lunes, 27 de abril de 2020

LA BENDITA RUTINA DEL BARCO



Javier Marías[1]

Los marinos son gente acostumbrada a no moverse de un único espacio al que acechan peligros y adversidades

En estos tiempos coronarios, los periodistas se han vuelto hacia los escritores -en particular los novelistas-, como a gente acostumbrada a largos confinamientos relativos, y de paso les han preguntado qué obras recomendarían en las actuales circunstancias. Es verdad: cuando escribimos una novela, sobre todo si es extensa, pasamos meses y años durante los cuales buena parte de nuestras jornadas transcurren en soledad, silencio y considerable quietud. Claro que nuestras cabezas no paran, están en ebullición también en las horas “libres”: desde un rincón de la mente seguimos rumiando cómo enfrentarnos a la página o páginas que vendrán. La mayor sensación de estar recluido, sin embargo, no la he tenido mientras escribía algo propio, sino cuando traducía, hace ya mucho. Para mí esta actividad desdeñada es tan creativa como la escritura, y puede que en ella haya alcanzado más altos niveles de concentración, y acaso de satisfacción. Cuando uno inventa, tiene a mano todas las posibilidades y toma todas las decisiones. Cada hoja está en blanco, y en ocasiones uno no sabe cómo continuar: se detiene, vacila, piensa, incluso remolonea, esa página nunca nos mete prisa. En una traducción, en cambio, cada página está llena de lo que otro, a menudo mejor, concibió en otra lengua; sabemos desde el primer momento cuál es la extensión del libro, y en cierto sentido nos apremia a ocuparnos de él, a reescribirlo en nuestro idioma y posibilitar que muchos más lo puedan disfrutar. Yo traduje obras de los siglos XVII y XVIII, y pensaba que ya habían esperado bastante para llegar al lector en español. Quizá el contento por acabarlas de manera digna, de proporcionarles una versión aceptable en mi lengua, que no desmereciera demasiado de la original, ha sido mayor que el procurado por la conclusión de cualquier novela mía. Sobre éstas no puedo juzgar; sobre el resultado de una traducción, bastante más, porque conozco el modelo con el que se debe comparar.

Nadie en mi país me ha preguntado por los libros que recomendaría ahora, pero sí en Francia y en Grecia, y allí he respondido que desde luego no La peste ni La montaña mágica ni Los novios de Manzoni ni a Defoe ni siquiera el Decamerón -muy aconsejados por otros colegas-, porque, por uno u otro concepto, nos remiten a la situación real, y ya tenemos suficiente con esta realidad monotemática. Me he inclinado por dos obras que traduje hace largo tiempo y que me “confinaron” del modo descrito. Una es una de las mejores de Joseph Conrad -lo cual es como decir de la historia de la literatura- y no es una novela, sino sus recuerdos y reflexiones sobre la vida marinera que llevó antes de atreverse a empuñar la pluma. El espejo del mar, de 1906, lo paladean enormemente los aficionados a navegar, pero creo que también cualquiera que jamás haya zarpado en una embarcación. Y encierra enseñanzas sobre cómo sobrellevar los prolongados encierros en los veleros decimonónicos: los marinos sí que son gente acostumbrada a no moverse de un único espacio al que acechan peligros y adversidades.

El confinamiento me pilló lejos de mi biblioteca y de ese volumen, así que a franceses y griegos fui incapaz de brindarles una cita literal. Recurrí a la memoria y les ofrecí una reelaboración: “Lo que salva al marino cuando se embarca”, parafraseé, “y sabe que no retornará al puerto de partida durante un año o dos, es la rutina, la bendita rutina. Al cabo de unos días de desconcierto y oscuridad del ánimo, el marino sabe lo que le toca hacer cada jornada, aunque sea siempre igual, y lo hace como si eso fuera lo más importante del mundo o lo único, y tener esa tarea por delante lo salva de la soledad, el encierro, los pensamientos sombríos y la desesperación que intermitentemente lo volverá a asaltar”. Más tarde he buscado en Internet, y he dado con unos párrafos de mi traducción que no sé si son otros que el que yo reelaboré. Dice Conrad en ese texto: “Algunos capitanes de barco marcan su partida de la costa nativa contristados, con un espíritu de pesar y descontento. Tienen mujer, tal vez hijos, alguna querencia en todo caso, o quizá solamente algún vicio predilecto que debe dejarse atrás durante un año o más … La rutina del barco es una medicina excelente para los corazones dolidos y también para las cabezas doloridas; yo la he visto calmar a los espíritus más turbulentos. Hay salud en ella, y paz, y satisfacción por la ronda cumplida, porque cada día de la vida del barco parece cerrar un círculo dentro de la inmensa esfera del horizonte marino. La majestuosa monotonía del mar le presta su similitud y con ella una cierta dignidad … En ningún sitio se sumergen en el pasado los días, las semanas y los meses más rápidamente que en el mar. Parecen quedar atrás con tanta facilidad como las ligeras burbujas de aire en los remolinos de la estela del barco, y desaparecer en un gran silencio por el que el navío avanza con una especie de efecto mágico”. Muchos no tienen hoy tareas con las que engañar al tiempo, pero siempre se pueden inventar, las que sean, y aplicarse a ellas como si fueran lo más importante del mundo, o lo único que cabe en él, confiando en que la mayoría volveremos al puerto de partida, alguna vez.


