Un grupo de abogados
consideró que se violan “elementales
nociones de justicia”
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| Señoras de Tucumán denuncian el accionar terrorista de los '70 |
La Asociación de
Abogados por la Justicia y la Concordia envió al presidente, Mauricio Macri, un documento elaborado
por un grupo de reconocidos abogados y constitucionalistas que denuncia que los
juicios de lesa humanidad han violado “gravemente
los principios básicos del orden jurídico y los más elementales criterios
humanitarios que el mundo civilizado sigue en materia de punición penal”.
La nota que acompaña
el texto del pronunciamiento lleva las firmas del presidente Alberto Solanet y del secretario Carlos Bosch, de la organización. El
documento “Manifiesto: la Justicia y los
juicios de lesa humanidad”, en tanto, está firmado por los letrados Juan Ramón Aguirre Lanari, Julio Altamira Gigena, Jaime Anaya, Gregorio Badeni, Alberto
Bianchi, Juan Carlos Cassagne, Iván José María Cullen, Siro
De Martini, Daniel Funes de Rioja,
Guillermo Ledesma, Roberto Luqui, Daniel Sabsay, Alfonso
Santiago y Jorge Vanossi.
Los abogados
consideraron que la Justicia ha sufrido ataques y daños durante los últimos
años, lo que a su criterio “ha generado
amenazas muy graves para el bien común y la salud de la república”. “Creemos
que gran parte del universo jurídico de la Argentina, con la sola exclusión de
individuos fuertemente ideologizados, ha tomado conciencia del grave estado de
situación que afecta a los detenidos acusados de delitos de lesa humanidad que
viola elementales nociones de justicia y sus derechos humanos”, afirmaron.
Sostuvieron que “bajo el pretexto de la comisión de delitos
de lesa humanidad” se reabrieron causas que ya habían sido juzgadas y que
ahora los derechos de los “supuestos
responsables” de esos delitos están siendo violados.
“Se
les ha negado el beneficio de la detención domiciliaria y de una asistencia
médica elemental. Son los únicos a los que se mantiene en prisión provisional
sin condena luego de 10 y más años. Son los únicos a los cuales se les niega la
aplicación de la ley penal más benigna para el cómputo de sus penas. Se les
niega el instituto a la prescripción. No se les concede la excarcelación, la
libertad condicional o las salidas transitorias de las que gozan los presos, no
importa el crimen por el que hayan sido acusados”,
expresaron.
En
números
Apoyaron sus
conceptos con cifras. Explicaron que hasta el momento 1.435 personas han sido
privadas de su libertad, de las cuales 248 llevan más de tres años bajo prisión
preventiva. Advirtieron que 360[1]
han muerto en cautiverio. “Todo ello en
abierta violación a tratados internacionales que tienen jerarquía
constitucional, como la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros”,
argumentaron.
“No
menos censurable es el contexto y forma en que se han desarrollado estos
juicios, ofreciendo en muchos casos un espectáculo indigno, absolutamente
impropio de lo que debe esperarse de un tribunal, llegándose incluso a
trasladar a los tribunales a personas en camilla o visible situación de
incapacidad”, lamentaron.
Subrayaron que a los
parientes de las “víctimas del terrorismo
que tuvo lugar antes de 1976” no se les ha reconocido reparación alguna. “En la última década se ha hecho una seria
discriminación en detrimento de los hombres que llevaron a cabo la represión
contra el terrorismo, quienes, aunque incurrieron en excesos y
extralimitaciones inadmisibles, recibieron en todos los casos penas gravísimas.
Mientras que a los responsables del terrorismo se los ha colmado de honores; y
en muchos casos se los ha premiado con cargos públicos e indemnizaciones”,
se quejaron los abogados.
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