DECLARACIÓN
Resulta muy interesante la polémica que se ha abierto con
motivo de la designación y ascenso del Gral. Milani, porque ha servido para
confirmar que la política de derechos humanos implementada por el régimen
instaurado desde el 25 de mayo de 2003, es apenas una ideología perversa, cuyas
secuelas manifiestas han sido la generación de un formidable negociado y la más
desvergonzada hipocresía.
Los argentinos pueden advertir que los derechos humanos son
exhibidos como política de Estado al solo efecto de lograr consenso en el
manejo del resto de las políticas llevadas a cabo por el gobierno. El fin
justifica los medios. Esto así resulta si nos detenemos en la lectura de las
declaraciones de Abuelas de Plaza de Mayo, más precisamente de Estela de
Carloto, el C.E.L.S. y otros que hoy sostienen, en defensa del nuevo Jefe del
Estado Mayor del Ejército, que para acusar se necesitan pruebas o que el hecho
de haber estado allí –Operativo Independencia- no es suficiente. En tanto el
C.E.L.S., por boca de su vocero Horacio Verbitsky, nos informa que no hay
antecedentes que comprometan al Gral. Milani con delitos de lesa humanidad
ocurridos durante la dictadura militar.
El doble estándar en estas cuestiones es formidable, pues
este vocero pone en duda las manifestaciones de testigos-denunciantes de la
desaparición del soldado Ledo - asistente del entonces Subteniente Milani -
como así también del Nunca Más de la Pcia. de La Rioja. Testimonios muy
similares y muchas veces más frágiles y
siempre interesados se invocan sistemáticamente por los jueces en sus condenas,
basadas en meras suposiciones y prejuicios.
Hoy, varios centenares de viejos soldados se encuentran en
las cárceles de Marcos Paz, Ezeiza y otros lugares de reclusión de jurisdicción
federal, por el hecho de haber pertenecido a las Fuerzas Armadas en la época de
lucha contra el terrorismo. Estos luchadores octogenarios no gozan de ninguno
de los beneficios que el orden constitucional vigente otorga a los ciudadanos
acusados de cometer delitos, como el derecho al debido proceso y el principio
de inocencia.
No es necesario hacer mención de ninguno de los presos
políticos de la democracia para ejemplificar la venganza de la que son objeto
mediante el linchamiento judicial. Basta con recordar que se han dictado condenas
de por vida basadas en el supuesto reconocimiento de una voz escuchada hace
casi cuarenta (40) años. O haciendo aplicación de la teoría del dominio del
hecho a quien por su graduación y lugar en la cadena de mando no impartía
ordenes o que, de haberlas trasmitido, no estaba ni remotamente en condiciones
de objetarlas. Y no estamos hablando de oficiales superiores, sino de
subalternos (suboficiales, subtenientes a capitanes o sus equivalentes en la
Armada, Aeronáutica y fuerzas de seguridad en general), pues a los Jefes y
Oficiales Superiores se les encontró otro extremo de atribución de
responsabilidad criminal, como es la responsabilidad funcional, lo que
significa el non plus ultra de la responsabilidad objetiva.
Muy lejos está en el ánimo de quienes integramos esta
Asociación imputarle responsabilidad criminal alguna a quien entonces era el
Subteniente Milani, pues sería abjurar de los principios que dieron sentido a
su fundación: el restablecimiento de la Justicia y la recuperación de la
Concordia. Pero esta suerte de justicia popular nos obliga a recordar, una vez
más, la necesidad de salir de la apatía, a fin de conjurar los riesgos a que
nos expone la perversidad de este régimen.
Mariano Gradin Alberto Solanet
Secretario Presidente
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