[1] Javier Marías. (Madrid, 1951) Escritor español. Hijo del filósofo Julián Marías, se licenció en filosofía y letras; durante dos años llevó a cabo su actividad docente como profesor de literatura española en la Universidad de Oxford y en el Wellesley College (Massachusetts).

domingo, 26 de abril de 2020

¿NO APRENDIMOS NADA LOS ARGENTINOS?


Quienes por edad fuimos testigos de la violencia política de los años '70, que generó la peor de las guerras entre hermanos. Fue un baño de sangre innecesario y desatado en forma unilateral por las organizaciones político-militares, quienes atacaron a la sociedad durante un gobierno democrático elegido por la mayor cantidad de votos de la historia nacional[1].


La primera reacción a esa agresión provino de la organización criminal denominada Triple A, que nació del mismo movimiento político que ejercía el gobierno. Fue pensada y ordenada por el mismo jefe de estado e instrumentada a través de su ministro de Acción Social, José López Rega (a) el Brujo.


Nunca se efectúo una investigación oficial de las actividades violentas que se iniciaron dentro del mismo peronismo, desde el 20 de junio de 1973 -“la matanza de Ezeiza”- y hasta el 24 de marzo de 1976 -golpe militar pedido por la mayoría de la ciudadanía y políticos-. Tampoco lo hacen las Organizaciones de Derechos Humanos, para ellos ese período no existió.

Ahora la vicepresidente de la Nación, Cristina Elisabet Fernández Vda. de Kirchner, pretende avasallar la división de poderes y su abogada amenaza con escribir la historia con sangre.

De nuestro doloroso pasado reciente ¿NO APRENDIMOS NADA LOS ARGENTINOS?

¿El NUNCA MÁS es solo para un sector de nuestras instituciones? ¡No señores! Es para toda la sociedad y debemos detener todo intento de violencia, más ante el enfrentamiento de una pandemia que tiene en vilo a toda la humanidad.

La justicia debe estar a la altura de las circunstancias, actuar rápida, eficiente y objetivamente. NUNCA MÁS A LA VIOLENCIA POLÍTICA y NUNCA MÁS A LA CORRUPCIÓN GENERALIZADA. La impunidad se acabó para todos, no hay excepciones.

El estado debe cumplir con el art. 18 de nuestra Constitución Nacional[2] y el principio de la Ley Igualitaria[3]




GRAVÍSIMA AMENAZA A LA PAZ SOCIAL

Un contrato social y político vigente desde 1983 fue destruido por un desquiciado tuit de pocas palabras. Ese pacto implícito señalaba un nunca más a la violencia política, después de que la Argentina sufriera en los años 70 los criminales desbordes de la guerrilla y de la represión. El proceso de ruptura lo inició Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, quien escribió, en una clara y pública presión a la Corte Suprema, que el tribunal “debe decidir ahora si vamos a escribir la historia con sangre o con razones, porque la escribiremos igual”.

Graciana Peñafort

Se refería a la presentación de su jefa, Cristina Kirchner, ante la Corte para que esta le informara si es constitucional una reunión telemática del Senado en la que se tratará el proyecto de su hijo, Máximo, sobre un impuesto a las grandes fortunas. Si el tuit de Peñafort, alta funcionaria del Senado, ya era una amenaza a la paz social, el mensaje escaló hacia una fase mucho más grave cuando la propia Cristina retuiteó aquella frase de Peñafort. “Imperdible”, la calificó, y la hizo suya. Cristina ya no está sentada en su casa ni dedicada a la tramoya política en el Instituto Patria; es la vicepresidenta de la Nación. ¿Existe la amenaza de una guerra civil? ¿De una resucitación de la lucha de clases? ¿De un regreso a la violencia política en alguna de sus formas? Ninguna historia se escribe con sangre si no hay violencia en el medio. Cualquier alternativa es posible.


A Cristina Kirchner le costó siempre (y mucho más a sus seguidores) entender que las palabras violentas son el precedente necesario de los hechos violentos. El kirchnerismo frenó en su momento el proceso en el que los grupos insurgentes de los años 70 admitían que la vía armada había sido un error. Lo hizo cuando convirtió la acción de la guerrilla setentista en una hazaña épica. Ni Néstor ni Cristina Kirchner tuvieron participación alguna en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura ni habían participado antes de la sublevación armada. Se construyeron como héroes tardíos de una revolución que no fue. En rigor, ni siquiera conocían profundamente el proceso de revisión del pasado que ocurrió desde 1983 con el juicio a las juntas militares. Tampoco sabían que la democracia promovió contratos implícitos para restablecer la paz social. Uno de esos contratos, tal vez el más importante de todos, es el que acaba de romper Cristina Kirchner haciendo suya una frase desgraciada de su abogada predilecta. Era el que impedía la restauración de la violencia política o la incitación a ella. Llama la atención que ni el Gobierno ni gran parte de la dirigencia política hayan tomado distancia de semejante desvarío.


