Lunes 04 de agosto de
2014 | Publicado en edición impresa
Editorial I
Con el retaceo de
información sobre fallos y los manejos para intentar copar los tribunales, el
Gobierno sigue buscando impunidad para la retirada
Algunos integrantes
de la Cámara Nacional de Casación Penal cercanos al Gobierno lanzaron una
fuerte embestida para retacear la difusión de los fallos. Pero, más grave aún,
es que el intento no sólo apunta a censurar a la prensa e impedir que la
ciudadanía se informe sobre causas de muchísima trascendencia, sino
principalmente a poder controlar, durante este último año y medio de gestión
kirchnerista y muy especialmente después, todos los resortes del tribunal que
deberá juzgar los más importantes casos de corrupción.
El detonante de esta
insólita situación fue una información publicada hace dos meses en el portal de
noticias Infobae. Allí se difundieron datos tomados de un documento oficial que
había enviado la propia Cámara de Casación al Gobierno, que afirmaba que,
durante el corriente año, la Sala II de ese tribunal había anulado más de
cuarenta condenas e investigaciones por narcotráfico.
Concretamente,
Infobae publicó que "de 2012 a la fecha, el 95 por ciento de las causas
por narcotráfico, con condenas de entre 3 y 13 años, dictadas por Tribunales
Orales en lo Criminal Federal fueron anuladas cuando llegaron a la Sala II de
Casación", integrada por Alejandro Slokar y Ángela Ledesma.
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| Alejandro Slokar |
A partir de esa nota
periodística, el camarista Slokar, miembro de la agrupación oficialista
Justicia Legítima y uno de los más fieles discípulos del juez de la Corte
Suprema Raúl Zaffaroni, pidió a sus colegas de la Cámara Nacional de Casación
Penal que no se difundieran noticias de ese tribunal. La pretensión de Slokar, apoyada
por algunos otros magistrados, quedó plasmada por escrito en el acta de un
acuerdo de superintendencia del 10 de junio pasado, a la que tuvo acceso La Nación.
Fuentes que
estuvieron presentes en esa reunión afirmaron que Slokar acusó directamente al
presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky, por la difusión
de aquella información -que era correcta y cuya exactitud nadie cuestionaba-, a
lo que Borinsky respondió que él no la había facilitado a los medios de prensa.
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| Mariano Borinsky |
Más allá de que la
información publicada por Infobae y que tanto irritó a los jueces involucrados
no fue desmentida y de que, además, se refiere a un tema tan sensible como el
narcotráfico, cabe llamar la atención en que la Cámara de Casación parece tener
la intención de desconocer la política de transparencia que impulsa la Corte,
desde la cúspide del Poder Judicial, que viene pregonando como una obligación
de todos los tribunales del país.
Desde que el doctor
Ricardo Lorenzetti asumió la titularidad de la Corte se tomaron varias medidas
a favor de permitir el más amplio acceso del público a las decisiones
judiciales. En efecto, creó el Centro de Información Judicial (CIJ), agencia de
noticias de ese poder; permitió la designación de voceros de cámaras federales
en distintas provincias; instó a los jueces a conversar con el periodismo, para
hacer función docente, y dictó una acordada que permite a los periodistas
acceder a las causas archivadas.
Por otra parte, fue
el propio kirchnerismo, al que este grupo de magistrados adscribe, el principal
impulsor de la ley 26.856 de publicidad de los actos del Poder Judicial.
Recordemos que esta norma nació al calor de una serie de fallos adversos a las
aspiraciones del Gobierno en el contexto de la ley de medios. Ahora, es ese
mismo sector el que no quiere la publicación de los fallos, lo que evidencia lo
frágil de los argumentos que, en ese entonces, esgrimió el oficialismo cuando
pretendía defender la transparencia judicial.
