martes, 24 de noviembre de 2015

UN EDITORIAL NECESARIO… PERO INOPORTUNO


Un editorial de La Nación del día de ayer, lunes 23 de noviembre, un día después de la elección del balotaje que consagró a Mauricio Macri como el futuro presidente de la Nación a partir del mandato de Cristina Fernández Vda. de Kirchner, causó cierto revuelo en el ambiente periodístico y comunicadores sociales.

El electo presidente se ha visto sometido a una enorme presión por parte de todos los sectores… en nuestra humilde opinión hay que darle el tiempo necesario para que el ingeniero Macri decante los resultados de las urnas, organice su futuro equipo de gobierno y transite calmadamente este breve período de transición. No deseamos un presidente presionado por definiciones prematuras que puedan obligarlo en el futuro próximo. Cada medida y política de estado que  su gobierno adopte debe ser la más adecuada a los graves problemas que deja el poder que se retira, con una política de tierra arrasada. No deseamos que Macri conteste todas las urgencias de inmediato, él conoce perfectamente todos los problemas y situaciones que hay que arreglar… dejémoslo ejercer sus responsabilidades con el “timing” que él y su equipo decidan, no el impuesto por los ansiosos.

Con respecto al editorial se pronunciaron algunos trabajadores y periodistas del mismo medio que lo publicó y otros comunicadores sociales de conocida militancia. En nuestra opinión el contenido del editorial está perfectamente pensado y escrito, es una de las necesidades de esta Argentina crispada que nos deja el gobierno del poder en retirada, solo pensamos que fue apresurado… le faltó sentido de la oportunidad para plantear ese grave problema que divide a la sociedad argentina.

Reiteradamente el ing. Mauricio Macri ha respondido que respetará la ley y que el Poder Judicial será independiente… no dependerá de los caprichos o ataques de su gobierno. Esa es la institucionalización que estamos pidiendo la mayoría de la población, la división de poderes es fundamental para el correcto funcionamiento de la república.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza del poder judicial, es la que debe garantizar sostener el cumplimiento de la Constitución Nacional, los Principios Rectores del Derecho Penal, las leyes y el Código Procesal Penal, para aquellos civiles y uniformados sometidos a juicio por hechos acaecidos en las década del 70 del siglo pasado, remplazando el “Derecho del Enemigo” por la igualdad ante la ley.

El estadista seguramente reflexionará los dictados del “Documento de Aparecida” redactado por el actual Papa Francisco para “favorecer en nuestros pueblos todos los gestos, obras y caminos de reconciliación y amistad social”, reafirmado por la Conferencia Episcopal Argentina en su documento “Camino hacia el Bicentenario en Justicia y Solidaridad”, cuando propone “avanzar en la reconciliación y la capacidad de dialogo”. Ello implica propiciar un amplio consenso para alcanzar la paz social.

Somos plenamente conscientes de la urgencia de las personas militares y civiles detenidos como “Presos Políticos” y de sus familias por resolver su situación, que los está matando en prisión… pero no queremos que el apuro ponga en riesgo esa solución que tanto necesita el país todo. Ese objetivo no atenta contra la política de DDHH, sino que defiende el debido proceso, la igualdad ante la ley y tampoco debemos olvidar la deuda pendiente que “todos” tenemos con las Víctimas del Terrorismo en la Argentina.

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva
por una Nueva Década en Paz y para Siempre


EDITORIAL LA NACIÓN 23/11/2015

NO MÁS VENGANZA

La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos

LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2015

La senadora por Córdoba Norma Morandini escribió días atrás en estas páginas que la causa de los derechos humanos no se puede defender con mentiras. No se puede defender tampoco con nuevas violaciones de derechos humanos como está ocurriendo en el país.

Un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre.

Los trágicos hechos de la década del setenta han sido tamizados por la izquierda ideológicamente comprometida con los grupos terroristas que asesinaron aquí con armas, bombas e integración celular de la que en nada se diferencian quienes provocaron el viernes 13, en París, la conmoción que sacudió al mundo. Aquella izquierda verbosa, de verdadera configuración fascista antes y ahora, se apoderó desde comienzos del gobierno de los Kirchner del aparato propagandístico oficial.

