La reapertura de
causas que eran cosa juzgada y la violación del derecho a la prisión
domiciliaria han sido denunciadas por un grupo de destacados juristas
Un conjunto de muy
destacados juristas, cuya independencia de opinión no requiere demostración, ha
emitido un documento titulado "Manifiesto: la Justicia y los juicios
de lesa humanidad", donde cuestionan que se hayan dejado de lado
los principios fundamentales de la justicia en el tratamiento de los delitos
cometidos durante la represión del terrorismo de los años setenta. El documento
objeta también la asimetría en el juzgamiento de estos delitos mientras se han
mantenido impunes los cometidos por los grupos armados que desataron la
violencia en pos de la implantación en la Argentina de un régimen totalitario
marxista al ejemplo de Cuba.
El
manifiesto tiene un carácter jurídico. Reclama justamente
por la falta de juridicidad en casos en los que prevalecieron la ideología y la exacerbación de sentimientos de
venganza. Durante la gestión kirchnerista, las condenas y encarcelaciones
de militares y miembros de las fuerzas de seguridad se utilizaron como una
pantalla para recoger apoyos políticos y para inhibir críticas, como si con ese
proceder se adquiriera un fuero virtual que les permitiera quedar impunes del
latrocinio y la corrupción.
Según destaca el
manifiesto, se reabrieron procesos que
ya habían adquirido categoría de cosa juzgada, se privó a los acusados del
derecho a un debido proceso y se les negó la aplicación de la ley penal más
benigna. Desapareció la necesaria
seriedad procesal en ciertos juicios orales, envueltos en espectáculos cercanos
al linchamiento por muchedumbres convocadas al efecto. Testigos y testimonios resultaron en muchos casos fraguados. En
varias ocasiones los acusados fueron llevados al tribunal en camilla, sin que
siquiera pudieran expresarse. Son 1435 las personas privadas de la libertad, de
las cuales 248 llevan más de tres años
de prisión preventiva sin sentencia. Han sido 360[1]
los que han muerto en cautiverio y a muchos de ellos se les negó un tratamiento
médico razonable. Aun a pesar de la elevada edad de la mayor parte de estos
reclusos, superior a los 70 años que establece la ley, se les ha negado la
prisión domiciliaria. Sólo en estos últimos meses se advierte una mejor
disposición a concederla, aunque en algún caso, como el del general Eduardo
Cabanillas, la prisión domiciliaria le llegó cuando ya había iniciado una huelga
de hambre.
La declaración hace
referencia a la negación de justicia a las víctimas de atentados realizados por
los grupos terroristas. Para estos casos todas las instancias judiciales han
rechazado sistemáticamente las demandas, al aducir la prescripción por entender
que no están alcanzados por la calificación de lesa humanidad debido a que no
hubo intervención del Estado. Los juristas interpretan, por el contrario, que "el Estatuto de Roma, que creó la Corte
Penal Internacional, y al que la Argentina ha adherido, considera expresamente
tanto los delitos cometidos por el terrorismo de Estado como los perpetrados
por bandas armadas dentro de la misma categoría de lesa humanidad y, por ende,
sujetos a idéntico régimen de imprescriptibilidad". Para más abundamiento,
tanto los Montoneros como el ERP
recibieron adiestramiento y apoyo material del Estado cubano. Debe
recordarse además que luego del cruento ataque al cuartel de Azul, el entonces
presidente Juan Domingo Perón pidió la renuncia a los gobernadores Oscar Bidegain, de Buenos Aires, y Ricardo Obregón Cano, de Córdoba, por considerar que desde sus gobiernos habían prestado apoyo a los
grupos terroristas.
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| Gobernadores de Buenos Aires y Córdoba echados por el Presidente Juan Domingo Perón |
Desde esta columna
editorial nos hemos ocupado recientemente de la presentación ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la viuda del capitán Humberto Viola,
asesinado en 1974 por el ERP junto a su hijita María Cristina. Esta
presentación expone justamente estos antecedentes. No sólo no están sometidos a
juicio los responsables de los grupos terroristas, sino que muchos de sus integrantes que en su momento
fueron amnistiados o indultados fueron más tarde premiados con cargos públicos
y loas en el relato oficial de la era kirchnerista.
Resultan claros los
argumentos jurídicos expuestos con profesionalidad en el manifiesto. Pero se
podrían agregar otros relacionados con la clara
discriminación y el tratamiento asimétrico aplicado a ambas partes de la guerra
interna sufrida por nuestro país en los setenta. La interpretación parcial
de los hechos ha alcanzado gran parte de los medios y también los textos
escolares y las universidades estatales. Sometidos a estos relatos, presiones e
inhibiciones, en algunos casos por la propia adhesión a la denominada "justicia legítima", se han
desempeñado los jueces a quienes ahora se les reclama nada menos que hacer
justicia.
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