Por eso, a simple
vista, podría llamar poderosamente la atención que Slokar y otros jueces
cercanos a Justicia Legítima se muestren más preocupados por restringir la
difusión de sus fallos que por mejorar la transparencia y la calidad de las
investigaciones penales, que mucho dejan que desear a la luz de las escasas
condenas que se registran por temas de corrupción, narcotráfico y lavado de
dinero, por citar sólo algunos graves delitos federales.
Sin embargo, esa
cerrazón informativa parece tener una explicación más delicada aún: sería parte
de una estrategia mucho mayor, en la que Slokar y otros magistrados cercanos al
kirchnerismo buscan someter a todos los resortes de la Cámara de Casación
Penal, especialmente cuando el Gobierno se acerca al final de su mandato.
Por caso, en la misma
acta del 10 de junio ya citada, los jueces oficialistas también modificaron la
integración temporaria (subrogancias) de la Sala IV de Casación, que deberá
juzgar el caso Ciccone; removieron a Borinsky y nombraron a otro juez
subrogante; lanzaron una fuerte pelea para que Slokar u otro representante de
su sector presidiera la Casación en 2015, y, en forma simultánea, el Gobierno
llamó con urgencia a un concurso para cubrir las cuatro vacantes del tribunal
penal, preferentemente con magistrados afines al oficialismo.
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| Julio Virgolini |
A tal punto parece
dispuesto el Gobierno a asegurarse el resultado de ese concurso -que lleva el
número 281- que, cuando semanas atrás se sortearon los jurados que tomarán y
corregirán esa evaluación, salieron llamativamente favorecidos el propio
Slokar; Julio Virgolini, reconocido abogado que es defensor de Julio De Vido,
y, como suplente, la colega de Slokar en la controvertida Sala II, la camarista
Ledesma. Así, el oficialismo se garantizó, cuando menos, la mitad del jurado
evaluador, lo que alimenta las suspicacias sobre la falta de transparencia de
los resultados que de él surjan.
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| Ángela Ledesma |
La situación de
Slokar como jurado representa, además, otra irregularidad, por cuanto deberá
juzgar a sus propios pares.
Por citar otros
ejemplos polémicos, baste mencionar que, días atrás, Slokar y Ledesma firmaron
un fallo por el que confirmaron la condena a la ex ministra de Economía Felisa
Miceli por el delito de encubrimiento y destrucción de pruebas, pero ordenaron
dictarle una pena menor. Además, en los próximos meses, la Casación deberá
intervenir en los casos que se siguen contra Amado Boudou (Ciccone), contra
Julio De Vido y contra Ricardo Jaime, por presunto enriquecimiento ilícito, y
contra José Pedraza, por la muerte de Mariano Ferreyra y por el pago de
sobornos a un juez.
Pero no sólo en
Casación se urden este tipo de manejos. En los últimos días trascendió que La
Cámpora analiza un desembarco en la Cámara Nacional Electoral por la vía del
desplazamiento de su presidente, Rodolfo Munné, a quien reemplazaría un
integrante de la agrupación que comanda Máximo Kirchner.
En suma, una vez más,
el kirchnerismo parece empeñado en controlar a la Justicia. En el caso de la
Cámara de Casación, muestra un especial interés en manejarla, pues se trata del
tribunal penal que, en los próximos meses, deberá intervenir en los casos de
corrupción más resonantes y que tiene como protagonistas a varios funcionarios
de los últimos once años de la gestión nacional del matrimonio Kirchner.
Si el Gobierno
finalmente logra avanzar en su propósito de digitar la composición de la Cámara
de Casación, nos encontraremos ante otro escándalo de proporciones, que se suma
al intento -por el momento fracasado- de alejar definitivamente de su cargo al
fiscal José María Campagnoli por haber investigado al empresario kirchnerista
Lázaro Báez y al hermano de la ministra de Seguridad de la Nación, María
Cecilia Rodríguez.
En su desesperada
carrera en pos de impunidad, el Gobierno no duda en sacrificar la independencia
judicial y en comprometer la calidad de la administración de justicia para las
próximas décadas.
NOTA:
Las imágenes no corresponden a la nota original.
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