La situación creada
por el juicio iniciado y ganado por tenedores de bonos argentinos impagos es,
desde el punto de vista del tratamiento de casos de crisis y negociación, un
ejercicio fascinante. Las múltiples variables que intervienen en el problema le
dan una complejidad que ha desafiado a los pronosticadores y que ha llevado al
error a avezados operadores del mercado financiero que apostaron por una
solución favorable. El problema, sin embargo,
es que para ellos una solución favorable era que Argentina evitara
caer en un nuevo default y aparentemente
esa no era la solución favorable para el
gobierno argentino.
Los métodos clásicos
para evaluar una situación y formular un pronóstico se basan en analizar los
intereses y la racionalidad de los protagonistas, considerar las reglas de
juego, investigar las soluciones alcanzadas en casos similares, realizar
análisis probabilísticos y otras
técnicas similares. En la medida en que las acciones de las partes están más
subordinadas a la decisión de una única personalidad dominante, ganan
influencia las tendencias, los intereses
y las motivaciones profundas de ese sujeto, lo que puede alejarlas de la
racionalidad.
En el caso que nos
ocupa, el conocimiento de las características de la señora presidente, doña
Cristina Fernández, viuda de Kirchner, nos llevaron anteriormente a opinar que
era posible y altamente probable que
Argentina terminara cayendo en default, lo que finalmente sucedió.
Algunos analistas
opinaban que las declaraciones agresivas del gobierno argentino respondían a una fría política
negociadora tendiente a obtener las mayores ventajas antes de llegar a un necesario acuerdo, dado que el
incumplimiento de la sentencia firme de la justicia americana no podía ser
soslayado sin caer en el temido default y sus graves consecuencias. Pero hubo
un indicio que nos llevaba a pensar lo contrario y eran los sistemáticos
ataques y críticas al juez de la causa porque no puede pensarse que una parte
que desea una solución favorable en un litigio puede cometer la torpeza de
irritar al quien tiene el poder de
decisión.
Partimos entonces de
la hipótesis que el gobierno de la República Argentina, reducido por cuestiones
de dominio político al poder omnímodo de
una sola persona, había fijado como
objetivo provocar la situación del cese
de pago y el consiguiente default. Si analizamos ahora las acciones del
gobierno desde esa perspectiva las mismas dejan de ser confusas y erráticas y
ganan una notable coherencia.
Tomemos el caso de la
cláusula RUFO (Rights Upon Future Offerts) que
fue esgrimida como argumento (nosotros pensamos que como excusa) para
negarse a pagar lo que establecía la sentencia judicial. Más allá de lo pertinente que resulta utilizar el término
Rufo (que en castellano deriva de rufián
y refiere al que hace tráfico de mujeres públicas y es hombre sin honor ,
perverso y despreciable) cuando fuimos a
los prospectos originales nos encontramos con
una simple cláusula de “Acreedor más favorecido” que expresa
textualmente “Si Argentina ofreciese comprar, canjear o enmendar cualquier bono
elegible que NO hubiese participado del canje, hasta diciembre de 2014, los
poseedores de Bonos canjeados tendrán la opción de participar en dicha
operación en base al monto de deuda elegible que tenían originariamente.”
Es inmediato aun para
quien no tenga formación específica en leyes, la diferencia esencial entre una
oferta formulada por la Argentina y el pago en
cumplimiento de una sentencia judicial a la que Argentina se opuso en
todas las instancias judiciales. Tal como dijera el mismo juez Griesa no existe
base jurídica para disparar la cláusula RUFO con el pago de la sentencia,
de modo que ese argumento carece de
solidez y solo se esgrimió para evitar el pago ordenado por el juez, ratificado
por la Cámara de Apelaciones y considerado inelegible para ser revisado por la
Corte Suprema de los EUA.
En la misma línea de
llevar el caso hasta la cesación de pagos se inscriben las demoras en atender
al mediador designado por el juez, que fue específica y únicamente encargado de coordinar la forma de pago, lo que el Ministro Kicillof parecía ignorar al
pretender que el mediador cambiara las
sentencia y ofreciera a los tenedores de
bonos entrar al canje que habían rechazado en 2005 y 2010 en vez de cobrar los
fondos correspondientes al juicio ganado. Tamaña incomprensión de la función
del mediador es inaceptable en un
funcionario ilustrado y solo puede responder a una deliberada estrategia de entorpecimiento de
cualquier posible solución que pasara por el pago de la sentencia.
Finalmente y si cabía
aun alguna duda acerca de las intenciones del gobierno, estas se develaron con
la irritada mención que hizo en forma pública las señora presidente a los
banqueros argentinos que pretendieron dar una solución comprando los bonos para
negociarlos en el 2015, acción que fue boicoteda por las expresiones públicas
del mismo Ministro de Economía. Obviamente esa actitud de los banqueros tiraba
por tierra la verdadera estrategia que era llegar a la situación de cesación de
pagos y consecuentemente no podía ser aceptada.
