EL DERECHO DE UNO, EMPIEZA DONDE TERMINA EL DE LOS DEMÁS

Esta certera frase, atribuída al célebre jurisconsulto romano Ulpiano[1], debería constituir por estos días una verdadera regla de convivencia social.

A poco que la analicemos será fácil advertir como todos tenemos derechos y así entonces es fundamental que esos derechos tengan límites claros y no permitan la invasión de un derecho sobre el otro.

Pero yendo al motivo que causa esta nota, diremos preliminarmente y para contextuarla, que el derecho a la tranquilidad y la libre circulación en todo el territorio nacional, ya no son patrimonio de la sociedad, movimientos "piqueteros" alentados desde el poder de turno -la mayoría de las veces- han convertido en un verdadero caos el tránsito vehicular y de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y en menor medida en rutas y ciudades del interior.

Especialmente en la Capital Federal y sus accesos, podemos asegurar que, con una frecuencia casi diaria, diversos “piquetes” cortan avenidas, autopistas y calles para protestar por cualquier cosa. En estos años de la “dékada perdida” se han perdido innumerables vidas a consecuencias de un estado ausente que deja una zona liberada para no reprimir y defender el derecho a circular que tiene la mayoría de la población.

Formulamos votos para que el gobierno, que asuma el ya próximo 10 de diciembre de 2015, adopte las medidas necesarias para que se respete el derecho a la libre circulación y el derecho a reclamar legítimamente ante sus autoridades, deben armonizarse esos dos derechos para que los de un sector no invadan los derechos del resto.

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva

por una Nueva Década en Paz y para Siempre

DERECHO A LA PROTESTA, BLOQUEOS HOMICIDAS Y VÍCTIMAS SILENTES

Por Carlos Sabino

5 marzo de 2015

“En Guatemala, un bebé murió porque la ambulancia no llegó a tiempo a su casa a causa de una manifestación”. Es un hecho común en todo el continente

Bloqueos viales en Guatemala son constantes:
producen ingentes (y casi nunca calculados)
daños a personas, patrimonio e infraestructuras
(Gobernación de Retalhuleu)

La noticia fue poco destacada por los medios guatemaltecos y no llegó al ámbito internacional. El pasado 13 de febrero, se produjo un hecho que tendría que llevar a la reflexión a todos esos “luchadores sociales” que se muestran activos en los países de América Latina: un recién nacido murió porque simplemente no pudo recibir asistencia médica. La causa: un bloqueo de carreteras en el interior de Guatemala.

Prensa Libre, uno de los diarios de mayor circulación de ese país, reportó que pobladores del departamento de Suchitepéquez que exigían la reparación de una carretera y la estatización de la electricidad, algunos de ellos ebrios, bloquearon el camino a la altura del km. 168, e impidieron el paso a una ambulancia que iba a asistir a una mujer que estaba dando a luz.

El vehículo logró llegar, tomando desvíos, a la aldea donde se encontraba la parturienta pero, cuando se dirigía de regreso “hacia el hospital de Mazatenango, el grupo nuevamente los detuvo. Por ello buscaron una ruta alterna pero el bebé necesitaba oxígeno y debido al atraso murió en la ambulancia”.

No se trató de un hecho aislado, aunque las consecuencias fatales –como la comentada–, no siempre se producen. Pocos días después, el 23 de ese mes, varios grupos que pertenecen a organizaciones supuestamente campesinas, como el Codeca (Comité de Desarrollo Campesino) y la Conic (Coordinadora de Organizaciones Campesinas) bloquearon todas las carreteras principales de Guatemala produciendo la virtual paralización del país.

Sus reclamos eran semejantes a los del caso relatado y su actitud en general muy agresiva hacia los transeúntes que pretendían pasar. Nada concreto hizo el Gobierno del país, que permaneció pasivo mientras sus habitantes se desesperaban al ver denegado en la práctica su derecho al libre tránsito.

Lo que relatamos de Guatemala puede extenderse, sin mayores diferencias, a lo que ocurre en toda nuestra región: por doquier grupos pequeños de activistas, que se amparan en el derecho a la protesta, interrumpen el paso a la ciudadanía en zonas rurales y urbanas por motivos tan variados como su oposición a la minería o las presas hidroeléctricas, la falta de presupuesto, el reclamo por obras públicas de diverso tipo o motivos simplemente políticos. Los Gobiernos, temiendo que se los acuse de represivos, dejan hacer: prefieren que se viole el derecho a la libre circulación de millones de ciudadanos y deciden no enfrentarse a esos grupos minúsculos, que en ocasiones siembran el caos o producen consecuencias fatales.

Lo peor es que algunas agencias de cooperación internacional de varios países desarrollados estimulan y financian estas ilegales protestas, pues creen equivocadamente que con eso favorecen causas valiosas, como la ecología, los derechos de las minorías o los intereses de la población más pobre.

Tenemos gobiernos que siguen una doble moral, demagógicos, que desean quedar bien con todos, especialmente con los grupos más agresivos.

De ese modo, sin embargo, alientan a activistas profesionales, contribuyen a desestabilizar a nuestras naciones y retardan el desarrollo económico que favorecerían a los mismos grupos sociales que dicen querer proteger, afectando seriamente las actividades productivas y la construcción de las obras de infraestructura que tanto necesitamos. Un reciente debate en el parlamento holandés ha mostrado que, al menos de modo parcial e incipiente, se está generando una preocupación legítima por lo que sus connacionales –amparados en la impunidad– promueven en nuestras tierras.

Lo que ocurre es, por otra parte, una expresión de las debilidades políticas que hoy soportamos. Tenemos gobiernos que siguen una doble moral, demagógicos, que desean quedar bien con todos, especialmente con los grupos más agresivos y con las agencias internacionales.

Gobiernos que hablan continuamente de democracia pero cuyos mandatarios no tienen rubor en abrazarse con Raúl Castro o justificar a Nicolás Maduro, que protegen los derechos de unos pero no los de otros, que se horrorizan ante los golpes militares del pasado pero que saludan como héroes a quienes fueran guerrilleros y empuñaran las armas.

América Latina está gobernada hoy, en su inmensa mayoría, por políticos débiles, sin convicciones republicanas, que saben cómo llegar hasta el final de su mandato pero que van minando a mediano plazo, con sus acciones, la misma institucionalidad que les ha permitido llegar al poder.

Es una peligrosa y lamentable situación que, en definitiva, solo podrá cambiar cuando la ciudadanía tome conciencia de los riesgos que tiene la demagogia generalizada en que hoy vivimos y deje de apoyar a quienes hacen caridad… “con el dinero de los otros”.

FUENTE: Fundación Contra el Terrorismo Guatemala y http://es.panampost.com/carlos-sabino/2015/03/05/derecho-a-la-protesta-bloqueos-homicidas-y-victimas-silentes/

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[1] Domicio Ulpiano (en latín, Gnaeus Domitius Annius Ulpianus, fue un jurista romano de origen fenicio, magister libellorum. Fue tutor, consejero y prefecto del pretorio del emperador Alejandro Severo. Definió la justicia como la continua y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde.