Editorial I
La memoria frente a los episodios de
violencia terrorista nunca debe ser parcial ni ser utilizada como elemento de
venganza
Con un recordatorio de las víctimas
del peor atentado terrorista que sufrió España, el presidente del gobierno
español, Mariano Rajoy, dio comienzo el pasado 11 de marzo a los profusos
homenajes que en toda España se efectuaron para recordar a las 191 víctimas
mortales y a los más de 1500 heridos que ocasionaron las bombas depositadas en
los trenes de Atocha, en Madrid, diez años atrás. Este doloroso aniversario,
que dio motivo al Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, contó en las
principales ceremonias de recordación con la presencia de todos los
funcionarios del gobierno español y del gobernante Partido Popular, así como de
la oposición, y de la Casa Real, que arroparon con su presencia a los
sobrevivientes y a los familiares de los muertos.
Todas las personalidades de la vida
política española dijeron presente en la misa celebrada en la Catedral de la
Almudena, así como en el concierto en honor a las víctimas celebrado en el
Auditorio Nacional de Música con la presencia de la reina Sofía, mientras
centenares de personas, durante otro homenaje realizado en el Parque del
Retiro, dejaron flores a los pies de los árboles plantados en recuerdo de los
desaparecidos en Atocha.
Todos estos actos, tendientes al
ejercicio del llamado derecho a la memoria, pretendieron rescatar ese pasado,
para aplicar sus enseñanzas en el presente, de manera de sanar las heridas no
sólo a nivel individual, sino colectivamente como sociedad. Este derecho ha
sido reconocido en varias oportunidades por la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, como ocurrió en el caso "Villagrán
Morales y otros vs. Guatemala", al determinar que "en cuanto a la
solicitud de nombrar un centro educativo con el nombre de las víctimas, la
Corte ordena al Estado designar un centro educativo con un nombre alusivo con
las jóvenes víctimas de este caso (...) Ello contribuirá a despertar la
conciencia para evitar la repetición de hechos lesivos como los ocurridos en el
presente caso y conservar viva la memoria de las víctimas", mientras que
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 1985,
dijo: "Toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la
verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que
aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan
a ocurrir en el futuro".
Este décimo aniversario de la mayor
tragedia que el terrorismo causó en España contó con la presencia de ONG de
víctimas del terrorismo de distintas partes del mundo que fueron invitadas para
acompañar a los españoles en el dolor y mostrar que este flagelo ataca a todos,
más allá de las diferencias culturales, raciales, políticas o religiosas.
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| Dra, Victoria Villarruel, presidente de CELTYV |
Entre los invitados, se encontraba el
Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv),
asociación civil que agrupa a familiares de víctimas del terrorismo de los años
70, ocasionadas mayoritariamente por Montoneros y el ERP, y que aún continúan
sin ser reconocidas por el Estado argentino, pese a la profusión de
reparaciones y medidas tendientes a garantizar verdad y justicia para quienes
en aquella década sufrieron la violencia desde el Estado. La presidenta de esa
entidad, Victoria Villarruel, fue invitada a brindar una declaración en la sede
del Parlamento Europeo en Madrid, donde expresó: "Para quienes, como nosotros
y algunos de los presentes, no tenemos voz ni somos reconocidos en nuestros
países, ser recibidos aquí en la sede de la Comisión Europea, tener la
oportunidad de ser escuchados, es la clara muestra del respeto a la investidura
de las víctimas y de la no discriminación por razones políticas (..) Exhortamos
a las naciones a arbitrar los medios para el dictado de una convención
internacional que condene al terrorismo y defina universalmente y en forma
inequívoca qué es terrorismo. De esta manera, las víctimas no sólo de Europa,
sino todas, estarán protegidas por un instrumento internacional que las ampare
y castigue a sus agresores en todo el mundo".
En esa dirección, fue creada la
Federación Internacional de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, al tiempo
que quienes la integran en la Argentina solicitaron la condena pública
internacional hacia aquellos gobiernos que no reconocen a sus víctimas y
garantizan la impunidad de sus victimarios.
Ninguna política de derechos humanos
puede alentar enfrentamientos facciosos ni excluir a ninguna víctima de la
violencia, cualquiera que sea su procedencia. Como lo hemos señalado
reiteradamente desde esta columna editorial, la reconciliación de los
argentinos exige cultivar una memoria integral sobre lo acaecido en los
trágicos años 70, despojada de cualquier sentimiento de odio o venganza.
A pocos días de haberse conmemorado en
nuestro país el llamado Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia,
continuar denegando el reconocimiento de sus derechos a las víctimas del
terrorismo es una deuda que el Estado argentino tiene y que se acentúa aún más,
cuando esas víctimas son aceptadas y arropadas por naciones extranjeras, que
recuerdan su pasado con luces y sombras, pero que no utilizan el dolor para
escribir un relato, donde los inocentes quedan excluidos, para garantizar la
impunidad de los terroristas.
NOTA: Las imágenes
y destacados no corresponden a la nota original.
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