Tampoco la vicepresidenta tiene en cuenta que cuando presiona bruscamente a la Corte lo está haciendo una imputada en muchas causas por supuesta corrupción que planteó apelaciones ante ese tribunal, que este no resolvió aún. Una de esas apelaciones, la más inconcebible de todas, es la que reclama una auditoría de toda la obra pública desde 2003 hasta 2015. La estrategia es perfecta: nunca llegaremos a conocer los resultados de esa auditoría, si es que la Corte la autoriza. Solo el paso del tiempo declararía inocente a Cristina. Entonces, ¿la presión la ejerce la vicepresidenta de la Nación o la imputada que tiene expedientes en trámite en la Corte? Pasa algo parecido con Peñafort, que es abogada de Amado Boudou. Cuando ella recurre a los jueces para defender al exvicepresidente, ¿lo hace la directora de Asuntos Jurídicos del Senado o una abogada particular? Aunque no lo diga, el simple hecho de tener el cargo que tiene puede amedrentar a algunos jueces. Por eso, la ley y la reglamentación le prohíben hacer las dos cosas al mismo tiempo. Un reglamento firmado hace casi 20 años por Juan Carlos Maqueda, entonces presidente del Senado, y por Eduardo Camaño, entonces presidente de Diputados, les prohíbe a los abogados del Poder Legislativo litigar contra los intereses del Estado. Boudou está condenado por cohecho (cobrar coimas, para decirlo sin disimulos) y por negociaciones incompatibles con la función pública. Son delitos contra la administración pública; es decir, contra el Estado.

En la presentación de Cristina ante la Corte, ella le advirtió al tribunal que quería una declaración de certeza porque en los últimos años, subrayó, hubo maniobras de la Justicia y los medios periodísticos para “proteger intereses económicos”. Son los intereses, desliza, que están siendo zamarreados por el proyecto de su hijo. Ahora bien, ¿le reclamaba a la Corte que le adelantara si iba a seguir protegiendo intereses económicos? Sería el colmo de la hipérbole. En declaraciones posteriores de Cristina y de Peñafort, ambas señalaron que la Corte puede hacer cualquier cosa si quiere hacerla. No es así.

En primer lugar, un antojo de la vicepresidenta no es una cuestión originaria de la Corte. El máximo tribunal solo se ocupa directamente (sin que los expedientes hayan pasado por las instancias inferiores) de cuestiones relacionadas con las provincias y con asuntos que conciernen a diplomáticos extranjeros o a sedes diplomáticas. Tampoco la Corte puede emitir una opinión en el vacío. Desde 1865, en el primer tomo de fallos del tribunal ya existen sentencias que señalan que “los tribunales de la Nación no deben resolver cuestiones abstractas, sino casos judiciales”. También hay fallos de aquella época en los que la Corte señala que no se le puede “pedir una opinión sobre una ley”, sino “aplicándola en casos concretos y señalando al contradictor”. Esto es: debe haber un agravio, que en este caso no existe. Cristina pretextó “gravedad institucional”. ¿Será porque se trata de un proyecto de su hijo o porque siempre que ella interviene hay “gravedad institucional”? En las apelaciones ante la Corte sobre los casos de corrupción de los que se la acusa también alegó “gravedad institucional”. Todo es grave cuando se trata de ella.


Cristina le pidió a la Corte, en síntesis, que resuelva problemas de otro poder del Estado. Es el Senado el que debe resolver sobre el Senado. La división de poderes no funcionaría de otra manera. Este fue el argumento unánime de la Corte para rechazar el pedido de Cristina. Argumento obvio. Cuando existan hechos consumados, la Corte decidirá si son constitucionales o no, como lo adelantó con razón en su voto el juez Horacio Rosatti. Y siempre y cuando haya un proceso judicial iniciado por alguien que se sintió agraviado y haya atravesado todas las instancias judiciales. Un voto solitario del presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, promovió el rechazo sin mayores argumentos del planteo de Cristina. Es improcedente. Punto y a otra cosa. La vicepresidenta arguyó que temía, si el cuerpo se reunía para cambiar el reglamento, por el contagio de los senadores y de sus empleados. Podría pedirle prestado a su aliado Sergio Massa el recinto de la Cámara de Diputados, que tiene capacidad para 257 legisladores. Los senadores son solo 72; podrían sentarse a más de tres metros de distancia, con barbijos y guantes de látex. Hay muchos servidores públicos que corren el riesgo del contagio y, sin embargo, están trabajando. Los médicos, paramédicos, enfermeros, fuerzas de seguridad y no pocos funcionarios y empleados de la administración pública. ¿Quién estableció que los senadores son una estirpe privilegiada que debe ser cuidada como una especie en peligro de extinción?

Otro pasaje del absurdo lo protagonizó de nuevo Peñafort cuando señaló que el procurador general, Eduardo Casal, es “el escudo de protección que dejó Macri”. El procurador se pronunció en contra de que la Corte aceptara la presentación de Cristina (que es lo que la Corte hizo). Casal es un funcionario con una larga carrera en la Procuración General y era uno de los segundos de Alejandra Gils Carbó; quedó interinamente a cargo de la Procuración cuando esta se jubiló. Si vamos a ir de la deducción a la inferencia, podemos colegir entonces que Gils Carbó era también una infiltrada de Macri en la cima del Poder Judicial. Nada es peor, con todo, que convocar a la violencia entre efusiones tan extravagantes.

Por: Joaquín Morales Solá


NOTA: Las imágenes, destacados y referencias no corresponden a la nota original.



