Por: Alicia Terada
Esta semana volví a
presentar en la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley para que nuestros
jubilados cobren el 82% móvil. Lo hice reiterando el mismo proyecto presentado
por la ex Diputada, también de la Coalición Cívica-ARI, Fernanda Reyes.
Básicamente el proyecto
obliga al Estado a ajustar semestralmente los haberes, como lo marca la ley de
movilidad jubilatoria, para que estos alcancen el 82% del salario mínimo, vital
y móvil.
Reiteramos este pedido
porque hace cinco años la Presidenta de la Nación vetó la ley, sancionada por
el parlamento, que garantizaba ese derecho constitucional a todo el sector
pasivo. Los argumentos que usó el gobierno nacional en ese momento intentaron
demostrar de modo irresponsablemente exagerado y alarmante, que se trataba de “la ley que llevaría a la quiebra al sistema
previsional de reparto”.
Hoy siguen con el mismo
libreto pero las mentiras están quedando expuestas. Hace unos días la propia
presidenta se mostraba alegre inaugurando la central nuclear de Atucha por
cadena nacional obviando en su discurso
que gran parte de los fondos para financiar semejante obra provenían de la
ANSES, la caja “todo servicio”, según
la consideración del oficialismo que echó mano a ella varias veces para
financiar viviendas u obra pública a municipios afines al gobierno y también
para sostener bonos que le permiten, cada tanto, tapar el déficit fiscal real.
Solo hasta el año pasado el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES debió oficiar
como sostenedor de bonos Discount por un total de más de dos mil millones de
dólares para cubrir problemas fiscales.
En ese sentido
observamos también que durante el 2014 se fijaron $28.000 millones para
préstamos al tesoro nacional que cambia “promesas de pago” por plata fresca de
los jubilados. Pero en realidad nunca terminamos de saber bien qué van a hacer
con los fondos de la ANSES, es imposible anticiparse porque no brindan
información precisa. Un trabajo presentado por la AGN en el 2013 titulado El Control Público en la Argentina,
realidades y perspectivas señalaba que la ANSES no brinda la información
necesaria para que los organismos de control puedan realizar su trabajo y que, fuera del financiamiento específico de
gastos que corresponde a los fondos previsionales de acuerdo a la normativa
vigente, la ANSES financió, solo en el 2013, casi 50.000 millones de pesos a
otras áreas del gobierno, como la creciente y aparatosa publicidad oficial,
quizás la peor utilización que se le pueda dar al dinero de los jubilados.
Cuesta entender por qué, para el gobierno, mejorar la vida de
nuestros adultos mayores asignándoles una mejor remuneración con fondos
específicos como son los de la ANSES, pone en peligro de quiebra a esta
institución y usar los mismos para obras, publicidad e inversiones financieras,
que nada tienen que ver con el sector previsional, no.
Sobre todo si tenemos en cuenta que
hoy la inflación real hace que sea
necesario que el estado atienda la grave realidad de los haberes jubilatorios
porque una remuneración media se
encuentra apenas rondando 40% del haber mínimo del sector activo y la
jubilación mínima no alcanza ni quiera a cubrir el 50% de la canasta familiar.
Por todo esto creemos
que para impedir que en el futuro nos lamentemos de ver vaciadas las arcas
previsionales en políticas y proyectos ajenos al sector, lo mejor sería que el congreso nacional sancione nuevamente la ley del
82% móvil, que ese dinero sea ahora y para siempre para los jubilados y de esa
manera asegurarnos que ni éste, ni futuros gobiernos, puedan verse tentados a
tomar estos fondos que, en definitiva, se recaudan y existen para garantizarles
a nuestros adultos mayores la mejor calidad de vida. Como no tenemos dudas
de que la caja previsional corre un mayor peligro de quebrar en la medida que
se utilicen sus fondos discrecionalmente y de modo arbitrario para cualquier
destino, es que estamos convencidos que los jubilados deben cobrar hoy y siempre
el 82% móvil.
NOTA: Las imágenes no corresponden a la
nota original.
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