SUBSIDIANDO VAGOS

 

Malú Kikuchi (16/3/2018)

Hace pocos días el gobierno anunció un plan social para acceder a los planes sociales. Los beneficiarios de los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen, como contraprestación a la actual limosna (no hay otra definición para explicar el hecho de recibir $$$ sin dar nada a cambio), deberán terminar la primaria y secundario. ¡Horror! ¡Tienen que EDUCARSE!

Según la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el plan va a afectar a 260.000 beneficiarios. Hay muchos países donde la educación no es gratuita, acá lo es. Y en este caso no sólo es gratuita, es para que reciban un dinero mensual que pagamos los argentinos que trabajamos y sale de nuestros impuestos. Los beneficiarios no están contentos.

Alguien, hace mucho tiempo, les dijo que la vida, la sociedad, el FMI, el quiosquero de la equina o el supermercado, les debían algo. Que bastaba con estirar la mano y ese algo les iba a caer por el arte de la magia de la política populista. Después de ese alguien, casi todos los que le siguieron pensaron más o menos lo mismo. Es más redituable mantener mendigos, que educar ciudadanos.

En particular, si el dinero de las limosnas lo ponen otros, en este caso los ciudadanos que trabajan y pagan impuestos. El gobierno trata de remediar la situación La respuesta del 15/3/2018 fue una manifestación manejada por los de siempre, en particular la CCC, el Movimiento Evita y Barrios de Pie, que son los que hasta ahora administraban los planes. Se les acabó el negocio.

Los beneficiarios deberán inscribirse en los lugares de enseñanza que se les adjudiquen, deberán asistir a clase y …aprender!!! El 15 la protesta sumó madres con bebés en cochecitos, chicos de corta edad, jóvenes arengando. Caminaron desde el obelisco hasta el Ministerio de Trabajo, donde pretendían ser recibidos por las autoridades del mismo.

El pretexto es que el gobierno quiere dejar de pagar los subsidios. Y ojalá sea así. A las personas que tengan el mínimo nivel cultural para conseguir un trabajo en blanco, les será más fácil obtenerlo (no lo buscan, ¿para qué?), que a los semianalfabetos que hoy mantenemos entre todos. Todos es un decir. Cada día somos menos los que pagamos más.

Esperemos que el gobierno cumpla con su palabra. Esperemos que sean rígidos en cuanto a controlar si van a estudiar o no. Macri prometió en campaña “pobreza 0”, una utopía, pero tiene el compromiso de bajarla. Educar siempre ha sido la respuesta, es hora de empezar. A pesar de que la izquierda grite y las organizaciones sociales se quejen, hay que educar aunque no quieran.

El plan se llama “Educación Formal Obligatoria”, eso que creíamos se había establecido en 1884 (1ª presidencia de Julio A. Roca) con la ley 1420 y que fue extendiendo los años de estudio porque el mundo avanza. Pero como la Argentina retrocede, parece que la educación pública, obligatoria y gratuita, ahora hay que imponerla por la fuerza, para que a los “desgraciados” que van a ser “torturados” con el aprendizaje, puedan recibir dinero. ¡!!Estudiar para que se les pague!!! La Argentina está enferma.

La Argentina está enferma, enferma grave. Esperemos que el milagro de la educación comience a sanarla. Para que se cure y nosotros dejemos de mantener vagos. Que por lo que se ve, ser vago ha sido hasta ahora un trabajo remunerado. Los dejo con alguien que amaba los pobres en el buen sentido y que se explicaba claro y alto, para que lo entendieran bien.

El Papa Juan Pablo II, en Santiago de Chile, ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 1987: “El trabajo estable y justamente remunerado posee, más que ningún otro subsidio, la posibilidad intrínseca de revertir aquel proceso circular que habéis llamado repetición de la pobreza y de la marginalidad. Esta posibilidad se realiza, sin embargo, sólo si el trabajador alcanza cierto grado mínimo de educación, cultura y capacitación laboral, y tiene la oportunidad de dársela también a sus hijos. Y es aquí, bien sabéis, donde estamos tocando el punto neurálgico de todo el problema: la educación, llave maestra del futuro, camino de integración de los marginados, alma del dinamismo social, derecho y deber esencial de la persona humana”.

Los que manipulan los planes y manejan a la pobre gente, ¿les permitirán saber quién fue Juan Pablo II y lo que pensaba sobre la pobreza y cómo remediarla? Seguro que no, se les acabaría el negocio de mantener muchos pobres mal alimentados, casi analfabetos, sometidos a la orden de a quienes votar. Además dejarían de cobrar su “diezmo”.

