lunes, 9 de marzo de 2015

ABSOLUTA E IMPUTADA


"Sin embargo, los moderados siempre parecían
fiarse más de las esperanzas que de los hechos".
Ken Follet

Desde que el Juez Rafecas hizo su lindo regalo de cumpleaños a la noble viuda y firmó la resolución rechazando el pedido del Fiscal Pollicita de investigar la denuncia de Nisman por encubrimiento de los iraníes, se instaló en la Argentina una curiosa discusión. Una parte de la opinión pública quiere que la Justicia avance rápidamente y castigue ya mismo a los corruptos y a los traidores a la Patria.

Otra aplaudió la decisión, ya que habría evitado que la Presidente cometiera una locura -¿una intervención al Poder Judicial?- en su discurso del 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa; de todas maneras, esa previsible vocación demencial asomó cuando los carteles en las bancas de la oposición, referidos al atentado en la AMIA, hicieron que saltaran las llaves térmicas del cerebro de Cristina y ésta comenzó a lanzar sapos y culebras sobre todos lo que no forman parte de su micromundo de aplaudidores compulsivos.

Por supuesto, la apelación terminó con la alegría de Olivos y volvió a alterar esa pseudo calma, dando motivo a la vergonzosa y falaz solicitada, firmada por la Presidencia de la República Argentina, publicada el miércoles en todos los diarios locales -y, ahora, en algunos del exterior-, que nos informó que todavía es posible alguna maniobra del Poder Ejecutivo contra el Judicial. Pero lo que hizo volar por el aire todas las "verdades" que el Gobierno intentaba instalar fue la conferencia de prensa en la cual la Juez Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman y madre de sus hijas, leyó parte de la pericia efectuada sobre el cadáver por sus peritos, sumamente prestigiosos por cierto; las enormes y escandalosas diferencias que surgen entre este documento y el que presentaron los expertos oficiales incrementan las sospechas de la sociedad, que atribuye el crimen a esferas ligadas al poder.

Ya la denuncia impulsada por Pollicita se encuentra a estudio de la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal, compuesta por los jueces Farah, Freiler y Ballestero. Los tres tienen antiguos antecedentes de ser harto receptivos a los deseos del Gobierno, pero recientemente -hay que recordar que los jueces federales nunca se venden, sólo se alquilan- han dictado fallos muy irritantes (la inconstitucionalidad del memorandum con Irán, por ejemplo) para la Casa Rosada. Tal vez, ahora opten, en aras de evitar nuevas locuras de Cristina, por demorar la resolución hasta que la suerte ya esté jugada.

Desde el asesinato del Fiscal, cuatro días después de hacer pública su denuncia contra la señora de Kirchner, su Canciller y algunos corifeos de baja estofa, y sólo uno antes de su prevista presentación ante el Congreso, desde la Casa de Gobierno se ha montó una gigantesca operación que, además de calificar sucesivamente al muerto de loco, depresivo, homosexual, heterosexual promiscuo y alcohólico, lo incorporó, junto a todos los magistrados que ahora se atreven a investigar a quienes ejercen el poder -el imaginado "Partido Judicial", encabezado por el "General" Lorenzetti- al imaginado club de destituyentes y golpistas. Esa actitud deja claro que Cristina, obviamente, no se detendrá ante nada en defensa de su libertad, la de sus hijos y la fortuna familiar construida, con tanto esfuerzo, sobre la miseria y el hambre de tantos argentinos. Tal vez las más claras demostraciones de cuanto digo fue aportada por el mismo ¿Frente para la Qué? bajo el lema "La democracia no se imputa".

La pretensión no hace más que ratificar que, para la Presidente, existe una identificación total entre su persona y el Estado, que la pone por encima de la Constitución y de la ley que nos rige a los demás; olvida así que esa concepción absolutista del poder fue limitada en Inglaterra en 1215, guillotinada en París en 1793, asesinada en Ekaterimburgo en 1918, colgada en Milán y suicidada en Berlín en 1945 y fumigada en Moscú en 1956.