[1] El vencedor fue Juan Domingo Perón, candidato del FREJULI, un frente integrado por peronistas, frondizistas, conservadores populares, demócrata cristianos y socialistas, con el 61.85% de los votos, que resultó electo para su tercer mandato
[2] Artículo 18 Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.

[3] Que la ley no es igual para todos ha quedado demostrado con el beneficio de la prisión domiciliaria otorgado a Boudou, De Vido, Milagros Sala, etc. Otra demostración que la violencia es la que impone sus requisitos a la justicia, quedó demostrado ayer con el motín de la Cárcel de Villa Devoto.
Por todas estas faltas a la ley y clara demostraciones de discriminación es que insistimos con nuestra petición de efectuar una auditoría jurídica de todo lo actuado en los llamados juicios de lesa humanidad.

sábado, 25 de abril de 2020

CUANDO LA LIMOSNA ES GRANDE...


Por Mauricio Ortín[1] 23.04.2020


Como bien prueba hasta el hartazgo Juan Tata Yofre en Fue Cuba, el régimen comunista de la isla-cárcel fue el principal responsable extranjero de la guerra civil que vivió la Argentina en los '70. Ya en los años 60 Fidel Castro envió a Orán un grupo de militares cubanos a formar una insurgencia contra el gobierno del Dr. Humberto Illia. Uno de ellos, el capitán Hermes Peña ultimó al gendarme argentino Juan Adolfo Romero en las afueras del pueblo de Yuto (Jujuy). Otro militar caribeño, Abelardo Colomé Ibarra (Furry) luego de su paso por la selva oranense siguió su carrera en el ejército cubano hasta alcanzar el grado de general y ocupar el cargo de Ministro del Interior de Cuba. Otro de esos cubanos invasores, Juan Castellanos fue capturado y purgó cárcel en el penal de Villa las Rosas de la capital salteña.

Ya en los 70 el régimen genocida cubano apañó a los terroristas que huían de la Argentina. Además de aguantadero también fue cómplice en atentados criminales. Es el caso del secuestro extorsivo por parte de los montoneros de los hermanos Juan y Jorge Born. El rol que le cupo a los cubanos fue el de sacar el dinero por valija diplomática. Que yo sepa nadie, hasta hoy, ha denunciado a estos maleantes por los actos de guerra perpetrados contra la Argentina y sus ciudadanos. Tampoco el régimen liberticida caribeño jamás pidió disculpas por sus crímenes.

Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Habría que agregar que si el que la da es el enemigo, la desconfianza debiera ser absoluta. Este es el marco en el que hay que analizar el ofrecimiento del régimen genocida cubano de enviar médicos a la Argentina para luchar contra el covid-19.

Para empezar, a nadie debiera escaparle que ningún ciudadano puede salir de Cuba sin autorización del gobierno. El hijo de Hilda Molina, el Dr. Roberto Quiñones (ambos cubanos), debió pedir asilo como única manera de salir de la isla-cárcel; su madre estuvo presa del régimen durante años hasta que la presión internacional hizo que pudiera establecerse en la Argentina. De Cuba los médicos salen para trabajar ya como esclavos del régimen (éste cobra los servicios y luego les reparte migajas) o, ya como espías de la inteligencia cubana. En Venezuela así se infiltraron hasta constituir la guardia pretoriana de Chávez, primero, y de Maduro, después. En el Chile de Salvador Allende cumplieron idéntica función. Hasta llegaron a encargar a un agente para que enamorara a la hija de Allende con el objeto de penetrar al círculo más íntimo. Derrocado Allende por Pinochet, Beatriz Allende se suicidó al enterarse de que su marido tenía señora e hijos en Cuba y que no estaba dispuesto a abandonarlos.

Así las cosas, no veo por qué se deba creer de buenas a primeras que los médicos-espías cubanos son más fieles al juramento hipocrático que al régimen al que sirven o al que tiene de rehenes a sus familiares. Por su parte, flaco favor hace el gobierno argentino a la tan declamada justicia social fomentando el trabajo esclavo.

Pero hay algo todavía infinitamente más grave que no se tiene en cuenta. El coronavirus además de una enfermedad es también un arma de guerra. Es más, se sospecha que había sido desarrollada como tal y que su difusión se debió a un error. Qué es esto de entregarle, aunque sea parcialmente, el manejo de semejante virus a agentes de un gobierno enemigo de la Argentina. El gobernador jujeño Gerardo Morales que se ha enfrentado a Milagro Sala y Evo Morales (ambos simpatizantes confesos de la dictadura cubana) es, objetivamente, un enemigo para Cuba. Una forma efectiva de desestabilizarlo sería infectarle la provincia con el coronavirus. Es tan fácil. Rociando con un aerosol en algunos lugares claves y listo. Si yo fuera Morales no dejaría entrar a ningún médico cubano en Jujuy.


Mauricio Ortín



[1] El autor es miembro del Centro de Estudios Salta (CES) y profesor de Filosofía en la UNAS.

