderes peronistas, como hipótesis de trabajo de un historiador, puede que
tenga utilidad a la hora contrastar los hechos con el absurdo. Ahora bien,
cuando esta versión estrictamente falsa es tomada por verdad indiscutible por
aquellos que deben impartir justicia, el estado de derecho, la libertad y la
propiedad de las personas, está en el horno. Ello porque, en los juicios de
lesa humanidad que se vienen efectuando desde la asunción a la presidencia de
Néstor Kirchner, los fiscales y los jueces federales dan por sentado de que las
Fuerzas Armadas y de Seguridad implementaron un “Plan Sistemático de exterminio de la Población Civil” en la
Argentina (léase, un genocidio) a partir de las 0:00 Hs. del 24 de marzo de
1976. Es decir, ocultan cobardemente que los responsables de dicho plan “genocida” fueron, ni más ni menos, que
las autoridades elegidas por el voto popular ¡Están los decretos firmados! Es
que si, verdaderamente, hubiera sido un “Plan
de Exterminio de la Población Civil”, el Partido Justicialista, por “genocida” (como el nazi) debiera estar
prohibido por ley y el escudo partidario debiera ser tan repudiado como la
esvástica. La declaración del Operativo Independencia como acto genocida
ilustra la felonía judicial. Ello
porque en el decreto del aniquilamiento de la subversión en Tucumán está
firmado por la presidente María Estela Martínez de Perón y todo su gabinete.
Así y todo, los jueces y fiscales nos quieren hacer creer que por esa época
revistaban como simples agentes de policía, cabos de ejército u oficiales
modernos que fueron enviados al frente de combate, conocían y actuaban en
función del “Plan Sistemático de
Exterminio de la Población Civil” mientras que los funcionarios que
ordenaron y firmaron dicho Plan no sabían nada. Ahí están siendo perseguidos
esos policías y militares, con años de prisión preventiva, por el fiscal Pablo
Camuñas y los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y José Quiroga
Uriburu para regocijo de los políticos que los enviaron allí. Párrafo aparte
para el Juez Federal de Tucumán Dr. Daniel Bejas, quién en su fallo, sostiene: “el Operativo Independencia se cometió un
genocidio” ¡Pues que espera entonces para acusar al partido peronista de
genocida! ¿Influirá en Bejas, el hecho de que antes de ser juez se haya
desempeñado como apoderado legal del partido justicialista de su provincia? Por
cierto, casi todos los jueces federales que están en servicio fueron nombrados
por una mayoría de senadores peronistas. Otro tanto, los fiscales. Por otro
lado, resulta absurdo que las Secretarías de Derechos Humanos, la nacional y la
de la provincia de Tucumán, actúen como querellantes representando al poder del
Estado y al partido político que cometió el “genocidio”.
Deberían ocupar las sillas de los querellados.
El
5 de Octubre, el día que doce soldados entregaron su vida defendiendo un
gobierno peronista, ha sido elegido por los que de verdad reclaman justicia en
la Argentina como el Día Nacional de Homenaje a las Víctimas por el Terrorismo.
El peronismo, increíblemente, oculta a los que se jugaron por ellos y
reivindica a los atacantes. Hace apenas unas semanas el ministro de Defensa, el
peronista Agustín
Rossi, le ordenó al jefe del Ejército borrar un modestísimo twitter en los que
homenajeaba al Sbte Berdina y al soldado Maldonado, (muertos por el ERP en
el año 1975)
¡Ni
un mísero twitter de dos líneas!
Así pagan…
NOTA:
Las imágenes, referencia, enlaces y destacados no corresponden a la nota
original.
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