Por FRANCISCO SOTELO
El reclamo de los ex combatientes de Manchalá debería ser una señal de
advertencia para quienes creen que los derechos humanos pueden ser utilizados
con mezquindad política sin degradarse.
La única razón que se esgrimió para ordenar la demolición del monumento erigido en la calle Arenales fue que era una apología del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor. En realidad, se trataba de un homenaje a conscriptos que repelieron, en inferioridad numérica, un ataque de una columna del ERP, durante el gobierno de Isabel Perón, antes del famoso "decreto de aniquilación" y mucho antes del golpe de Estado.
Fue un hecho que involucró a
argentinos de una misma generación: unos
combatían por decisión propia y otros lo hacían porque eran conscriptos.
Si quienes impulsaron la
eliminación lo hicieron por razones ideológicas, es decir, porque se trata de
un mal recuerdo para una visión de izquierda, se trató simplemente de una
exhibición de poder. Nada indica que la
mayoría de los argentinos considere próceres
a los ex combatientes del ERP ni de Montoneros.
Por otra parte, ambas
organizaciones armadas encarnaron, en esa "no
guerra", proyectos socialistas, aunque desde horizontes ideológicos
divergentes y por eso nunca pudieron fusionarse.
De cualquier modo, eso ocurrió
cuando la mayoría de los actuales integrantes del padrón electoral eran niños o
no habían nacido. Desde entonces, todo cambió. Desapareció la Unión Soviética,
China se convirtió en una potencia capitalista con capitalismo de Estado - con
vocación de expansión- y Cuba, incapaz de autoabastecerse de lo esencial, se
convirtió en exportadora de servicios políticos, militares y culturales para
los países populistas.
La Argentina, sin embargo, sigue enmarañada en su pasado violento y
antidemocrático. Y tan empantanada está que hoy, como nunca, la vigencia de
los derechos humanos se encuentra en alto riesgo. No se trata de si se va a
seguir juzgando o no a supuestos o reales represores, cuyas personales
responsabilidades, día a día, se hacen más difíciles de probar. La realidad es que, a diferencia de los
años 80, la suerte de esas personas no les importa ni a los militares en actividad.
El riesgo aparece y crece en
múltiples síntomas de insensibilidad humana. El olvido de Julio López, cuya
desaparición, mucho más reciente, nunca fue aclarada aunque para "los militantes" sea más
simple acusar a “la gente de Miguel
Etchekolatz”. Si es tan simple, ¿Por qué no los detienen?
Esa contradicción se profundiza
con los agravios dedicados al fiscal
Alberto Nisman, cuya muerte sigue y seguirá bajo un manto de sospecha. O
con los ataques contra Carlos Fayt, motivados
por el solo hecho de poner oficialistas en la Corte Suprema.
Ni que hablar de los muertos en
protestas sociales desde diciembre de 2010, o la incapacidad de diseñar
políticas de seguridad para proteger a la gente común de los delincuentes, y a
los delincuentes -pobres- de la brutalidad de las cárceles.
Manchalá es un caso testigo de cómo la “memoria” es solo un uso subjetivo y arbitrario del pasado. La
verdadera memoria colectiva es la historia académica, sin revisionisnos
traviesos. Y la memoria jurídica debe ser la Justicia.
Los derechos humanos, si no son universales, no son derechos. Cuando un
sector quiere apropiárselos, los aniquila.
NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota
original.
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