Consideramos entonces
que el gobierno presidido por la señora Cristina Fernández operó con el
objetivo de no pagar la sentencia de
modo alguno, aunque ello implicara llegar a una situación de default, a
pesar de los riesgos y consecuencias que tal situación conlleva para la nación a fin de llegar a una
situación que, aparentemente, entienden que favorece políticamente al partido
gobernante.
Las dos cuestiones
que siguen a esta conclusión es dilucidar cuales fueron las ventajas que el
gobierno supone que conlleva esta situación y cuáles serían sus consecuencias
futuras.
En nuestra opinión,
susceptible de ser errónea ya que se trata de evaluar intenciones pero que
sigue la línea aparente de la lógica presidencial, hay tres cuestiones
fundamentales que habrían inspirado la marcha hacia el default:
La primera es la
aversión el gobierno a aparecer cediendo a las presiones de elementos a los que
había denostado al calificarlos como “fondos buitres” y a un juez al que había
descalificado a pesar de que fue el mismo gobierno quien decidió subordinar las
cuestiones vinculadas a los bonos reestructurados a su jurisdicción. En
términos políticos significa que el gobierno juega a retener a su reducido
“núcleo duro” y renuncia a tratar de
conseguir el consenso mayoritario de la sociedad.
La segunda es que una
vez asumida la imposibilidad de superar la caída de la economía y de salir del
cuadro de recesión, inflación y desempleo crecientes, el gobierno apuntó a
encontrar un “chivo expiatorio” en quien cargar la responsabilidad del
empeoramiento previsible de la situación
social. Adicionalmente, al asignar a la pelea en ciernes una connotación
nacionalista espera encontrar un
argumento para frenar las reacciones sindicales
y las críticas de la oposición apelando a la necesidad de hacer un
frente común ante el supuesto ataque externo que la señora presidente sintetizó
en su último discurso diciendo: “nos quieren tumbar”.
Existe probablemente
la esperanza de convertir la declaración
de default que formulan las organizaciones internacionales del ámbito
financiero (visión que el Ministro Kicillof calificó como una “pavada atómica”
con una expresión claramente carente de toda seriedad), en un suceso similar a
la muerte de Néstor Kirchner que, adecuadamente trabajado por el aparato
publicitario del gobierno, podría modificar sustancialmente la deteriorada
imagen presidencial y resucitar las posibilidades electorales del Frente Para
la Victoria.
En este cuadro se
percibe que el gobierno “kirchnerista” ha actuado privilegiando las cuestiones
de política interna por sobre los intereses nacionales que se verán seriamente
afectados por el bloqueo de los fondos girados para pagar a los bonistas que
aceptaron los canjes de deuda, consecuencia esta largamente anunciada. En el
conflicto de intereses en que se enfrentaban los intereses generales de la
nación con los particulares de la fuerza gobernante, esta última
actuó con la más absoluta mezquindad y egoísmo.
En el corto plazo, ya
se comenzarán a sentir los efectos negativos de esta insólita jugada. Si la
cláusula RUFO no tenía posibilidades de
ser disparada por el pago de la sentencia judicial, las cláusulas que prevén la “aceleración” o
sea el pago total de la serie de bonos que ha caído en default, al no haberse
concretado un pago, ya están en
condiciones de comenzar a ponerse en efecto.
Por otra parte, a
medida que las calificadoras de riesgo y los organismos de evaluación de deuda
van confirmando que la deuda argentina ha caído en un nuevo default (por mucho
que el gobierno pretenda negarlo) los efectos en el mercado interno se van a hacer más intensos. La carencia de
dólares, que llega en el momento en que
se ha liquidado el grueso de la cosecha, se tornará cada vez más dura. En el
frente externo disminuirá el ya escaso ingreso de capitales y la posibilidad de
obtener créditos, así como también la posibilidad de emitir bonos de deuda con
pretensiones de ser colocados en el extranjero.
Las consecuencias de
esas presiones en la vida interna, traducidas en pérdida de empleos con
incremento de la recesión y aumento de la inflación empeorarán el clima social
y de poco servirá que la retórica gubernamental pretenda derivar
responsabilidades en los fondos buitres o los jueces inamistosos. La ciudadanía
pedirá soluciones y el gobierno no tiene respuestas.
Cuando ese momento
llegue, el oficialismo comprenderá que
la verdadera “pavada atómica” fue arrastrar al país a un default innecesario y
evitable. Quizás entonces se emprendan esfuerzos sinceros para encontrar
soluciones que esperemos no sean
tardías pero que siempre tendrán un severo costo. Hasta ese momento tendremos
que seguir escuchando y soportando la
retórica insensata y egoísta de los que
subordinan los intereses de la patria a sus mezquinas conveniencias políticas.
Como en tantas otras cuestiones, esperamos que las elecciones del 2015 nos
liberen de estos lamentables gobernantes e incompetentes funcionarios y
permitan el acceso al poder de argentinos con más vocación de servicio y
compromiso con el bien común.
Buenos
Aires 3 de Agosto de 2014
Juan
Carlos Neves
Presidente de Nueva
Unión Ciudadana
www.nuevaunionciudadana.org
Twitter @NevesJuanCarlos
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