DECLARACIÓN
El Ministerio de Defensa ha dictado una arbitraria
resolución, prohibiendo que en hospitales militares o unidades de salud
dependientes de las Fuerzas Armadas sean internados o asistidos
ambulatoriamente los detenidos con condena o procesamiento por delitos de lesa
humanidad. Ha ordenado así, a los Estados Mayores de las tres fuerzas, el
estricto cumplimiento de esta desmesura. Asimismo, se ha creado una “Comisión
de Asesoramiento Médico” con representantes de los Ministerios de Justicia, de
Salud y de Defensa, que en treinta días
debe determinar el alta de los actuales pacientes o su traslado.
Con estas medidas el Gobierno acredita la falsedad de su
política de “Derechos Humanos”, a través de la cual implementa en realidad una
grosera tortura que se suma a las que ya sufren los presos militares de setenta
y más años de edad, al impedírseles ser atendidos adecuadamente. Desde hace años estos hombres sobreviven como
pueden, en condiciones carcelarias desesperantes, sin haber dado el menor
trabajo al servicio penitenciario; pero ha bastado que se produzcan dos fugas
para que ello sirva de excusa para agravar aún más su situación, administrando
purgas al mejor estilo stalinista, ordenando arbitrarios traslados, repartiendo
recompensas millonarias y sanciones al
personal penitenciario, forzando el
retiro de generales y otras desmesuras similares.
Es evidente que si se hubiese tratado de una fuga de presos
comunes (cosa que ocurre con mucha frecuencia, pese a que son muy pocos los que
tienen esa edad y llevan diez o quince años encerrados a la espera de una
condena), no habría habido recompensa ni noticia ni reacción algunas. En
cambio, estos hombres ya ancianos, que permanecen presos con comportamiento
ejemplar, sufrirán estas terribles consecuencias sobre su salud física y
mental, a través de una acción del Gobierno movida por la venganza, el odio y
el deseo de causar su muerte.
Los hombres así encerrados pierden día a día la poca salud
que les queda. Ahora han perdido también la posibilidad de ser atendidos
médicamente. Deberán vegetar en los mal llamados Hospital Municipal de Marcos
Paz y Hospital Penitenciario de Ezeiza, que de tales sólo tienen el nombre, ya
que carecen en absoluto de elementales medios de atención. Lo que no ha obstado
a que el ministro Alak haya declarado que el segundo está equipado para
tratamientos de “alta complejidad”.
Este horror está ocurriendo en la Argentina en el año 2013.
Cientos de hombres perseguidos políticamente están siendo condenados a una
muerte lenta bajo la indiferencia del país, pese al alerta de unos pocos.
Buenos Aires, 30 de julio de 2013.
Mariano Gradín Alberto Solanet
Secretario Presidente
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