Con todo, el fondo de la cuestión sigue sin explicación alguna: ¿por qué negó el Gobierno, durante dos años, las negociaciones con Irán, develadas por el denostado Pepe Eliaschev?, ¿qué buscaba Cristina cuando envió a Timerman a firmar el memorandum y acordar la constitución de una "comisión de la verdad" para ceder la soberanía y revisar, conjuntamente con ese país, señalado como potencia agresora y responsable, la investigación del atentado en la AMIA?, ¿ignoraba que el Presidente de entonces, Ahmadineyad, perdería inmediatamente las elecciones y sería reemplazado por otro que no tendría ningún interés en firmar el adefesio?, ¿pretendía jugar en el gran tablero geopolítico y transformarse en valedora de Irán ante el mundo occidental?, ¿intentaba romper el bloqueo atómico que aún rige para ese país? Demasiadas preguntas, y ninguna respuesta.

El 28 de junio de 1914, el Archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono, fue asesinado en Sarajevo. El Imperio austro-húngaro envió un ultimátum a Serbia, uno de cuyos puntos exigía que la investigación del atentado se hiciera bajo la supervisión de Viena; el país balcánico se negó por considerarlo una violación de su soberanía y, a los pocos días, fue invadido y comenzó la Primera Guerra Mundial. En Argentina, en cambio, no solamente no parece importar demasiado acordar que el país acusado revise la investigación de la Justicia nacional, sino que estamos dispuestos a ceder territorio a una potencia extranjera y ponerlo bajo sus leyes -la base científico-militar china- sin que a nadie se le mueva un pelo. ¿Pensó usted qué hubiera pasado si se hubiera permitido un establecimiento similar a los Estados Unidos? 

Después del discurso de Lorenzetti el martes, y de la marcha del 18F, los jueces saben que tienen todo el respaldo, institucional y civil, para avanzar en las investigaciones; Bonadío y varios magistrados más seguirán cubriendo de negros nubarrones los cielos de Olivos y la psiquis de su actual ocupante sufrirá nuevos embates. Por lo demás, poco tiempo después del cambio de inquilino en la Casa Rosada, cuando quiera que esto suceda, algunas de las sentencias dictadas en esta época (por ejemplo, las de Oyarbide, en especial aquéllas en las que sobreseyó a los Kirchner por enriquecimiento ilícito sin investigación alguna) que están firmes pero son fraudulentas, serán revisadas por tratarse de "cosas juzgadas írritas", como nos enseñan Morgenstern y Orce en un libro de reciente aparición y ya agotado.

Estamos a pocos días del otoño y, con él, comenzará el calendario electoral que, sucesivamente, mostrará cuánto se ha reducido el caudal de votos del oficialismo, provincia por provincia. Si esos números son tan significativos como hoy resulta previsible, la cuenta regresiva hacia el abismo penal empezará a correr contra Cristina; sabremos entonces si nuestras esperanzas en favor de una transición en paz se concretaron o si, por el contrario, nos espera un infierno de violencia, derivado de los hechos de la Presidente y su entorno e iniciado con el magnicidio de Nisman.

Bs.As., 8 Mar 15

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

domingo, 8 de marzo de 2015

FALLECIÓ OTRO PRESO POLÍTICO


Estimados Amigos:

A través de la Unión de Promociones hemos tomado conocimiento que el día jueves 12 de febrero de 2015 falleció el señor Suboficial Mayor (R) Octavio Tomás MÉNDEZ (Prefectura Naval Argentina), quién se encontraba injustamente detenido como  Preso Político.

Con él, son 286 (doscientos ochenta y seis) los Camaradas fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, Penitenciarias y civiles; en el marco de este proceso de persecución, teñido de incontables irregularidades jurídicas y sistemática venganza, propias de una justicia prevaricadora.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, allegados, compañeros y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

Dadas las avanzadas edades y estados de salud de los Presos Políticos en la Argentina, estas lamentables noticias son cada vez más seguidas. Una vez más levantamos nuestra voz hacia el poder de turno, no pueden continuar con esta matanza selectiva… es su obligación como presidente de todos los argentinos garantizar el debido proceso, la igualdad ante la ley, brindar asistencia sanitaria adecuada y por sobre todo lograr la unión de la sociedad para superar las antinomias que después de casi 205 años aún nos mantienen divididos. Es hora de sin odios, ni venganzas, es hora de una mirada superadora.

