Queridos amigos:
Hay un monte en Bariloche llamado
el cerro Falso. Cuando lo escalamos
nos contaron que su nombre se debía a que a medida que se ascendía por sus
laderas, el caminante creía ver la cima pero, al llegar a ese lugar ,advertía
que solo había recorrido un tramo pues una nueva aparente cumbre se
presentaba a sus ojos. Y así, una
y otra vez, el cerro nos hacía
creer que ya habíamos vivido todo el esfuerzo cuando en realidad aun nos
faltaba lo peor.
Algo similar nos pasa en la Argentina de Cristina Fernández de
Kirchner. Se cometieron abusos legales para poder juzgar nuevamente a militares protegidos por leyes lícitas y mecanismos de prescripción, con el apoyo de
vastos sectores políticos, la colaboración de la justicia y el alborozado
aplaudir de los medios. Hubo quienes creyeron que eso era todo pero, para su
pavor, era apenas el primer tramo.
La lenta pero constante ascensión del abuso puso en su mira al campo, a empresas privadas que se expropiaron sin
indemnizar y al mismísimo sistema electoral. Después que la victoria
electoral del 2011 le permitió al gobierno el control de ambas Cámaras del
Congreso la siguiente cima fue la prensa
independiente que quedó en la mira a partir de una amañada Ley de Medios.
Muchos dijeron que estábamos al borde de
perder la democracia, particularmente los integrantes de los medios
afectados, pero faltaba mucho más. Ahora la
nueva etapa es arremeter contra la justicia con una serie de proyectos de
Ley que, según nos dice hoy una editorial de
La Nación, nos conduce “Hacia un
totalitarismo bajo el ropaje democrático”. Pero ilusos seríamos si creyéramos que esta es la verdadera cima.
Como sucede al ascender el engañoso cerro
Falso, siempre aparecerá una nueva
cumbre al llegar a la cual habremos perdido una
porción de nuestras libertades y de nuestros derechos, sin conformar la
insaciable voracidad de poder y control
de un gobierno que está destruyendo nuestra democracia desde adentro mismo del
sistema.
La semana comenzó con una insólita
discusión alrededor de la cantidad de víctimas mortales sufridas por las
inundaciones provocadas por las lluvias
en la ciudad de La Plata. Las denuncias recibidas y las investigaciones
judiciales no apuntan simplemente a corregir un error técnico sino que
presuponen la deliberada intención de esconder la cantidad de víctimas por
razones de conveniencia política. Esta tremenda situación que se suma a las
evidencias de que la tragedia fue consecuencia de las obras de infraestructura
postergadas, que se agravó por la escasa eficacia de los organismos de defensa
civil para rescatar a los damnificados, creó un clima de perturbación social
difícil de acallar. El intendente Bruera aparece como el principal
responsable, cargando sobre sus espaldas
la poco feliz situación de que, desde su cuenta en una red social, se lo
mostró ayudando a los damnificados cuando en realidad se encontraba de
vacaciones en el extranjero. En su defensa señala la falta de información por
parte del Servicio Meteorológico Nacional, la envergadura de las obras hídricas
necesarias y apunta hacia la provincia y
la nación por la lentitud de los operativos de rescate. Como dice un viejo dicho español “entre todos la mataron y ella sola se murió”.
Lo cierto es que ante la cantidad
de víctimas y la magnitud de la
tragedia, la ciudadanía esperaba la palabra de las máximas autoridades para
anunciar los planes, leyes y decretos destinados a evitar la repetición de tan
trágicos sucesos, la solidaridad con las víctimas y la investigación de las
responsabilidades emergentes.
Pero no, lo que la señora presidente anunció el día lunes
fue una serie de seis proyectos de Ley
que apuntan a “democratizar la justicia”
demostrando una inoportunidad e insensibilidad que poco tienen que ver con el
respeto y atención que merecen los ciudadanos de un país democrático. Semejante
actitud hasta puede hacer pensar en una burda maniobra para poner en la agenda
pública un tema de distracción apuntado a cambiar los titulares de los medios,
de la tragedia humana a temas más manejables por el aparato de difusión
estatal.
Y vaya si lo lograron. El impacto
que las leyes propuestas tendrán sobre el funcionamiento general de la justicia
es devastador ya que podrá condicionar tanto a los jueces, que podrán ser
fácilmente removidos, como a las figuras de protección de los derechos de los
ciudadanos como son las medidas cautelares.
La oposición reaccionó al unísono
ante el anuncio de que las leyes propuestas serían aprobadas a “libro cerrado” es decir sin posibilidad
de cambio alguno. Eso llevó a que no asistieran al tratamiento en
comisiones, devenido en un mero trámite
sin sentido práctico, y a presentar
declaraciones conjuntas de repudio a las medidas y a la forma de su tratamiento
acusando al gobierno de “preparar el terreno
para la impunidad”. El oficialismo, impertérrito, siguió con su trámite
apoyado en su mayoría y defendido por voceros que no hacen más que desnudar el
desprecio profundo que sienten por la verdadera democracia y las normas
republicanas. Basta con citar a la diputada
Diana Conti, expresando que “en la
democracia la mayoría gobierna en los tres poderes” o al senador Marcelo Fuentes manifestando
que el rol cumplido antes por los golpes militares ahora corresponde a la
Justicia que es “la prolongación de la política por otros medios; se quiere gobernar
con las sentencias.”
