por Rosendo Fraga,
Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría
Fueron muchos los
problemas que enfrentó la nueva conducción del Ministerio de Defensa, heredados
de la gestión anterior. Desde la falta de pago de los contratos para permitir
la puesta en marcha de la campaña antártica anual, hasta la carencia de
aviación de combate -clave para el control aéreo de la frontera- que se suma a
la demora en la radarización. A ello se agrega la falta del rompehielos en reparación
desde hace ya ocho años, la crítica situación de la Fábrica Militar de Aviones
(FADEA) y los gastos no justificados en la Administración de Fabricaciones
Militares. La falta de mantenimiento y renovación de equipos es general en las
tres Fuerzas.
Pero mirando el largo
plazo, los dos problemas más relevantes tienen que ver con el personal: una
política militar sentada en la visión de las Fuerzas Armadas como los
protagonistas del último gobierno militar y una estructura de salarios y
retiros, anarquizada, cuyos desviaciones no empezaron en 2003.
En el primero de
estos dos problemas, la respuesta ha sido concreta: hoy hay medio centenar de
militares detenidos por los juicios que superando los 70 años, han pasado a
estar en su domicilio de acuerdo a lo que establece la ley. Pero fue el desfile
militar del Bicentenario de la Independencia realizado el 10 de julio en la
Ciudad de Buenos Aires, del que participaron 4000 hombres de las Fuerzas
Armadas y 3000 veteranos de Malvinas, junto con el Festival de Bandas Militares
realizado en el Campo de Polo el mismo día, con la participación de 11 bandas
extranjeras y 8 argentinas, el conjunto de hechos que mostrar que no hay una ‘grieta’ entre las Fuerzas
Armadas y la sociedad.
Respecto al segundo -que
afecta a la totalidad del personal ya sea en actividad o en retiro- se ha
puesto en marcha una solución de largo plazo, que ha comenzado a ejecutarse.
Se inició -como lo
anticipó el Presidente en su discurso el día del Ejercito- por aplicar a las
Fuerzas Armadas, el mismo aumento que el resto del sector público, derivado de
la paritaria con la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN).
Este incremento
implica 7% en junio, 10% en julio y 14% en agosto. Ello lleva el salario de un
Coronel en actividad con 35 años de servicio para dicho mes, a $ 31.614.
Pero a esta cifra se
llega aplicando una serie de suplementos sobre el salario, que el personal
retirado no cobra. Un oficial de la misma jerarquía, cobra más de un tercio
menos. Esto ha generado juicios, por un monto de aproximadamente $ 2500
millones.
Esta política
salarial, en el pasado tuvo dos razones. Una económica, dado que los
suplementos no pagan el aporte para financiar el retiro y ello reduce la
erogación del estado. La otra, político-militar: generar una situación
diferente entre el personal en actividad y retirado, para romper la solidaridad
intergeneracional.
Para solucionar esta
brecha salarial, el gobierno nacional se ha propuesto un blanqueo gradual. El
año pasado, un oficial retirado cobró el 64% de uno en actividad y este año
pasará a cobrar el 67% y en 2017 73%. Para el año siguiente, el retirado
cobrará 79% del que está en actividad y este ‘blanqueo’ culmina en 2019, el último de los cuatro años de este período presidencial, cuando un
retirado cobrará el 88% de lo que cobra un oficial en actividad de la misma
jerarquía.
Esto no sólo influye
sobre el personal retirado, sino también sobre el que está en actividad, quien
más tarde o más temprano, será un retirado.
El otro aspecto de la
cuestión salarial militar a solucionar, es la brecha entre las Fuerzas Armadas
y la de Seguridad (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía
Aeronáutica Nacional), que ganan entre 40 y 50% más.
Por un acta
interministerial firmada a fines de junio, se buscará la equiparación entre
Fuerzas Armadas y de Seguridad, en un plazo de dos años, lo que implica un
aumento particular para las primeras. En el caso de la Policía Metropolitana,
los salarios son el doble o más que en las Fuerzas Armadas, razón por la cual en
los primeros meses del año, medio millar de sus integrantes fueron reclutados
para la fuerzas policial porteña. La primera parte de esta equiparación ya
debería ser incluida en el proyecto de presupuesto que se define en agosto.
Ello se sumará al aumento de la paritaria nacional estatal que se definirá cada
mes de junio.
A estas iniciativas,
se le suma el problema de la jerarquización. Durante el kirchnerismo, los
aumentos salariales de las Fuerzas Armadas fueron produciendo una ‘desjerarquización’, buscando mejorar la situación de los
nivele subalternos y no hacerlo de la misma forma con los superiores. Es así
como en 2015, el salario máximo de las Fuerzas Armadas (Teniente General,
Almirante y Brigadier Mayor), era 3,19 a uno respecto al más bajo, que es el
del soldado voluntario y equivalente en las otras Fuerzas.
Este ‘achatamiento’ no se da en el resto
del estado, donde el máximo
salario del área,
es entre más
de seis veces el más
bajo. Buscando ‘jerarquizar’ la estructura
salarial militar, este año
la relación será de 4,27 a uno, en 2017 llegará a 4,59, en 2018 será de 4,90 y
en 2019, el último año del actual período llegará a 5,31, acercándose a los
niveles de jerarquización vigentes en el resto del estado.
Se ha puesto en
marcha así una política salarial en el área de defensa, que combinando el ‘blanqueo‘ de los suplementos
que cobra el personal en actividad y no los retirados, la equiparación con los salarios de las Fuerzas
de Seguridad y una jerarquización,
que establezca una relación
más razonable entre el salario
máximo y el mínimo, es una iniciativa consistente para resolver un problema
crítico que afecta las Fuerzas Armadas desde hace tiempo.
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