LOS MÉDICOS CUBANOS

Por Omar López Mato 18.04.2020

















La Argentina es uno de los países con mayor cantidad de médicos per cápita del mundo. Según la OMS necesitamos un médico cada mil habitantes (aunque esta cifra parece que ha quedado desactualizada)

Se ha estimado que en el país existen más de 220.000 profesionales; en el año 2015 la proporción era 3.94 médicos cada mil habitantes, cuando USA tiene 2.42 por mil y en  Alemania 3.69 por millar. España tiene casi la misma proporción que Argentina, 3.94 por mil y Cuba 6.72 cada mil habitantes (algunos medios aseguran que ya son casi 9 por mil) casi el doble que todos los demás países, cosa que nos hace sospechar sobre la formación de estos profesionales producidos de forma industrial por una universidad cubana.

La distribución de nuestros profesionales varía de acuerdo a la geografía, mientras en el centro del país hay 6.90 médicos cada mil habitantes, en el NOA hay 3.05 pero en la Patagonia hay 5.35 por mil.

En el 2017 había 33 facultades de medicina en la Argentina con más de 15.000 alumnos de los que egresan  6.000 nuevos médicos cada año.

El estudio realizado en el 2012 y publicado en el 2014 en la revista del Ministerio de Salud Pública, comparte estos datos y destaca como nos encontramos en los niveles de los países más avanzados.

Sin embargo , hoy ese ministerio no piensa así y en estos día arriban 200 médicos cubanos que no harán la cuarentena obligatoria de 14 días; llegan con una declaración jurada avalada por el gobierno castrista que no tienen síntomas de covid-19. Sabemos a esta altura que existen pacientes asintomáticos que puede transmitir la enfermedad. ¿Acaso una declaración jurada es suficiente para certificar la posibilidad de no contagio?

Es curiosa la afirmación de nuestro  ministro quien, en febrero, declaró que el virus tardaría mucho en llegar y ahora teme se desate “una situación inmanejable”. ¿No fue una sobreactuación entonces, como lo es ahora?

Hace más de 10 años también se planteó el tema de los médicos cubanos y fue este mismo ministro quién entendió que había problemas de incumbencias. ¿Estamos saltando las vallas que el mismo Ministerio ha impuesto a sus connacionales? Hoy hay en la provincia de Bs. As. más de 50.000 médicos, ¿necesitamos más si estamos por arriba de lo requerimientos de la OMS? ¿Acaso doscientos hacen la diferencia? En todo caso podemos recurrir a los estudiantes de los últimos años de la carrera en caso de desmadre.

Un negocio del castrismo

¿Por qué los cubanos van a cobrar cinco veces más que nuestros médicos (50.000 contra 250.000)? ¿Adónde va ese dinero? Les puedo asegurar que no va al bolsillo de los médicos cubanos .Este es un negocio del gobierno castrista.

¿Qué garantía tenemos de la idoneidad de estos médicos cubanos?  ¿Sabemos cuáles son los niveles de las facultades donde se han formado? ¿Acaso son mejores o tienen más formación que nuestros médicos?

Los médicos argentinos que han pasado los exámenes pertinentes, que se han matriculado, que pagan las inscripciones en los colegios médicos, que pagan sus impuestos, que perteneces a sociedades de sus especialidades, ¿eso no sirve de nada? La estructura de profesionales de la salud se barre de un minuto a otro porque el ministro se asusta y con un simple certificado dado entre gallos y medianoches ingresan hoy 200 cubanos. ¿Y después?

Penetración ideológica

En mi opinión, es obvia la intencionalidad política y  de penetración ideológica que empuja esta decisión. Esto ya se  intentó en otros países con poco éxito. ¿Acaso por falta de idoneidad? En Italia prescindieron de sus servicios por “ser costosos y mal preparados” como declaró el periódico La Nuova Bussola Quotidiana

Vale recordar aquel verso de Neimoller cuando un estado totalitario (sea de derecha o de izquierda no importa el color porque en la prepotencia se equiparan) se ensaña con un grupo en particular. Hoy van por unos y al siguiente irán por otros y a la larga irán por todos.

Demás está decir que se vienen tiempos complicadísimos porque atrás del virus, cuando tengamos una sociedad diezmada por una economía quebrada, no sabemos que intentarán imponernos. ¿Vamos a la destrucción de la clase media, la de los profesionales liberales, los pequeños empresarios,  periodistas, medios de comunicación, las pymes, en fin, esa gente que asistió a hacer grande al país?

Hoy son los médicos, mañana serán los arquitectos o los economistas e ingenieros... no, no  es tiempo de hacerse los distraídos, porqué mañana nadie sabrá a quién le toca. Y cuando vengan a buscarnos, ¿habrá quién tenga el coraje de enfrentarlos o quién escuche nuestra protesta?

LOS PRESOS EN DEVOTO CONSIGUIERON QUE LA NEGOCIACIÓN ALCANCE A TODOS LOS PENALES FEDERALES


Parece mentira que en la actual República Argentina, una vez más la violencia impone sus requerimientos a la justicia

Lo que no lograron los abogados defensores, ni el presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, ni nuestra petición de una auditoría jurídica y tantas denuncias de irregularidades jurídicas en los llamados “juicios de lesa humanidad”… lo obtuvo un grupo de delincuentes comunes, quienes ayer realizaron un violento motín en la cárcel de Villa Devoto.