Si los contenidos de algunas de
las leyes propuestas son intrínsecamente perversos por su inconstitucionalidad al proponer, por
ejemplo, que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos a
través de los partidos políticos en
abierta oposición al Artículo 114 de la Constitución, puestos en manos de
un gobierno autoritario, como el que nos
gobierna, se tornan simplemente siniestros. Tenemos sobrados fundamentos para
suponer que cuando el gobierno cuente
con la herramienta para echar a cada juez que emita un fallo opuesto a sus deseos, lo ejecutará sin pudor. Valga tomar como
muestra la decisión de efectuar esta reforma sin aceptar ninguna propuesta,
objeción o modificación por mínima que sea, simplemente porque tienen la
mayoría para imponerla en el Congreso sin necesidad de consensuar. Por otra
parte, la posibilidad de decirle a un
miembro del Consejo de la Magistratura que ha sido elegido por un determinado partido y que debe responder a
sus bases políticas es simplemente una aberración en una institución que debe
proceder conforme a derecho.
Cerrado el camino del Congreso
para sostener el debate, las organizaciones vinculadas a la justicia han
comenzado a manifestarse, cada una según su lenguaje. Los abogados reunidos en los distintos
Colegios rechazaron las iniciativas de reformas en el Consejo de la
Magistratura, la limitación de las medidas cautelares y la creación de nuevas Cámaras de Casación.
Se ha tomado conocimiento de que jueces
y empleados del poder judicial se encuentran en estado deliberativo, que
la Asociación de Magistrados, la entidad que agrupa a mayor cantidad de jueces,
considera que la reforma es anticonstitucional y que el gremio judicial anuncia un paro de 72 horas para la semana próxima. Pero quizás lo más significativo es el
llamado que distintas organizaciones ciudadanas realizan para que el 18 de
Abril, el tema de la independencia de la justicia se sume entre las consignas
que lleven los manifestantes a la gran concentración prevista para ese día.
Por primera vez, estos grupos han tenido el acierto de aceptar e incluso de
solicitar la presencia de los líderes políticos, de modo que la enorme energía
puesta al servicio de la manifestación tenga una más clara conexión con el
comportamiento de la oposición en las urnas en la próxima elección.
Hay quienes se preguntan
lícitamente ¿para qué sirven estas grandes manifestaciones si el gobierno es
tan fundamentalista que no las atiende ni modifica sus conductas luego de cada expresión de la ciudadanía? La
respuesta es que estas expresiones de insatisfacción pública dan fuerza y soporte a quienes deben defender a la nación desde los mecanismos de la democracia. Las
grandes manifestaciones fueron una de las claves que movieron al entonces vicepresidente Julio Cobos a votar
según sus principios en el conflicto con el campo, dieron fuerza a los jueces
de las Cámara de Apelaciones a
jugarse en el fallo de la ley de medios y serán fundamentales a la hora en que
la Corte de Justicia de la Nación
deba definirse acerca de la constitucionalidad
de estas leyes, mal llamadas de democratización de la justicia, que
amenazan con terminar con la justicia independiente.
Sabemos que una vez más el INDEC apreció una inflación menor a la
mitad de lo que indican la consultoras privadas y la percepción ciudadana, que
el precio máximo de los combustibles impuesto esta semana solo ha servido para
justificar alzas inmediatas y que el conteo de muertos por la inseguridad no se
detiene, es más, los presos se escapan en los traslados y las leyes cada vez
les dan más protección en perjuicio de los que cumplen las normas y sufren la violencia. Pero esta vez, el
centro de la manifestación ciudadana parece estar en la defensa de los valores
más trascendentes, en la lucha por la defensa de la Constitución, en el clamor
por mantener una justicia independiente, en salvar la democracia que cada vez
aparece más amenazada por quienes dicen actuar en su nombre pero destruyen día a día su esencia y su naturaleza.
En el mes de junio será el tiempo
en que los partidos políticos presentaremos las listas con los candidatos
con que la ciudadanía nos permitirá reemplazar a los lamentables
representantes del oficialismo, cuyos paradigmas éticos apenas alcanzan para
dar quorum y levantar las manos sin que les importe los principios y valores que quedan por el camino. En Agosto
y Octubre, si no median trampas ni cambios
en las reglas de juego, será el
tiempo de las urnas en las primarias y
las elecciones legislativas. Pero ahora, ahora es el tiempo de
manifestarse. Es el tiempo de
mostrar con serenidad y firmeza que no somos indiferentes y que
comprendemos todo cuanto está en juego a la hora de defender la democracia, la
república, la constitución y la justicia. El
18 de Abril estaremos en la calle con nuestro partido político y estaremos como
ciudadanos que queremos ser escuchados y
respetados.
Es el tiempo de manifestarse, no lo olvidemos, pues si no lo
hacemos en democráticos llamados como el que ahora nos convoca, llegará el
tiempo en que no dejarán que lo hagamos de modo alguno.
Un abrazo para todos.
Twitter @JuanCarlosNeves
NOTA: Al escribir el autor esta nota, la ciudadanía aún no había tomado conocimiento de la denuncia del camino del dinero de la corrupción K. Seguramente otra cima del cerro Falso... ¿Cuál será la última cima?
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