FUENTE: http://www.lacajadepandoraonline.com/blog2/?p=26266

LA CARENCIA DE UN CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR

Reconstruir la capacidad defensiva implica también recomponer las instituciones que aseguren el correcto comportamiento del personal de las Fuerzas Armadas

Son una rara excepción las naciones que no disponen de fuerzas armadas. La Argentina cuenta formalmente con ellas, aunque en situación de haber perdido prácticamente su capacidad operativa, luego de más de 30 años de virtual falta de inversiones y objetivos. Podría decirse que nuestro país procedió a desarmarse aunque no lo expresara institucionalmente. Parecería, sin embargo, que hoy hay vocación de modificar esta situación, según lo han declarado el presidente Macri y el ministro de Defensa, Oscar Aguad.

Siendo así, es oportuno recordarles a nuestras autoridades que las Fuerzas Armadas argentinas son el único caso en el mundo en que no están bajo jurisdicción de un código de justicia militar.

El 6 de agosto de 2008, el Senado de la Nación sancionó, por unanimidad de los 60 senadores presentes, la ley que derogó el código de justicia militar. A partir de entonces los efectivos de las Fuerzas Armadas son juzgados por la Justicia Federal sobre la base de los códigos Penal y Procesal Penal. Culminó así un camino iniciado durante el gobierno de Raúl Alfonsín con los juicios a las juntas por tribunales no militares constituidos a tal efecto.

La eliminación del código y del fuero militar respondió al errado concepto de que protegían a los hombres de armas frente a los delitos cometidos en la lucha antisubversiva. También se eliminaron los tribunales de honor, cuyas penas eran justamente las más temidas, porque sumaban desprestigio y vergüenza como la más dura sanción para un militar. Desde entonces se juzgan los hechos militares en forma equivalente a los civiles.

Estos cambios han significado un error conceptual que perdura y que implica desconocer las formas y el fondo de las funciones y deberes de los hombres de armas. Decía Carlos Pellegrini: “No es admisible en ningún caso, bajo ningún concepto, sin trastrocar todas las nociones de organización política, equiparar el delito civil al delito militar, equiparar el ciudadano al soldado. Son dos entes absolutamente diversos. El militar tiene otros deberes y otros derechos, obedece a otras leyes, tiene otros jueces; viste de otra manera, hasta habla y camina de otra forma”.

Decía Domingo Faustino Sarmiento: “El Ejército es un león que hay que tener enjaulado para soltarlo el día de la batalla”, a lo que agregaba Carlos Pellegrini: “Esa jaula es la disciplina y sus barrotes son las ordenanzas y los tribunales militares, y sus fieles guardianes son el honor y el deber”. La claridad de estos pensamientos no deja lugar a dudas.

Los cambios respondieron a una presunción de parcialidad y liviandad del fuero militar por parte de la dirigencia política. Sin embargo, la experiencia dice que tanto los códigos como los tribunales militares han sido en general más severos que los civiles. Hay delitos que son característicos y propios de la vida militar, como la insubordinación, la cobardía, el abandono del servicio o la traición. Todos los códigos de justicia militar del mundo tratan estos delitos. Solo quienes saben sobre la crueldad de la guerra y de los comportamientos militares en toda circunstancia pueden juzgar con conocimiento de causa. Entenderán la disciplina militar, responsabilizarán a quienes dan órdenes por sobre quienes las cumplen y serán particularmente duros con aquellos que vulneren los valores en que se sustentan las estructuras militares.

La reconstrucción de la capacidad defensiva de nuestro país no solo exigirá un esfuerzo económico y organizacional, sino también recomponer las instituciones que aseguren el correcto comportamiento del personal militar. Para ello será imprescindible contar con una justicia ad hoc, la que a su vez actúe bajo un código de justicia militar del que hoy se carece y que deberá recrearse.

FUENTE: https://www.lanacion.com.ar/2118718-la-carencia-de-un-codigo-de-justicia-militar

NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

FERNÁNDEZ MEIJIDE: ASTIZ "DEBERÍA ESTAR CON PRISIÓN DOMICILIARIA"

"A determinada edad o con enfermedades terminales, deja de ser una condena y pasa a ser casi venganza mantener a una persona en prisión. Por mí, deberían mandarlo (a Astiz) a su domicilio, con prisión domiciliaria, con la pulsera electrónica, que pudiera atenderse y eventualmente estar cuidado por la gente que designe él mismo o su familia". Leer más

NOTA: A la luz de la reciente Acordada 4/2.018 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 15 de marzo 2.018, por unanimidad con dos disidencias parciales de fondo –que no causan estado- habría que analizar si no se abrió una nueva instancia que permita plantear la suspensión y nulidad de todo lo actuado en los mal llamados “juicios de lesa humanidad”. Nadie está pidiendo una amnistía o indulto, se trata que se respeten las normas del derecho y que el estado garantice un juicio justo… aspecto en que ha fallado. La CSJN debería disponer una auditoría jurídica al respecto.