Desde este espacio y decenas de organizaciones más no hemos cansado de repetir que nuestros amigos y camaradas, que nos salvaron de ser un país comunista, se encuentran injustamente privados de su libertad y los juicios que lo permitieron fueron verdaderos cirKos para entretener al pueblo, mientras a sus espaldas se saqueaban las arcas del estado. Todos ellos se encuentran embarcados en el colectivo de personas de mayor riesgo, son mayores de 65 años y con determinadas afecciones, tales como inmunodepresión o enfermedades crónicas cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas (por ejemplo, la diabetes). Con el agravante que el estado no garantizó oportunamente su derecho al debido proceso. Se ha denunciado infinidad de veces que entre ellos no el existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, lo que la ley considera riesgos procesales. También algunos ya llevan más de 15 años detenidos, sin sentencias firmes y muchos en prisiones preventivas excedidas en el tiempo legal establecido.

Sin embargo basta que se amotine violentamente un grupo de delincuentes comunes y logran que se forme una comisión interdisciplinaria para que se revisen y analicen los procesos judiciales y administrativos de los internos incluidos en las resoluciones de la Cámara de Casación que apuntaban a descomprimir la situación en las cárceles a raíz de la pandemia.

¿Entonces nuestros soldados detenidos por defender la Patria son ciudadanos de segunda o tercera?





LOS PRESOS EN DEVOTO CONSIGUIERON QUE LA NEGOCIACIÓN ALCANCE A TODOS LOS PENALES FEDERALES

Los delegados de los detenidos en el penal de Devoto negociaron hoy con funcionarios nacionales y jueces

Los delegados de los detenidos en el penal de Devoto negociaron hoy con funcionarios nacional y jueces Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno
“Se les gana la reja para generar que estén intranquilos durante el fin de semana. Así, los vamos a obligar a que se instale la mesa diálogo. Después, vamos a hacer un grupo para plantear lo que piden las entidades defensoras de los derechos humanos, que se haga una lista con gente que tenga enfermedades y que se vayan, realmente. Hasta ahora se fue poca gente. En todas las cárceles del país están esperando que Devoto ponga primera”.

Así, un preso del penal de Villa Devoto, convocaba al resto de los reclusos para copar los pabellones y la estrategia a seguir para tratar de que se otorguen libertades y prisiones domiciliarias. Horas después que este mensaje fue enviado comenzó el violento motín que se extendió durante casi 17 horas. Y hoy, en la segunda reunión entre los representantes de los presos y funcionarios del Ministerio de Justicia y dos integrantes de la Cámara de Casación Penal federal, se acordó un cuarto intermedio en las negociaciones hasta el miércoles próximo.

Según consta en el acta, los presos lograron que se forme una comisión interdisciplinaria para que se revisen y analicen los procesos judiciales y administrativos de los internos incluidos en las resoluciones de la Cámara de Casación que apuntaban a descomprimir la situación en las cárceles a raíz de la pandemia.

Los internos del penal de Villa Devoto lograron que sean aceptadas sus exigencias Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno
Esta comisión, que no estará formada por jueces, deberá revisar los expedientes de: los presos incluidos en los grupos de riesgo, por tener más de 60 años y por sufrir enfermedades crónicas; aquellos que estuvieran en condiciones de obtener la libertad anticipada o las salidas transitorias, los internos con condenas menores a tres años de prisión y los que estuvieran excedidos en los plazos de la prisión preventiva; mujeres con niños y embarazadas y extranjeros que cumplan los requisitos para ser expulsados.

En definitiva, la comisión analizará todos los planteos que describió el preso que, por mensaje de audio, convocaba a la revuelta, el jueves por la noche.

Se estableció que el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal, realizarán una actualización de los listados con los nombres de los internos que podrían ser beneficiados con las prisiones domiciliarias.

Dicho gabinete interdisciplinario también revisará los expedientes de los presos que fueron condenados cuando eran menores, en “violación a los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
 
Tras el motín, se acordó el funcionamiento de una mesa de diálogo que volverá a reunirse en el penal de Villa Devoto el miércoles próximo Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri
En otro de los párrafos del acta firmada, luego de más de cinco horas de negociación, se dejó constancia que las cuestiones planteadas y acordadas en la conversación, tendrían efecto sobre los presos alojados en todas las cárceles federales del país y no incluya solamente a los reclusos del penal de Villa Devoto.

Esto coincide con el mensaje de audio de otro de los presos, enviado antes del violento motín, donde indicaba que “la cárcel de Devoto era la punta de lanza de todos los penales del país para conseguir que sus demandas sean escuchadas. Todas las cárceles del país están esperando que Devoto ponga primera”.

Entre otros reclamos los reclusos exigieron la aplicación de la resolución de la Cámara de Casación que “con base en la doctrina que emana de los reiterados precedentes de este tribunal, extremen los recaudos para coadyuvar a la más pronta disminución de la superpoblación carcelaria, atendiendo prioritariamente, en la medida que el caso así lo permita, la situación de los internos que conformen los grupos de riesgo”.

El acta de acuerdo fue firmada, entre otros, por el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena; el director del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco y los jueces de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos y Daniel Morín.

A pesar de la resolución de la Cámara de Casación Penal, no todos los magistrados y fiscales de primera instancia aceptaron conceder excarcelaciones o prisiones domiciliarias a los presos cuyas condenas deben controlar o que estuvieron a su cargo en la etapa de instrucción.

