La Asociación de
Abogados por la Justicia y la Concordia denunció "el grave estado de situación que afecta a los detenidos acusados
de delitos de lesa humanidad", a la vez que planteó que el nuevo
gobierno y la nueva dirigencia política, "despojada
de la ideología y de la instrumentalización política del odio y de la venganza
que caracterizaron a los años precedentes, constituyen una esperanza para que
restauren la concordia y la plena vigencia de los principios y contenidos del
orden jurídico".
Por medio de un
comunicado firmado por destacados juristas y reconocidos constitucionalistas,
la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia destacó que "gran parte del universo jurídico de la
Argentina, con la sola exclusión de individuos fuertemente ideologizados, ha
tomado conciencia del grave estado de situación que afecta a los detenidos
acusados de delitos de lesa humanidad que viola elementales nociones de
justicia y sus derechos humanos".
A su vez, los
abogados firmantes sostienen que "bajo
el pretexto de la comisión de delitos de lesa humanidad" se reabrieron
causas ya juzgadas y que ahora los derechos de los "supuestos responsables" de esos delitos están siendo
violados.
"Se
les ha negado el beneficio de la detención domiciliaria y de una asistencia
médica elemental. Se los mantiene en prisión provisional sin condena. Son los
únicos a los cuales se les niega la aplicación de la ley penal más benigna para
el cómputo de sus penas. Se les niega el instituto a la prescripción. No se les
conceden la excarcelación, la libertad condicional o las salidas transitorias
de las que gozan todos los presos", asegura el texto de
la Asociación de Abogados.
Estadísticas
Entre otros detalles
el documento señaló también que en los últimos años 1435 personas fueron
privadas de su libertad hasta el momento y de ella, 248 llevan más de tres años
en prisión preventiva y 360 murieron en cautiverio.
La asociación
denunció también que estos juicios realizados ofrecieron un "espectáculo indigno" y
destaca en segundo lugar a los parientes de las víctimas del terrorismo de
Estado de la última dictadura militar, "a
los que no se les ha reconocido reparación alguna, ni siquiera el derecho a la
verdad".
El documento señala
que "en la última década se ha hecho
una seria discriminación en detrimento de los hombres que llevaron a cabo la
represión contra el terrorismo, quienes, aunque incurrieron en excesos y
extralimitaciones inadmisibles, recibieron en todos los casos penas
gravísimas". Sin embargo, destacan que a los responsables directos o
indirectos del terrorismo de Estado se los colmó de honores y se los premió con
cargos públicos.
En otro párrafo del
comunicado de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia solicita
al nuevo gobierno que "en el marco
del Bicentenario" tome cartas en el asunto y que deje atrás la "instrumentación política del odio y de
la venganza" en función de restaurar la "concordia y la vigencia de los principios contenidos del orden
jurídico".
El comunicado está
firmado por Juan Ramón Aguirre Lanari, Julio E. Altamira Gigena, Jaime Anaya,
Gregorio Badeni, Alberto Bianchi, Juan Carlos Cassagne, Iván José María Cullen,
Siro M. A. De Martini, Daniel Funes de Rioja, Guillermo Ledesma, Roberto Luqui,
Daniel Sabsay, Alfonso Santiago y Jorge Vanossi.
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