por Ricardo Angoso
@ricardoangoso
Hace unos meses un
magistrado colombiano nada neutral, conocido por sus ideas izquierdistas y ser
un detractor del ex presidente Álvaro Uribe, Iván Velásquez, adquirió un
protagonismo en la operación -no tiene otro nombre- de acoso y derribo que
llevó a la destitución del presidente de Guatemala, el ex general Otto Pérez.
En ese proceso judicial de investigación de unos supuestos casos de corrupción,
en los que habría estado implicado la máxima magistratura del Estado, tuvo un
importante protagonismo la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CIGIC), en la que trabaja el mismísimo Velásquez y que ha actuado
coordinadamente con algunas organizaciones guatemaltecas de significada
ideología izquierdista.
Pero las cosas no
quedaron ahí. Hace apenas unas semanas fue destituido, en una trama bastante
perversa, otro militar, se trataba de Oscar Platero. Tras ser nombrado
Subdirector General de la Inteligencia Civil (Digici), Oscar Platero sufrió una
dura campaña de acoso mediático y político, a través de diversos medios, por
parte de la izquierda más radical de su país.
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| Oscar Platero con la senadora Thania Vega de Plazas
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Platero, militar,
escritor y analista político, ha denunciado durante años la existencia de una
suerte de conspiración contra su país para que el ejército guatemalteco sea
estigmatizado y juzgado por su participación en la lucha contra la subversión
comunista. Esa amenaza, que representaba la guerrilla del UNRG, fue derrotada,
sin género de dudas, durante el conflicto interno que vivió su país desde los
años sesenta hasta 1996, en que se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala.
Ahora la izquierda, derrotada en el campo de batalla, vuelve a la lucha por la
vía política y Platero fue una de sus primeras víctimas. Nada hacía intuir que
esa destitución sería solo el primer paso en una operación de mayor calado.
Siguiendo los pasos
de otros países, en donde la justicia tomada por la izquierda ha procesado y
perseguido a los militares con saña, como ha ocurrido en Argentina, Chile,
Colombia y Uruguay, Guatemala no iba a quedar al margen de esta estrategia
diseñada y preconcebida por el Foro de Sao Paulo, esa gran coordinadora de
fuerzas de izquierda e extrema izquierda en el continente que conducen los
hermanos Castro y los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega.
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| Manuel Benedicto Lucas García
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Como fruto de esta
estrategia, la Justicia de Guatemala detuvo en estos días a 18 militares
retirados, entre ellos a Manuel Benedicto Lucas García, hermano del
expresidente Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), por su supuesta
vinculación con al menos 558 desapariciones forzadas en la década de 1980. Es
el mismo estilo con el que se han ejecutado otros procesos judiciales de dudosa
legalidad en otras partes del continente. Catorce de estos militares están
acusados de participar en “uno de los
mayores casos de desapariciones forzadas de América Latina”, afirmó al
producirse las detenciones la fiscal general, Thelma Aldana. La fiscal Aldana
dijo en rueda de prensa que a este grupo de militares retirados arrestados se
les imputan los delitos de desaparición forzada y lesa humanidad por al menos
558 desapariciones de indígenas entre 1981 y 1988.
Los militares serían
juzgados por tribunales nada imparciales y atizados por organizaciones de
izquierda nada independientes, que bajo el paraguas de supuestamente defender
los derechos humanos, buscan la vendetta política tras haber sido derrotados
por las Fuerzas Armadas en el campo de batalla. Lo que no consiguieron por la
vía militar ni por la electoral, ya que fueron rotundamente derrotados en las
urnas, se trata ahora de buscar por la vía judicial.
Reconocer estos casos
sería dar la razón a los que han sostenido desde hace años que en Guatemala
hubo un "genocidio" contra
las comunidades indígenas ejecutado por sus Fuerzas Armadas, algo que es
absolutamente falso y no se atiene al concepto jurídico internacional de lo que
es un genocidio, tal como sí lo son, por ejemplo, los casos de Ruanda, Kosovo y
Bosnia Herzegovina.
¿GUERRA
POLÍTICA CONTRA EL PRESIDENTE MORALES?
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| Jimmy Morales
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Estos hechos, ya de
por sí graves, pueden tener un objetivo de mayor calado. Se trataría de “intimidar o amedrentar a la próxima
administración gubernamental”, a cuyo frente se haya el partido político
Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), cuyo candidato, Jimmy Morales,
ganó las últimas elecciones presidenciales. Morales tiene entre los miembros de
su equipo de gobierno a muchos ex militares en situación de retiro, entre los
que destaca su secretario nacional adjunto, Edgar Justino Ovalle Maldonado. Esta
presencia de los militares en la vida política del país centroamericano ha
molestado a la izquierda en general y a los activistas de los derechos humanos
que buscan sembrar la confusión y el odio en la sociedad guatemalteca,
levantando falsos testimonios contra miembros de las Fuerzas Armadas y buscando
su procesamiento.
Lo que más llama la
atención acerca de estos hechos que acontecen en Guatemala, es que se sigue el
guion ensayado en otras partes del continente, donde han sido procesados,
condenados y arrestados miles de militares con pruebas falsas, testigos de
dudosa trayectoria y contraviniendo las normas básicas de lo que se conoce como
un Estado de Derecho. Por ejemplo, en
Argentina se han aplicado normas con carácter retroactivo que no
existían en el momento en que se produjeron los supuestos hechos delictivos y
fueron anuladas, de una forma arbitraria, las Leyes de Obediencia Debida y
Punto Final, por las que el presidente Raúl Alfonsín pretendía hacer su aporte
a la reconciliación nacional.
Voy concluyendo estas
reflexiones acerca de los procesos que se pretenden abrir en Guatemala, en un
momento muy significativo y no elegido casualmente ni al azar, con el
archiconocido caso del coronel colombiano Alfonso Plazas Vegas. Procesado,
juzgado y condenado por la justicia colombiana, Plazas pasó siete años de
prisión y sin que sus requerimientos, en el sentido de que era inocente y que
no tenía nada que ver con los hechos por los que fue juzgado, fueran
escuchados. Finalmente, en diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia
tumbó esta condena y, en una sentencia de 358 páginas, desmontó todas las
acusaciones, deslegitimó a los testigos utilizados y demostró la inocencia del
coronel. El caso Plazas demuestra hasta qué punto se puede llegar en la politización
de la justicia y cómo la misma se acaba instrumentalizando en favor de
determinadas ideas, aunque, con ello, se causen daños irreparables a los
militares encausados.
Y termino: No se
busca la justicia, sino la venganza. No cabe duda que con este enjuiciamientos,
desconociendo las garantías del debido proceso -entre otras la cosa juzgada y
la irretroactividad de la ley penal- se pretende que, a través de la sentencia
que vayan a dictar, homologuen una decisión política adoptada con sentido de
revancha, por quienes, después de ser militarmente derrotados, se encuentran
hoy ocupando los más diversos cargos del Estado. Lo dicho: algo huele a podrido
en Guatemala.