“En mi caso, me opuse a todos los pedidos que me presentaron para conceder prisiones domiciliarias. Con lo que me costó meterlos presos y probar que existía riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, lo que la ley considera riesgos procesales, no voy aceptar que los liberen, de ninguna manera. Es una falta de consideración a nuestro trabajo”, expresó un fiscal nacional de Instrucción que solicitó mantener su identidad en reserva.

Mientras que un magistrado de Instrucción coincidió, en parte, con la posición del Ministerio Público. "En los casos de los acusados de delitos graves, como homicidio o abusos, será muy difícil que pueda conceder alguna excarcelación o prisión domiciliaria. Pero, en los hechos de delitos leves es posible que revise cada caso en particular", concluyó ese magistrado de primera instancia.

Por: Gustavo Carabajal

AMORES PERROS



"Cuando un solo perro ladra a una sombra,
diez mil perros hacen de ella una realidad".
Emil Cioran

Ha pasado demasiado desapercibida la amenaza real que Cristina Fernández, utilizando a Graciana Peñafort como "chirolita", acaba de formular contra la Corte Suprema y la democracia en la Argentina. No deberían resultar gratuitos sus dichos -"Es la Corte Suprema quien tiene que decidir ahora si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones. Porque la vamos a escribir igual"- y habría que explicar a estas señoras que, si buscan reeditar un pasado tan dramático como el de los 70's, el final será el mismo que tuvo aquél.

No niego la importancia del confinamiento para aplanar la curva de contagios y evitar el colapso del sistema sanitario, pero me parece que los números de infectados y muertos por el Covid-19, en comparación con otros factores habituales, no resultan suficientes para justificar la eternización de la medida y el virtual asesinato de la economía global, que producirá sin duda mayores e irreparables daños. El periodismo, una vez más amarillista, es el gran responsable del pánico que afecta a las sociedades de todo el mundo; los diarios hablan en sus portadas sobre la crisis en letras tamaño catástrofe y dedican más de la mitad de sus páginas a ella, mientras las radios y canales de televisión machacan a toda hora con el tema. En función de ese miedo, el mundo ha detonado una bomba atómica para matar un mosquito.

Fernández², evidentemente, se han enamorado de la cuarentena, ya que les permite gobernar, al mejor estilo "1984", sin intervención del H° Aguantadero y del Poder Judicial, injustificadamente cerrados a cal y canto por sus también cómplices autoridades. Resulta absolutamente indispensable, para la conservación de la tan precaria salud institucional de la República, que ambos recuperen el rol que la Constitución les asigna. La oposición, por su lado, se está dejando llevar como vaca al matadero, manteniendo un insólito y cómplice silencio para no aparecer complicando la situación en medio de la crisis sanitaria.

Detrás del telón de la pandemia y del papel central que los Estados han adquirido por ella, como se ve diariamente en todo el mundo, aquí el kirchnerismo continúa avanzando a paso redoblado con la perpetuación de esa situación anómala, en especial para permitir que Cristina Fernández, sus hijos y demás integrantes de su banda delictiva obtengan la impunidad que anhelan. Ya consiguió que salieran de la cárcel muchos de ellos (Amado Boudou, Julio de Vido, Cristóbal López, Roberto Baratta, Luis D'Elía, etc.), aunque esta semana la Cámara de Casación consiguió bloquear la excarcelación de Martín Báez y Ricardo Jaime.

En el caso de este último, al Presidente pretendió apartarse de la conducta de Horacio Pietragalla Corti, hijo de asesinos terroristas y Secretario de Derechos Humanos, quien se presentó al Tribunal para solicitar la concesión de la prisión domiciliaria de este delincuente con condena firme, en nombre del teórico riesgo de contagio; sin embargo, momentos después reculó en chancletas para respaldarlo, obviamente por instrucciones de su socia.

El Ministro Martín Guzmán, que fuera recomendado a la Vicepresidente por su ídolo Joseph Stiglitz para comandar la renegociación de la deuda, también utiliza la cuarentena para demorar el inquietante panorama del "día después". Carecía de un plan económico antes de que comenzara la pandemia y ahora, cuando el mundo entero saltó por los aires, le resultará imposible diseñarlo para ese confiable futuro que necesita "vender" a los acreedores externos. El default en que muy probablemente caigamos dentro de un mes implicará la imposibilidad de que las empresas obtengan financiación externa, y el valor de las mismas continuará cayendo.

Sin inversión y sin crédito, pese a que  la enorme inflación que nos espera al salir de la cuarentena servirá para licuar el gasto y los salarios, el déficit fiscal resultará impagable, aún si prosperaran los disparatados proyectos para agravar todavía más la sideral presión tributaria. El kirchnerismo aspira a que sea China, la gran exportadora de capitales en el mundo, quien cubra esas necesidades; no le importa el modo en que se comporta en los países en que actúa, en los que se ha transformado en la voraz aspiradora de recursos naturales y empresas devaluadas a cambio de las divisas que presta.

Cristina Fernández busca llevarnos al destino que para la región pretende el Foro de San Pablo, descripto en detalle en el informe final de la reunión de julio de 2019 en Caracas; es decir, al mismo infierno en que son obligados todavía a vivir los ciudadanos de Cuba y Venezuela. Si triunfara, podría imponer su teoría del lawfare y terminar así con sus problemas judiciales; el mismo objetivo persiguen otros notorios próceres del clepto-socialismo del siglo XXI, ahora también amontonados en el Grupo de Puebla, al que se ha agregado Alberto Fernández, único Presidente en ejercicio.

