Como ya es tradicional, distintos
grupos de mentalidad autoritaria aprovecharon la oportunidad brindada por el
37º aniversario del golpe de Estado de 1976 para intentar apropiarse de lo que
llaman "la memoria". Con tal
propósito, se enfrentaron en la Plaza de Mayo para disputar el derecho a
considerarse víctimas principales de la crueldad de los militares y el accionar
siniestro de sus presuntos aliados, trátese de empresarios, dignatarios
eclesiásticos o "derechistas"
vinculados con el horror macrista. Es que tanto los kirchneristas de La Cámpora
como militantes de organizaciones trotskistas quieren hacer pensar que, a pesar
de las apariencias, la dictadura militar sigue ocupando el poder, de suerte que
es deber de todos continuar la lucha por desalojarla. Pero si bien coinciden en
que el Proceso aún está vivito y coleando, discrepan en cuanto a la forma que
ha asumido. Según los kirchneristas, el Proceso mantiene colonizada la
Justicia, lo que sería una hazaña notable ya que con escasas excepciones los
miembros de "la corporación
judicial" fueron designados después de fines de 1982. En opinión de
los izquierdistas, en cambio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y
sus acompañantes se han encargado de perpetuar la dictadura, razón por la que
siguen habiendo "desaparecidos"
y espionaje ideológico.
La nostalgia muy fuerte que
sienten por la dictadura castrense todos estos "militantes", además de la presidenta y distintos
integrantes del gobierno nacional, puede entenderse. Es mucho más fácil, para
no decir más "épico",
oponerse a una tiranía de lo que es dedicarse a atenuar los problemas
económicos y sociales de una democracia. Cuando una junta militar no elegida
está en el poder, en retrospectiva por lo menos todo parece muy sencillo. No es
una cuestión de matices sino de blanco y negro. Por lo demás, "la solución" consistirá en
celebrar elecciones libres para que el pueblo decida, de suerte que sería
antidemocrático preocuparse por lo que los eventuales triunfadores se hayan
propuesto hacer una vez en el gobierno.
Con todo, si bien es comprensible
que tantas personas quisieran seguir viviendo en la Argentina presuntamente
simplificada de la segunda mitad de los años setenta del siglo pasado, no cabe
duda de que la nostalgia militante así supuesta ha frenado el desarrollo
político, social y económico del país. Para descalificar una opción que no les
gusta, a los oficialistas les parece suficiente atribuirla a la dictadura.
Asimismo, toda vez que un sector, agrupación o lo que fuera molesta al gobierno
de Cristina, los voceros oficiales, encabezados por la presidenta misma, los
acusan de estar vinculados de algún modo con el Proceso; entre los blancos de
las diatribas en tal sentido se han encontrado los chacareros, la gente de la
Sociedad Rural, muchos empresarios, los medios de difusión más importantes,
diversos jueces, los economistas "ortodoxos"
y así, largamente, por el estilo. Para no ser blanco de las denuncias
vehementes de los justicieros kirchneristas, es necesario comprometerse con el
proyecto de Cristina, razón por la que pasan por alto el que Eugenio Raúl
Zaffaroni haya sido un "juez del
Proceso" y su cuñada Alicia Kirchner una funcionaria de dicho régimen.
Por supuesto que desde el punto
de vista de las distintas facciones de la izquierda trotskista, las culpas se
ven repartidas de otra manera. Parodiando a los kirchneristas, juran ver en
ellos los sucesores lineales de los líderes de la dictadura militar, lo que no
puede sino enojar a la presidenta y sus simpatizantes pero que así y todo tiene
el mérito de asegurar que la cultura política del país siga atrapada en un
lustro que terminó antes de que naciera la mitad de sus habitantes. En la
Europa de 1976, muchos recordaban la catástrofe –infinitamente peor que la
provocada por el Proceso– que había desatado la invasión de Polonia por los
nazis 37 años antes, pero así y todo el drama político de los países que lo
habían sufrido evolucionaba de manera tan diferente que pocos trataban de hacer
pensar que en verdad casi nada había cambiado. Sin embargo, en la Argentina
abundan los jóvenes que se imaginan protagonistas de los acontecimientos de más
de una generación antes, para no hablar de políticos reacios a dejar atrás su
propia juventud, lo que nos dice mucho sobre la vocación resueltamente
conservadora de buena parte de la clase política nacional.
FUENTE: http://www.rionegro.com.ar/diario/vivir-en-el-pasado-1113106-9542-editorial.aspx
COMENTARIO DE LECTOR
JOAQUIN BERTRAN
24 de marzo de 1976. Ante el
desorden, el desconcierto y la confusión reinantes, la Junta de Comandantes,
acompañada y respaldada por toda la ciudadanía y los partidos políticos
(incluyendo al PC), debió hacerse cargo de la conducción del país en medio de
la guerra civil desatada por las bandas terroristas. Sin efectuar un solo
disparo, las nuevas autoridades sustituyeron pacíficamente a “Isabelita”. La consigna no era destruir
las instituciones, sino conservarlas; no se pretendía quebrar el “estado de derecho” (como si hubiese
habido alguno), sino recomponer el “estado
de deshecho” en que se encontraba sumido el país. El flamante gobierno
contó con el beneplácito de todos los partidos políticos, los mismos partidos y
sectores que hoy pujan por figurar en las demagógicas “marchas de repudio al golpe”. De las 1697 intendencias vigentes en
la gestión de Videla, solo el 10% eran comandadas por miembros de las FF.AA.;
el 90% restante, por civiles repartidos del siguiente modo: el 38% de los
intendentes eran personalidades ajenas al ámbito castrense, de reconocida
trayectoria en sus respectivas comunas, y el 52% de los municipios era comandado
por los partidos tradicionales en el siguiente orden:” La UCR , con 310
intendentes en el país, seguido por el PJ (partido presuntamente “derrocado”), con 192; en tercer lugar
estaban los demoprogresistas con 109, luego seguían el MID con 94, Fuerza Federalista
Popular con 78, los democristianos con 16 y el izquierdista Partido
Intransigente con 4?. La habilidad de los partidos políticos y sofistas
coyunturales para hacerse los distraídos con respecto a las responsabilidades y
cargos ocupados en el gobierno de facto, ha provocado que las nuevas
generaciones crean falsamente que el gobierno del Proceso cayó de un meteorito
y se instaló mágicamente en el poder “contrariando
la voz del pueblo”. Tanto la prensa internacional como los diarios más
relevantes de la época apoyaban con fervor a las nuevas autoridades. Los siete
jueces que en 1985 juzgaron a los comandantes fueron funcionarios judiciales
del Proceso, y el fiscal de aquel polémico juicio, el Dr. Julio Strassera, fue
nombrado fiscal y luego juez, precisamente, por Videla. No se conoce ninguna
denuncia por “violaciones a los derechos
humanos” efectuada por estos hombres del derecho durante su desempeño como
funcionarios de la llamada “dictadura
genocida”. El redactor del libro Nunca Más y presidente de la Conadep,
Ernesto Sábato, almorzaba distendidamente con Videla, lo adulaba en público,
apoyó el Mundial ‘78 y respaldó la guerra de Malvinas.
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