"Un juez
tiene que ser un señor;
si sabe derecho, mejor".
Máxima inglesa
si sabe derecho, mejor".
Máxima inglesa
El espectáculo que
nos brindó Hebe de Bonafini desde que fue llamada a prestar declaración
indagatoria por un juez, que el jueves culminó en la pista mayor del circo
porteño, muestra a las claras en qué estado han quedado las instituciones de la
República tras décadas de corrupción y de complicidad de los magistrados
federales de todas las instancias, ya incapacitados de impartir Justicia sobre
la ciudadanía atónita ante la falta de aptitud moral y el enorme desprestigio
que los cubre, agravado por el conventillo en que han transformado Comodoro Py.
A partir de ahora,
¿habrá alguien que obedezca un mandato judicial?, ¿aceptará mansamente
cualquiera que un Martínez de Giorgi, un Rafecas, un Canicoba Corral, un
Casanello, un Freiler, un Ballestero, una Figueroa, un Rosanski, etc., pretenda
juzgarlo?
Pero, por encima de
todos ellos y con facultades disciplinarias que pueden llegar hasta la
destitución, está el Consejo de la Magistratura. La sociedad entera debiera
montar guardia en su puerta del edifico para exigirle, simplemente, que cumpla
el deber que la Constitución le asigna, y deje de ser el extorsionador en que
se convirtiera desde que el ¿Frente para Qué?, imponiendo su mayoría
automática, modificó su composición para permitir a la política entrar por la
ventana. Mauricio Macri debería enviar ya mismo, sin dilación alguna, un
proyecto de ley al Congreso para abolir esos cambios.
Bonafini está
imputada por la comisión de varios delitos -defraudación al Estado, emisión de
cheques sin fondos y malversación de caudales en los sueños que compartió con
sus hijos putativos, los Shoklender- y se declaró, desde el mismo momento en
que fue citada a prestar declaración indagatoria, en explícita rebeldía; para
demostrarlo, calificó al magistrado que la convocaba, y por añadidura al
Presidente de la República, con los más gruesos epítetos, además de seguir en
su inveterada postura de incitar a la subversión contra los poderes del Estado
y hacer apología del delito.
Cuando se ordenó
llevarla ante los estrados judiciales por haberse negado a hacerlo, se acollaró
con lo más granado de la asociación ilícita que saqueó nuestro país durante más
de doce años. Como red de seguridad para la vieja equilibrista se pudo ver a
angelitos o delincuentes tales como Boudou, Parrilli, Zannini, Kiciloff,
Mariotto, Recalde, Depetris, el ¿maestro? Baradel, Larroque, Sabbatella,
Cerruti, Yasky, Parodi, Segovia y sus "metrodelegados"
y, en cartel francés, Máximo Kirchner; todos incurrieron, sin duda, en
encubrimiento e intimidación pública. Muchos de ellos ya la habían acompañado
cuando organizó los "juicios
populares" a periodistas independientes o, travestida como Lenin,
llamó a tomar el Palacio de Tribunales y echar a patadas a los miembros de la
Corte Suprema; tampoco entonces hubo un fiscal o un juez con los redaños
necesarios para imputarla por atentar contra la Constitución.
Esos mismos
magistrados sinvergüenzas se niegan a cumplir con el sagrado deber que les
impone la ley: la aplican retroactivamente, niegan el principio de inocencia,
validan inadmisibles pruebas, mantienen prisiones preventivas que exceden el
máximo legal, no otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria a los mayores
de setenta años, no cuidan la salud de los viejos enfermos. Y todo eso sólo por
cobardía frente a la reacción de los tuertos organismos de derechos humanos,
verdaderas cuevas de ladrones y meros instrumentos de venganza de los
terroristas.
En la Argentina que
los Kirchner legaron a Macri, y que éste aún no pudo o no supo corregir, el
patoterismo y la violencia pueden más que la Justicia, que ni siquiera puede
controlar eficientemente a las distintas policías, que la obedecen sólo cuando
les parece, porque no saben cuándo serán denunciados y condenados por hacerlo;
basta recordar qué pasó en diciembre de 2001.
Otra pista en la cual
se exhibe impunemente la ignorancia y la soberbia de los simios togados se da
en el terreno de las tarifas públicas; ¿cómo puede un tema meramente técnico
ser justiciable?, ¿qué saben los jueces acerca del costo de la energía o de la operación
del subterráneo?, ¿por qué no preguntarles, también, de dónde deben extraerse
los fondos para seguir pagando la fiesta populista y criminal?, ¿qué explicarán
a quienes, por retrotraer la situación a diciembre de 2015, han perdido la "tarifa social" que les
permitía pagar aún menos que antes y, a cambio, siguen regalando el gas y la
luz a los hogares más pudientes?, ¿quién pagará ahora a las empresas para que
puedan continuar prestando aunque sea estos deficientes servicios?
Evidentemente, parecen
ignorar -algunos lo hacen con intención política- que uno de los requisitos
esenciales para lograr el arribo de las anheladas inversiones productivas es la
seguridad jurídica, y el penoso espectáculo que están brindando en este campo
funcionarios y jueces no hace más que alejar el horizonte. Simultáneamente, al
mantener congeladas las tarifas, impiden que crezcan la exploración, la
generación, el transporte y la distribución de energía, para recuperar el
autoabastecimiento perdido adrede por don Néstor y doña Cristina; y ese es el
otro requisito esencial, ya que no hay en el mundo quien invierta en un país
donde faltan tan básicos insumos como el gas y la luz.
La sociedad en su
conjunto tiene una titánica tarea por delante: devolver al Poder Judicial la
independencia, la sapiencia y el prestigio necesarios para desempeñar el
soberano rol que la Constitución le asigna. La carrera judicial no es para
todos, porque -en especial aquí- está llena de obstáculos, y sólo los espíritus
superiores pueden transitar ese camino sin caer en tentaciones mundanas.
Quienes tienen la
facultad de disponer sobre la libertad y el patrimonio de los ciudadanos y la
obligación de ser la barrera frente a los abusos del poder sobre los
individuos, deben estar por encima de cualquier cuestionamiento y de toda
sospecha; como la mujer del César, no sólo tienen que ser serios y honestos
sino, además, parecerlo.
Buenos Aires, 6 de agosto
de 2016
Enrique
Guillermo Avogadro
Abogado
E.mail: ega1avogadro@gmail.com
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