Bs.As., 25 Abr 20

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
E.mail: ega1avogadro@gmail.com

domingo, 19 de abril de 2020

UN MALOLIENTE PANTANO



“Nada va bien en un sistema político en que
las palabras contradicen los hechos”.
Napoleón Bonaparte

Antes de la epidemia, el Ejecutivo había obtenido del H° Aguantadero una delegación de facultades de tal dimensión que, cuando la crisis sanitaria se hizo presente, le permitió gobernar por decreto; a ello se sumó el pánico al contagio que invoca el Legislativo para mantenerse totalmente inactivo pero, eso sí, cobrando íntegramente las dietas de senadores y diputados, centenares de asesores y miles de empleados.

Cuando la sociedad, con el ruido de las cacerolas, exigió a la clase política la misma "solidaridad" que Alberto Fernández nos reclama, sólo obtuvo excusas basadas en falaces argumentos; en consecuencia, seguiremos pagando esa inicua fiesta. En la medida en que no concurren al trabajo y los empleados públicos no gastan en transporte ni en viandas, sus sueldos han aumentado sensiblemente, pero nada parece conmoverlos.

Otra razonable pregunta, dada la necesidad de flexibilizar la ya insoportable cuarentena, cruzada por las expectativas de que la pandemia alcance su pico de contagios en la segunda quincena de mayo, es cómo reaccionará entonces el Gobierno cuando llegue ese momento y haya gastado este recurso de protección social.

El Gobierno optó, razonablemente al principio, por un duro confinamiento que, al mantenerse por ahora sine die, se exageró hasta límites que están llevando, ya sin duda alguna, a una catástrofe económica, inédita en su magnitud. Casi ningún país ha cerrado sus bancos, por el inmenso costo que esa medida tiene sobre la actividad de la sociedad.

El Presidente, como la inmensa mayoría de sus colegas, entre cuidar la salud o la economía ha privilegiado a la primera en desmedro de la otra; pero aquí otros factores impedirán una salida ordenada del confinamiento: la alta inflación, la total carencia de crédito y el riesgo enorme de una corrida bancaria. Esa es la razón por la cual, aunque por la falta de testeo ignoramos en qué situación real nos encontramos ante el Covid-19, seguimos en un virtual corralón financiero, que complicará aún más el futuro del país.

Mientras tanto, el kirchnerismo duro, con la conformidad expresa de Alberto Fernández, avanza con actitudes de neto corte chavista; sus mayores proyectos, al menos por ahora, son el espionaje ideológico de la sociedad, la "importación" de pseudo médicos cubanos, la intención de estatizar los servicios privados de salud, la intervención a la fábrica de respiradores, los controles municipales de precios y, por supuesto, el proyecto de "Impuesto Patria" -¡qué facilidad para encontrar nombres honorables para los delirios totalitarios!-, presentado por Máximo Kirchner y Carlos Heller y, obviamente, patrocinado por Cristina Fernández que, para eso, sí está dispuesta a permitir que el Senado sesione.

Resulta notable que, mientas el primero integra la familia que debería encabezar el ranking de argentinos ricos, el segundo presida el banco del Partido Comunista que, por tratarse de una cooperativa (Banco Credicoop), no paga el impuesto a las ganancias. Aunque resulte pesado, reitero que, si los Kirchner devolvieran lo robado durante sus doce años en el poder, la Argentina podría adquirir con tranquilidad todos los insumos médicos necesarios para dar batalla al virus y, por supuesto, no hubiera necesitado caer nuevamente en default. Pero, claro, estoy pidiendo algo que no sucederá, aunque los pocos bienes que conservan en el país (hoteles, departamentos, cocheras, los US$ 5 millones de Florencia, etc.) sean finalmente decomisados por la tan venal y cobarde Justicia federal.

Un párrafo aparte merece la absurda discriminación que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, impondrá a partir del lunes a los mayores de 70 años, invocando el mayor riesgo frente al Covid-19, que literalmente los pondrá en detención domiciliaria; no se les ha ordenado la colocación de una tobillera electrónica sólo porque no tiene suficientes. Se trata de una población aún muy activa y consciente de ese riesgo y que, por ello, se cuida mucho, como han demostrado los mayores que se han aislado voluntariamente en las parroquias de las villas porque no les resulta posible hacerlo en su hábitat natural, siempre hacinado. Se trata de una medida ética y constitucionalmente reprochable, que avanza sobre nuestras libertades individuales y que debe ser derogada de inmediato.

Como recordará, hace tiempo propuse la formación de un partido, al cual llamé "de la Austeridad y la Decencia"; muchos me acompañaron en esa patriada e inclusive, hicieron fundamentales aportes doctrinarios; lamentablemente, luego debí olvidarlo por las necesidades propias de un angustioso año electoral. Hoy, en su lugar, me he sumado a Unidos, una iniciativa que encabezan varios jóvenes amigos, todos ellos absolutamente intachables e interesados sólo por el país y su futuro. Luego de leer sus claras propuestas:


Los exhorto también a hacerlo, porque la Argentina lo necesita.

Bs.As., 18 Abr 20

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
E.mail: ega1@avogadro.com.ar