Por tal circunstancia, adherimos a la reiterada convocatoria de la Unión de Promociones a todos los integrantes de las distintas Fuerzas, a las distintas ONG e Instituciones vinculadas o afines, a familiares, amigos y allegados en general, a sumarse y trabajar en apoyo de todos quienes deben enfrentar esta injusta situación, a fin de afirmar y fortalecer el planteo de los justos reclamos por acceder a una justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva, a través del irrestricto respeto por la Constitución Nacional.

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva
por una Nueva Década en Paz y para Siempre

sábado, 7 de marzo de 2015

PRE-EDICIÓN DE LA PELÍCULA DOCUMENTAL: "LA ESCUELITA DE MANCHALÁ"

Antes de ayer en la ciudad de Salta se hizo la primera proyección de una pre-edición del documental "La Escuelita de Manchalá" con la presencia de su director: Sandro Rojas Filártiga, ex-combatientes de Manchalá y miembros del Centro De Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta.

Falta terminar de cubrir costos, cualquier donación es aceptada. Comunicarse con nosotros en caso de querer ayudar.

Palabras del director: "La primera vez que exhibo lo editado hasta el momento (un 70%del documental aprox.) ante 20 salteños convocados especialmente. Expectativa por la opinión de ellos al concluir lo proyectado."

Recordamos: en la Feria del Libro a llevarse a cabo en la ciudad de Buenos Aires en Abril de 2015, se hará una presentación de un corto del documental, con la presencia de ex-combatientes, su director y otras personalidades, donde habrán además algunas actividades. Luego el 28 de Mayo, al cumplirse los 40 años del enfrentamiento, se llevará a cabo la presentación oficial en la ciudad de Salta.

Muchas Gracias












"Centro de Estudios
en Historia, Política
y Derechos Humanos"
Facebook: Centro De Estudios Salta

Salta - República Argentina

¿POR QUÉ NUESTROS JUBILADOS DEBEN COBRAR EL 82% MÓVIL?

Por: Alicia Terada

Esta semana volví a presentar en la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley para que nuestros jubilados cobren el 82% móvil. Lo hice reiterando el mismo proyecto presentado por la ex Diputada, también de la Coalición Cívica-ARI, Fernanda Reyes.
Básicamente el proyecto obliga al Estado a ajustar semestralmente los haberes, como lo marca la ley de movilidad jubilatoria, para que estos alcancen el 82% del salario mínimo, vital y móvil.


Reiteramos este pedido porque hace cinco años la Presidenta de la Nación vetó la ley, sancionada por el parlamento, que garantizaba ese derecho constitucional a todo el sector pasivo. Los argumentos que usó el gobierno nacional en ese momento intentaron demostrar de modo irresponsablemente exagerado y alarmante, que se trataba de “la ley que llevaría a la quiebra al sistema previsional de reparto”.


Hoy siguen con el mismo libreto pero las mentiras están quedando expuestas. Hace unos días la propia presidenta se mostraba alegre inaugurando la central nuclear de Atucha por cadena nacional obviando en su discurso que gran parte de los fondos para financiar semejante obra provenían de la ANSES, la caja “todo servicio”, según la consideración del oficialismo que echó mano a ella varias veces para financiar viviendas u obra pública a municipios afines al gobierno y también para sostener bonos que le permiten, cada tanto, tapar el déficit fiscal real. Solo hasta el año pasado el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES debió oficiar como sostenedor de bonos Discount por un total de más de dos mil millones de dólares para cubrir problemas fiscales.