Se ocultó así lo que ya no puede taparse por más tiempo a la compresión de una sociedad cuya composición por edad ha ido cambiando en los últimos cuarenta años. A la sociedad argentina de los años setenta no era necesario explicarle que el aberrante terrorismo de Estado sucedió al pánico social provocado por las matanzas indiscriminadas perpetradas por grupos entrenados para una guerra sucia, a los que el kirchnerismo ha distinguido con la absurda calificación de "juventud maravillosa".

La sociedad dejó aislados a esos "jóvenes idealistas", mientras el terrorismo de Estado los aplastaba con su poder de fuego, sin más salvedades que las de algunas voces aisladas, sin más ley que la de la eficacia de operaciones militares que tenían por objetivo aniquilar al enemigo y sin una moral diferente, en el fondo, que la de los rebeldes a quienes combatían.

Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. Debatir que quienes sembraron la anarquía en el país y destruyeron vidas y bienes no pueden gozar por más tiempo de un reconocimiento histórico cuya gestación se fundó en la necesidad práctica de los Kirchner de contar en 2003 con alguna bandera de contenido emocional. Lo hicieron así al asumir el poder con apenas el 22 por ciento de los votos. Antes habían mirado en esos asuntos para otro lado.

Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas más de trescientos los detenidos por algunas de aquellas razones que han muerto en prisión, y esto constituye una verdadera vergüenza nacional.

Días atrás, tal situación se ha agravado por una escandalosa decisión del Tribunal Oral de La Plata, que revocó la prisión domiciliaria de varios militares de avanzada edad, como los coroneles Carlos Saini y Oscar Bardelli, el capitán de navío Carlos Robbio y el almirante Antonio Vañek. Pareció una burla su coincidencia con el privilegio domiciliario concedido por esos días, por un tribunal del Chaco, a un mafioso de 65 años, condenado a 19 años de prisión por haber traficado más de mil kilos de cocaína a España.

En segundo lugar, de modo paralelo, han continuado actos de persecución contra magistrados judiciales en actividad o retiro. Uno ha sido el caso del juez federal de Mar del Plata Pedro Hooft, absuelto el año último tras siete años de acusaciones sobre supuestos delitos de lesa humanidad. El perverso armado de la causa salió a la luz por grabaciones aportadas como prueba, pero Hooft está afrontando nuevos ataques. También debimos ocuparnos recientemente del proceso irregular montado contra el juez Néstor Montezanti, de Bahía Blanca, en otro claro intento oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia presidencial.

Sin más elementos que referencias mendaces aportadas por tres militares condenados como autores de las matanzas producidas en la denominada masacre de "Palomitas", se persiguió por más de diez años al ex juez federal de Salta Ricardo Lona. Éste se encuentra en prisión preventiva por supuestas fallas en la investigación de la muerte del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, ocurrida en marzo de 1976. Se desconoce, en cambio, que el juez Lona había sido quien reunió las pruebas que llevaron a condenar a los partícipes del hecho, según lo reconoció la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por otra parte, la acusación en su contra carece de validez pues la acción no se encuentra instada por los fiscales de la causa, sino por otros designados ad hoc por la cuestionada Procuración General de la Nación, careciendo por ello de atribuciones para impulsar la acción. Con casi 80 años y una grave enfermedad, Lona corre peligro de que los fiscales lo envíen a prisión solicitando la revisión del informe médico que desaconseja rotundamente su traslado a una cárcel.

La cultura de la venganza ha sido predicada en medios de difusión del Estado y en las escuelas habituadas a seguir las pautas históricas nada confiables del kirchnerismo. O sea, la mentira de la que ha hablado la senadora Morandini.

El palabrerío de sujetos que han sido responsables de haber incendiado al país en los años setenta convencidos de que las armas de fuego y los explosivos, con sus secuelas de muerte y dolor, eran la vía de acceso a una sociedad mejor, no puede intimidar a los políticos responsables, ni a los jueces compenetrados de su misión, de actuar en consonancia con la verdad histórica y los principios básicos del derecho penal.

Siempre será indispensable construir a partir de la verdad completa, apaciguar y no agotar la búsqueda de todos los medios necesarios para que se cumpla la imploración del papa Francisco de que todas las herramientas de la ley se activen "para evitar cualquier tipo de venganza y curar las heridas", aunque "sin dejar de mirar las cicatrices", como bien aportó.