USTEDES SON UNOS MONSTRUOS... SÍ, USTEDES!

VENGATIVOS Y FEROCES: ETCHECOLATZ VUELVE A CÁRCEL COMÚN

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, a través de los votos de los vocales Borinsky y Hornos (con la disidencia del Dr. Gemignani) acaba de revocar la prisión domiciliaria otorgada al Sr. Etchecolaz disponiendo su inmediato encarcelamiento. Admitió, de esta manera, los vengativos y feroces reclamos de la querella y del fiscal que representa al Estado. Es decir, al Ministerio de Justicia. Es decir, al Sr. Garavano, titular del ministerio, y en definitiva al Sr. Mauricio Macri, presidente de la Nación.

Dr. Gustavo Hornos y Dr. Mariano Borinsky

Todos ellos son responsables, por ende, de uno de los pronunciamientos judiciales más arbitrarios, más inhumanos y más hipócritas de nuestros anales. Y no porque no haya otros muchos de semejante factura en este asunto de la persecución a los militares y policías antisubversivos, sino porque éste supera la medida de todos. Por la naturaleza del caso, y por sus insólitos fundamentos.

El fallo admite que Etchecolaz, de 88 años de edad (léase bien: 88 años de edad), “…se encuentra en silla de ruedas con `…sonda vesical permanente…´, presentando las `…siguientes afecciones clínicas…´ de evolución crónica e irreversible: a) deterioro cognitivo a dominio mnésico, b) extrapiramidalismo con temblor en miembros superiores a dominio derecho, c) hipertensión arterial, d) trastorno neurológico que altera la estabilidad y la marcha y e) trastornos prostáticos que comprometen la micción […] presenta como antecedentes `…acv hemorrágico con compromiso derecho…´, `…depresión…´, `…deterioro cognitivo…´, `…labilidad emocional…´, `…regular a mal estado general…´con `…signos de deshidratación…´e `… hipoacusia izquierda con caída de graves y agudos…´…” (cfr. fs. 861 vta./862). También se dio cuenta de la historia clínica del imputado remitida por el Hospital Interzonal “Alberto A. Eurnekian” y por el Hospital Penitenciario Central del C.P.F. I de Ezeiza de la que surgía el ingreso del encausado al nosocomio a causa de una sospecha de ACV.

Casi 90 años, en silla de ruedas, enfermedades gravísimas y agudos dolores que los visitantes a la cárcel hemos presenciado muchas veces antes de que se le otorgara la prisión domiciliaria que ahora se revoca. ¿Qué más hacía falta para aplicar la ley que expresamente dispone la prisión domiciliaria para mayores de 70 o con enfermedades relevante, tal como hizo la instancia anterior? Nada. Se trata de un caso indubitable.

Los dos jueces que deciden encarcelar nuevamente a un hombre enfermo, sin movilidad propia, y de 90 años, incapaz por ende de fuga o de cualquier otra cosa, emplean argumentos de tal manera maliciosos que cualquier lector imparcial advierte de inmediato en ellos una voluntad clara y decidida de acelerar la muerte del prisionero. Máxime cuando cínicamente sostienen que la cárcel de Ezeiza es realmente un hospital que puede cuidar a este tipo de ancianos enfermos.

Los maliciosos argumentos que emplean son estos: que sobre la prisión domiciliaria la ley dice “podrá” y no “deberá”; que no se ha demostrado que en Ezeiza no se le preste suficiente atención (saben muy bien, sin embargo, porque está dicho en el fallo, que los médicos anunciaron el agravamiento de sus dolencias si se mantiene la prisión carcelaria, y saben que Ezeiza no es un hospital ni nada que se le asemeje: que carece de todos los elementos mínimos para atender a enfermos y mucho menos a un hombre en estas condiciones); que no se ha tratado bien la hipótesis de fuga y que podría tener armas en el domicilio (sin palabras, salvo el calificativo de “cínicos” que merecen estos violadores sistemáticos de la justicia).