En ese sentido observamos también que durante el 2014 se fijaron $28.000 millones para préstamos al tesoro nacional que cambia “promesas de pago” por plata fresca de los jubilados. Pero en realidad nunca terminamos de saber bien qué van a hacer con los fondos de la ANSES, es imposible anticiparse porque no brindan información precisa. Un trabajo presentado por la AGN en el 2013 titulado El Control Público en la Argentina, realidades y perspectivas señalaba que la ANSES no brinda la información necesaria para que los organismos de control puedan realizar su trabajo y  que, fuera del financiamiento específico de gastos que corresponde a los fondos previsionales de acuerdo a la normativa vigente, la ANSES financió, solo en el 2013, casi 50.000 millones de pesos a otras áreas del gobierno, como la creciente y aparatosa publicidad oficial, quizás la peor utilización que se le pueda dar al dinero de los jubilados.


Cuesta entender por qué, para el gobierno, mejorar la vida de nuestros adultos mayores asignándoles una mejor remuneración con fondos específicos como son los de la ANSES, pone en peligro de quiebra a esta institución y usar los mismos para obras, publicidad e inversiones financieras, que nada tienen que ver con el sector previsional, no. Sobre todo  si tenemos en cuenta que hoy  la inflación real hace que sea necesario que el estado atienda la grave realidad de los haberes jubilatorios porque una remuneración media  se encuentra apenas rondando 40% del haber mínimo del sector activo y la jubilación mínima no alcanza ni quiera a cubrir el 50% de la canasta familiar.


Por todo esto creemos que para impedir que en el futuro nos lamentemos de ver vaciadas las arcas previsionales en políticas y proyectos ajenos al sector, lo mejor sería que el congreso nacional sancione nuevamente la ley del 82% móvil, que ese dinero sea ahora y para siempre para los jubilados y de esa manera asegurarnos que ni éste, ni futuros gobiernos, puedan verse tentados a tomar estos fondos que, en definitiva, se recaudan y existen para garantizarles a nuestros adultos mayores la mejor calidad de vida. Como no tenemos dudas de que la caja previsional corre un mayor peligro de quebrar en la medida que se utilicen sus fondos discrecionalmente y de modo arbitrario para cualquier destino, es que estamos convencidos que los jubilados deben cobrar hoy y siempre el 82% móvil.


NOTA: Las imágenes no corresponden a la nota original.

JUBILADOS: LA CORTE LE RESPONDIÓ A CRISTINA

Movilidad

La Justicia recordó la falta de ajustes en los haberes

Por Silvia Stang  | LA NACION
  
Con un infome de tres páginas elaborado por la titular de la Secretaría Judicial N° 2, Mónica Zito, la Corte Suprema le respondió a la presidenta Cristina Kirchner por sus dichos respecto del índice de movilidad previsional. En el discurso que dio en el Congreso el domingo pasado, la mandataria pretendió comparar -usando un tono desafiante- el índice fijado por la ley 26.417, de 2009, con un criterio de actualización que los jueces fijaron en 2007, pero no con ánimo de legislar, sino frente a la total falta de respuestas por parte del Gobierno para subsanar la pérdida de poder adquisitivo que habían sufrido miles de jubilados.


Durante varios años y pese a la inflación, sólo se recompuso el haber mínimo. Eso provocó que el alza de precios dejara una caída del valor real de los haberes que, en muchos casos, llegó al 40%.

El escrito del Poder Judicial recuerda que la sentencia conocida como “Badaro 1”, de 2006, consideró que, con esa política, no se cumplían garantías constitucionales; por eso, se ordenó aprobar un sistema de movilidad. Y agrega que “transcurrido un plazo razonable” (un año y medio), como esa ley no había llegado, la Corte dispuso, en la misma causa de Badaro, que los ingresos recibieran, por el período de 2002 a 2006, un ajuste según la variación que había tenido un índice oficial de salarios.


Ese fallo garantizó una suba, por los años mencionados, de 88,5%, mientras que a quienes cobraban más de $ 1000, el Gobierno sólo les había dado un 11 por ciento. “La Corte no eligió ese indicador porque fuera el que permitía un aumento mayor ni porque lo considerara más representativo (...) . Fue sólo la respuesta al reclamo planteado en la causa”, dice el escrito judicial. Además, se marca un error en las cifras dadas, ya que entre 2009 y 2014 la movilidad fue de 368% y no de 454% como marcó el discurso (el índice Badaro dio 291%, según la Presidenta).


