Mienten aquellos que dicen que en la Argentina no hay pena de muerte. A
hoy han muerto en prisión doscientos noventa y tres argentinos. No ha hecho
falta fusilarlos; la venganza ha obrado casi quirúrgicamente y la única
desventaja es que el exterminio no ha procedido con la celeridad esperada, pero
el abandonarlos en las manos de “jueces”
que creen incompleta su tarea si no se convierten en verdugos luego de haberlos
juzgados, ha tenido la ventaja de teñir de "legalidad"
la matanza.
Precisemos. No hablamos de genocidio, porque no lo es. Caer en la
tentación de hacerlo sería ponernos a la altura de los farsantes que durante
años han repetido la falacia de los 30.000 desaparecidos y que hoy saben pero
no reconocen que ese número solo sirvió para que delincuentes que se
enmascaraban detrás de presuntas “orgas”
de derechos humanos, cobraran una y otra vez indemnizaciones millonarias.
No es genocidio, no exageremos, pero digamos de una vez por todas y
repitamos cuantas veces sea necesario que lo que hoy sucede en la República -organizado
por el gobierno y amañado por esa entelequia que algunos aún llaman justicia-
es simplemente una rastrera venganza que un grupo de cobardes -por acción, pero
hay otros, muchos, que son culpables por omisión- pueda haber imaginado jamás y
que, haciendo honor a su estirpe de
rufianes, esperaron que aquellos que los habían derrotados con las armas
envejecieran, que hubiera un gobierno cuyos consiglieri debieran hacerse
perdonar un pasado de usureros o de vendedores de “perejiles”, que quienes
“administran” las instituciones que los enviaron al combate se vendieran por
miserables canonjías y que finalmente,
para que el ultraje fuera mayor, amañaran la Constitución y las leyes para que,
fechoría jurídica mediante, le hicieran creer al pueblo -ese mismo pueblo
cobarde que años atrás pedía cadalsos en la principales plazas del país y hoy
se come cualquier verdura podrida que le vendan- que ellos si se manejan con la
“legalidad”.
A hoy -son las 11:20 horas del 26 de abril de 2015- ya han sido
ejecutados doscientos noventa y tres de estos condenados a muerte, pero dentro
de una hora, un día o poco tiempo más -solo Dios lo sabe- esta cantidad sin
duda alguna se seguirá incrementando porque los “jueces” seguirán repitiendo
las condiciones burocráticas que han posibilitado el exterminio.
Salvo los pocos que han tenido la suerte de morir en compañía de los
suyos luego de acceder a la prisión domiciliaria -tipo de prisión a la que por
ley todo argentino mayor de setenta años tiene derecho- la mayoría ha muerto en
la más atormentada soledad, con la sola compañía de sus camaradas de
cautiverio.
Para mayor vergüenza de la sociedad argentina -si es que esta
considerara que avergonzarse de la perversidad que se ejecuta en su nombre
fuera una virtud- estos condenados a muerte tienen sus “sicarios designados”.
Son los jueces de ejecución que se comportan con ellos como señores de horca y
cuchillo, son los que dan las órdenes que restringen la prisión domiciliaria,
los desplazamientos a hospitales, que “dosifican” la entrega de medicamentos
específicos, los que por principio dudan de las enfermedades de estos presos y
los abandonan a su agonía hasta que la evidencia de la muerte los pone en el
brete de justificar lo injustificable.
Estos soldados de una guerra que se libró por nosotros son los que, por
definición de los eunucos jurídicos de la Corte Suprema -con la única y digna
excepción del Dr. Fayt- han sido declarados reos de una política de estado que
se ha llevado puesta Constitución y leyes, ellos son los Presos Políticos de la
Argentina, víctimas de una revancha montada por logreros y cobardes, pero son
también quienes -y eso y el orgullo que ello conlleva nadie se los podrá quitar
jamás- derrotaron a la subversión marxista que pretendía para la Argentina un
destino de lacayos.
Sé, y esto lo digo con profundo dolor, que seguirán muriendo en las
abyectas condiciones que les han impuesto, pero también sé que tienen la
convicción -ellos me lo han dicho- que morirán en acto de servicio, como muere
un soldado que juró cumplir con su Patria.
Buenos Aires, 26 de abril de 2015
Jose Luis Milia