Lo peor del caso que comentamos, sin duda, ha sido la actitud del Ministerio de Justicia, del gobierno en suma, a través de la actuación del fiscal, quien cual perro rabioso se ha lanzado sobre un pobre anciano indefenso buscando su muerte en el encierro.

En definitiva, de todos estos funcionarios involucrados, sin moral y sin piedad, que operan hipócritamente bajo el cínico y burlón nombre de “Cambiemos”.

FUENTE: https://justiciayconcordia.org/vengativos-y-feroces-etchecolatz-vuelve-a-carcel-comun/

TORMENTAS JUDICIALES

"Una cosa no es justa por el hecho de ser ley.
Debe ser ley porque es justa".
Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu

La sociedad observa, pasmada, el errático y contradictorio comportamiento de los jueces federales de todas las instancias, Corte Suprema incluida.

Ayer mismo, los dos tipos que realizaron la mayor estafa al Estado y, por ende, a todos los ciudadanos, recuperaron su libertad después de escasas semanas en la cárcel. Pese a encontrarse procesados conjuntamente con su cómplice (Ricardo Echegaray, ex Administrador Federal de Ingresos Públicos), por haber robado la sideral suma de ocho mil millones de pesos, reteniendo impuestos que pagaron los automovilistas que cometieron la incalificable torpeza de cargar combustibles en las estaciones de Oil, Cristóbal López y Fabián de Souza recuperaron su libertad. Los jueces de Casación que lo decidieron arguyeron que ellos no podían poner en riesgo la investigación de los hechos; además, les dieron la posibilidad de ver reducida la calificación de los delitos cometidos y pasar a discutirlos en el fuero penal económico.

Eso, a su vez, les permitiría obtener de la AFIP moratorias y facilidades de pago que, una vez otorgadas, harían caer las causas penales que los afectan. La reciente renuncia de Alberto Abad, la piedra más grande en el zapato de los bandidos, dio pábulo a Elisa Carrió para denunciar ayer un pacto de impunidad con estos pseudo empresarios, que construyeron un verdadero imperio utilizando dineros ajenos y hurtados.

Mientras los jueces de Casación priorizan las garantías constitucionales de estos emblemas de la corrupción kirchnerista, muchísimos presos militares, sin condenas firmes, se encuentran en prisión preventiva desde -algunos- hace más de diez años, cuando el máximo que establece la ley es dos, prorrogable sólo por uno más en casos fundados.

Y contemporáneamente, la Cámara Federal revocó la prisión domiciliaria (no estaba en libertad) de Miguel Etchecolaz, un anciano de nada menos que 88 años,  condenado en varios juicios amañados por delitos de lesa humanidad, con patologías -dos ACV, por ejemplo- que lo llevarán a la muerte en la cárcel.

La Corte Suprema resolvió, ya hace un tiempo, que todos los argentinos (incluidos los acusados de ese tipo de delitos) tienen el mismo derecho a que se les aplique la ley más benigna; y lo hizo en el caso de un "represor" -Luis Muiña- que había pedido que se hiciera el cómputo de su pena utilizando para el cálculo la Ley 24.390, ya derogada, que establecía que, por cada dos días en prisión preventiva, se descontaba uno de la condena. Dijo el máximo Tribunal que, en la medida en que ese beneficio había regido en algún momento del proceso, debía ser tomado en cuenta para resolver.

Tal como era de esperar, la izquierda y los organismos de falsos derechos humanos armaron el escándalo de práctica y nuestros políticos, aterrados y cobardes, sancionaron inmediatamente una ley que "interpretó" que ese famoso "2x1" no era aplicable a los presos militares. Un nuevo escándalo jurídico de este ex honorable Congreso que supimos conseguir, que ya había derogado las leyes de "obediencia debida" y "punto final", habilitando la clara venganza -no la Justicia- de los impunes criminales terroristas de ayer.

La Corte no ha vuelto a pronunciarse aún sobre el fondo de otros casos que han llegado a sus estrados pero en uno concreto, donde se le negó ese beneficio a un militar, ya resolvió no resolver, aduciendo que no se trata de una sentencia definitiva que pusiera fin al proceso.

En el marco de la pulseada política, el Tribunal supremo ordenó que las causas que ya habían sido atribuidas al Tribunal Oral Federal N° 9, debían volver a ser sorteadas pues éste aún no había sido habilitado por la Corte. La decisión, adoptada por mayoría (a favor Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti; en contra Elena Highton de Nolasco y Carlos Rozenkrantz) amén de retrasar el trámite de causas notorias (el megajuicio de corrupción -"Báez", "Hotesur", "Los Sauces" y "Ruta del dinero K"- y el encubrimiento del atentado a la AMIA, denunciado por el asesinado Fiscal Alberto Nisman), produjo todo un cimbronazo en todo el mundo judicial.