Pero la comparación no tiene sentido, porque la Corte no se propuso legislar, sino dar la respuesta que los jubilados afectados por aquella falta de ajustes, aún no tuvieron, al día de hoy, por parte del Gobierno (quienes quieren obtener los reajustes deben recurrir a la Justicia).



NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

EL DERECHO DE UNO, EMPIEZA DONDE TERMINA EL DE LOS DEMÁS

Esta certera frase, atribuída al célebre jurisconsulto romano Ulpiano[1], debería constituir por estos días una verdadera regla de convivencia social.

A poco que la analicemos será fácil advertir como todos tenemos derechos y así entonces es fundamental que esos derechos tengan límites claros y no permitan la invasión de un derecho sobre el otro.

Pero yendo al motivo que causa esta nota, diremos preliminarmente y para contextuarla, que el derecho a la tranquilidad y la libre circulación en todo el territorio nacional, ya no son patrimonio de la sociedad, movimientos "piqueteros" alentados desde el poder de turno -la mayoría de las veces- han convertido en un verdadero caos el tránsito vehicular y de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y en menor medida en rutas y ciudades del interior.


Especialmente en la Capital Federal y sus accesos, podemos asegurar que, con una frecuencia casi diaria, diversos “piquetes” cortan avenidas, autopistas y calles para protestar por cualquier cosa. En estos años de la “dékada perdida” se han perdido innumerables vidas a consecuencias de un estado ausente que deja una zona liberada para no reprimir y defender el derecho a circular que tiene la mayoría de la población.

Formulamos votos para que el gobierno, que asuma el ya próximo 10 de diciembre de 2015, adopte las medidas necesarias para que se respete el derecho a la libre circulación y el derecho a reclamar legítimamente ante sus autoridades, deben armonizarse esos dos derechos para que los de un sector no invadan los derechos del resto.

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva
por una Nueva Década en Paz y para Siempre


DERECHO A LA PROTESTA, BLOQUEOS HOMICIDAS Y VÍCTIMAS SILENTES

Por Carlos Sabino

5 marzo de 2015




“En Guatemala, un bebé murió porque la ambulancia no llegó a tiempo a su casa a causa de una manifestación”. Es un hecho común en todo el continente

Bloqueos viales en Guatemala son constantes:
producen ingentes (y casi nunca calculados)
daños a personas, patrimonio e infraestructuras
(Gobernación de Retalhuleu)

La noticia fue poco destacada por los medios guatemaltecos y no llegó al ámbito internacional. El pasado 13 de febrero, se produjo un hecho que tendría que llevar a la reflexión a todos esos “luchadores sociales” que se muestran activos en los países de América Latina: un recién nacido murió porque simplemente no pudo recibir asistencia médica. La causa: un bloqueo de carreteras en el interior de Guatemala.

Prensa Libre, uno de los diarios de mayor circulación de ese país, reportó que pobladores del departamento de Suchitepéquez que exigían la reparación de una carretera y la estatización de la electricidad, algunos de ellos ebrios, bloquearon el camino a la altura del km. 168, e impidieron el paso a una ambulancia que iba a asistir a una mujer que estaba dando a luz.

El vehículo logró llegar, tomando desvíos, a la aldea donde se encontraba la parturienta pero, cuando se dirigía de regreso “hacia el hospital de Mazatenango, el grupo nuevamente los detuvo. Por ello buscaron una ruta alterna pero el bebé necesitaba oxígeno y debido al atraso murió en la ambulancia”.

No se trató de un hecho aislado, aunque las consecuencias fatales –como la comentada–, no siempre se producen. Pocos días después, el 23 de ese mes, varios grupos que pertenecen a organizaciones supuestamente campesinas, como el Codeca (Comité de Desarrollo Campesino) y la Conic (Coordinadora de Organizaciones Campesinas) bloquearon todas las carreteras principales de Guatemala produciendo la virtual paralización del país.

Sus reclamos eran semejantes a los del caso relatado y su actitud en general muy agresiva hacia los transeúntes que pretendían pasar. Nada concreto hizo el Gobierno del país, que permaneció pasivo mientras sus habitantes se desesperaban al ver denegado en la práctica su derecho al libre tránsito.

Lo que relatamos de Guatemala puede extenderse, sin mayores diferencias, a lo que ocurre en toda nuestra región: por doquier grupos pequeños de activistas, que se amparan en el derecho a la protesta, interrumpen el paso a la ciudadanía en zonas rurales y urbanas por motivos tan variados como su oposición a la minería o las presas hidroeléctricas, la falta de presupuesto, el reclamo por obras públicas de diverso tipo o motivos simplemente políticos. Los Gobiernos, temiendo que se los acuse de represivos, dejan hacer: prefieren que se viole el derecho a la libre circulación de millones de ciudadanos y deciden no enfrentarse a esos grupos minúsculos, que en ocasiones siembran el caos o producen consecuencias fatales.

Lo peor es que algunas agencias de cooperación internacional de varios países desarrollados estimulan y financian estas ilegales protestas, pues creen equivocadamente que con eso favorecen causas valiosas, como la ecología, los derechos de las minorías o los intereses de la población más pobre.

Tenemos gobiernos que siguen una doble moral, demagógicos, que desean quedar bien con todos, especialmente con los grupos más agresivos.

De ese modo, sin embargo, alientan a activistas profesionales, contribuyen a desestabilizar a nuestras naciones y retardan el desarrollo económico que favorecerían a los mismos grupos sociales que dicen querer proteger, afectando seriamente las actividades productivas y la construcción de las obras de infraestructura que tanto necesitamos. Un reciente debate en el parlamento holandés ha mostrado que, al menos de modo parcial e incipiente, se está generando una preocupación legítima por lo que sus connacionales –amparados en la impunidad– promueven en nuestras tierras.

Lo que ocurre es, por otra parte, una expresión de las debilidades políticas que hoy soportamos. Tenemos gobiernos que siguen una doble moral, demagógicos, que desean quedar bien con todos, especialmente con los grupos más agresivos y con las agencias internacionales.

Gobiernos que hablan continuamente de democracia pero cuyos mandatarios no tienen rubor en abrazarse con Raúl Castro o justificar a Nicolás Maduro, que protegen los derechos de unos pero no los de otros, que se horrorizan ante los golpes militares del pasado pero que saludan como héroes a quienes fueran guerrilleros y empuñaran las armas.

América Latina está gobernada hoy, en su inmensa mayoría, por políticos débiles, sin convicciones republicanas, que saben cómo llegar hasta el final de su mandato pero que van minando a mediano plazo, con sus acciones, la misma institucionalidad que les ha permitido llegar al poder.

Es una peligrosa y lamentable situación que, en definitiva, solo podrá cambiar cuando la ciudadanía tome conciencia de los riesgos que tiene la demagogia generalizada en que hoy vivimos y deje de apoyar a quienes hacen caridad… “con el dinero de los otros”.



[1] Domicio Ulpiano (en latín, Gnaeus Domitius Annius Ulpianus, fue un jurista romano de origen fenicio, magister libellorum. Fue tutor, consejero y prefecto del pretorio del emperador Alejandro Severo. Definió la justicia como la continua y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde.

¿JUSTICIA INDEPENDIENTE?



Este representante del Ministerio Público, que luego tuviera una protagónica intervención en el Juicio a las Juntas Militares, en el proceso conocido como Causa 13, hizo una adecuada interpretación acerca de las facultades que el Poder Ejecutivo Nacional tenía para ordenar detenciones, en mérito al estado de sitio imperante, al marco constitucional vigente, con más el agregado de la reforma impuesta por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional.

Me pregunto, si en al año 1979, un Fiscal Federal, luego confirmado por las autoridades del estado de derecho, al punto que fue nada más ni nada menos que el  acusador en el Juicio Oral y Público concretado contra los integrantes de las Juntas Militares, interpretó que la detención de personas a disposición del PEN, ni siquiera era remediable por la vía del HABEAS CORPUS, cómo es que se le puede exigir al Jefe u Oficiales y Suboficiales subordinados, que no cumplieran las órdenes de detener a personas vinculadas con la subversión. Me pregunto, en el año 1976 en adelante, con el plexo normativo vigente entonces, sobre la base de qué argumentos se sustentaría el deber ser que la acusación presenta en sus injustas imputaciones.[1]


CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR[2]


Art. 622. Se consideran particularmente, actos de traición:

5~ Dejar de cumplir total o parcialmente una orden oficial, o alterada de  manera arbitraria, para beneficiar al enemigo;

Art. 667. Será reprimido con prisión, hasta cuatro años o de sanción disciplinaria el militar que hiciere resistencia ostensible o expresamente rehusare obediencia a una orden del servicio que le fuere impartida por un superior.

Si el hecho se produjere frente al enemigo, la pena será de muerte o de reclusión por tiempo indeterminado.

La pena será de reclusión hasta diez años si se produjese en formación o en acto del servicio de armas o con ocasión de él.

Art. 668. Si los hechos previstos en el artículo anterior se produjeren en circunstancias de peligro inminente, tales como incendios naufragio u otros semejantes, la pena será de prisión mayor o reclusión hasta doce años.

Art. 674. Incurre en desobediencia el militar que, sin rehusar obediencia de modo ostensible o expreso, deja de cumplir sin causa justificada, una orden del servicio.

Art. 675. Ninguna reclamación dispensa de la obediencia ni suspende el cumplimiento de una orden del servicio militar.

Art. 677. Se impondrá la pena de reclusión indeterminada o muerte, cuando la desobediencia haya sido causa:

1" De que se malogre una operación de guerra;


CONSTITUCIÓN NACIONAL[3]


“LA TRAICION CONTRA LA NACION CONSITIRA UNICAMENTE EN TOMAR LAS ARMAS CONTRA ELLA, O EN UNIRSE A SUS ENEMIGOS PRESTANDOLE AYUDA Y SOCORRO”.

Nota del autor: “Tal como lo hicieron las organizaciones subversivas”


APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2015[4] y [5]


“Estoy convencido, que hay un paradigma de la decisión judicial, pero esto no significa que cuando dictan sentencias sigan esos paradigmas. Por el contrario, el juez debe ser imparcial ¿Qué significa imparcial? Significa que la Ley es igual para todos. Se trate de alguien del norte, del sur, del este o del oeste, sea rico, sea pobre, sea poderoso o débil. Los jueces deben aplicar las leyes de manera igual para todos Por el contrario, el juez debe ser imparcial ¿Qué significa imparcial? Significa que la Ley es igual para todos. Se trate de alguien del norte, del sur, del este o del oeste, sea rico, sea pobre, sea poderoso o débil. Los jueces deben aplicar las leyes de manera igual para todos, esté quien esté por delante, porque en eso se juega la credibilidad del Poder Judicial. Esa es la función judicial, la imparcialidad. No dejarse guiar por ninguna otra idea que no sea la Ley”.
                                        
       
EXHORTACION APOSTOLICA

EVANGELII GAUDIUM – PAPA FRANCISCO- 2013



“A los que están heridos por divisiones históricas, les resulta difícil aceptar que los exhortemos al perdón y la reconciliación, ya que interpretan que ignoramos su dolor o que pretendemos hacerles perder la memoria y los ideales…. Por ello, me duele tanto comprobar como algunas comunidades cristianas y aún, entre personas consagradas, consentimos diversas formas de ODIO, divisiones, calumnias, difamaciones, VENGANZA, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa y hasta persecuciones que parecen una IMPLACABLE CAZA DE BRUJAS…”.[6]
                  
Bs As, marzo de 2015

Cnel. (R) Jorge Toccalino



[1] Extraído del alegato de mi defensor.
[2] Vigente durante la guerra contra la subversión.
[3] Artículo 119 de la Constitución Nacional actual y vigente en todas las reformas.
[4] Párrafo esencial del discurso del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Discurso completo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contradice el párrafo esencial al referirse a los juicios de lesa humanidad. Escuchar a partir minuto 45’ 50”.
Artículo 119 de la Constitución Nacional actual, vigente en todas las reformas.
[6] Página 80.