Para que quienes no son abogados lo entiendan, el fallo se basó en que quienes integran el TOF 9 pertenecen, en realidad, al fuero ordinario, o sea, no han sido designados como jueces federales y, consecuentemente, no cumplen el requisito de "jueces naturales" que exige la Constitución. La repercusión que la decisión tendrá aún resulta incalculable porque podría significar la nulidad de muchísimos procesos orales en curso por distintos delitos, de prisiones preventivas y de sentencias firmes, por tramitar o haber sido dictadas por tribunales -son muchos, por cierto, debido a las vacantes no cubiertas- integrados por jueces subrogantes, "no habilitados" para analizar causas federales.

Reina en Comodoro Py un clima de inquietud perceptible porque, a todo eso, se suma la manifiesta intención del Gobierno de duplicar el número de juzgados federales de primera instancia -hasta ahora, son doce- con el claro y coincidente propósito de dar celeridad a los juicios y reducir la monumental influencia de los actuales titulares (muchos de ellos son famosos y algunos tienen pésima reputación: María Romilda Servini de Cubría, Sebastián Ramos, Daniel Rafecas, Ariel Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi (está a cargo de uno y, además, subroga en otro), Rodolfo Canicoba Corral, Sebastián Casanello, Luis Rodríguez, Julián Ercolini, Claudio Bonadío y Sergio Torres). Y si aún se le agrega la paralela iniciativa de transformar el sistema procesal penal en acusatorio, dejando la investigación en manos de los fiscales y reservar a los jueces sólo el control de legalidad, la resistencia de los actuales magistrados resulta comprensible.

El Poder Ejecutivo está, ciertamente, molesto con la resolución de la Corte Suprema, pero poco podrá hacer al respecto, al menos mientras ese organismo tenga la actual composición; en el futuro, sólo podrá impulsar al Consejo de la Magistratura a acelerar los concursos para llegar a la rápida designación de nuevos jueces para cubrir cientos de cargos vacantes. De todos modos, me anticipo a recordar que las designaciones dependen, finalmente, del Senado y eso hace que sean motivo de negociación permanente entre las diferentes expresiones políticas.

Bs.As., 17 Mar 18

Enrique Guillermo Avogadro

Abogado

E.mail: ega1@avogadro.com.ar

E.mail: ega1avogadro@gmail.com

RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

La doctora Victoria Villarruel está haciendo un gran esfuerzo para que el estado y la sociedad visualicen, reconozcan, contengan y reparen a las Víctimas del Terrorismo en la Argentina.

Una vez más, el 7 de marzo 2018, apareció en el programa Intratables que se emite por América TV y es conducido por Santiago del Moro.

Cada aparición ante cámaras de la doctora Villarruel mueve el avispero, ella llama la atención sobre las víctimas del accionar terrorista de los años 70 y la impunidad de la que gozan sus victimarios en una guerra revolucionaria desatada por las bestias que abrieron  la caja de Pandora.

Esas víctimas han sido ignoradas por todos los gobiernos -el propio Grl Videla confesó: “no supimos que hacer con ellas”-, inclusive el actual gobierno que en campaña prometió terminar con el curro de los derechos humanos.

Ya es hora que el estado se haga cargo del grave error que significa continuar ocultando esas víctimas y glorificar a quienes las victimizaron bajo la mentirosa bandera de los “jóvenes ideales”. Si la ley no es igual para todos no es justa, es sectaria, discriminatoria, y vaya a saber para qué ocultos objetivos se lleva adelante esa injusticia.

Los indiscretos panelistas de Intratables, en más de una oportunidad, tratan de “chicanear” a la expositora… pero ella admirablemente no cae en la trampa. Con cifras y ejemplos exactos, deja a algunos de sus interlocutores balbuceando una “chicana” sobre la dictadura, que ya por repetida: aburre y a nadie engaña.

Más de una vez Villarruel resulta airosa en esos desencuentros con los panelistas o invitados a debatir con ella. ¿Tan difícil es comprender sus simples y  certeros argumentos? Tales como: dar a conocer la lucha de Celtyv contra la impunidad de los terroristas, así como para que sean reconocidos los derechos humanos de sus víctimas inocentes; las cuales son acreditadas fehacientemente por la presidente de Celtyv. 

Por favor vean el siguiente video y saquen sus propias conclusiones: