Sic transit gloria mundi
Tal como ha sucedido otras veces, la vertiginosa realidad se
llevó el tema al cual, hasta ayer, pensaba dedicar esta columna: la conexión
entre las detenciones de los familiares de Maduro, con pasaportes diplomáticos
venezolanos, y las extrañas vinculaciones de la familia Kirchner con Hugo
Chávez y su sucesor; deberá que esperar otra oportunidad.
En el cierto crepúsculo de la década más infame que recuerde
nuestra historia moderna, encabezada por un matrimonio que hace caso omiso de
los derechos humanos actuales y finge abrazar los de los viejos terroristas
para lograr la impunidad para los enormes delitos de corrupción que han
cometido, algunos jueces siguen recitando su canallesca e inmunda venganza,
olvidando la esencial función que la sociedad les ha encomendado.
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| Carlos Rozanski |
En este caso, me refiero a quienes integran el Tribunal Oral
Federal de La Plata, presidido por el asesino Carlos Rozanski, acompañado por
Pablo Vega y Pablo Jantus, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, compuesto
por Néstor Parra, Mario Portela y Roberto Falcone, y el Juzgado Federal de
Tucumán, a cargo de Daniel Béjas. Pero todo se andará y estos son nombres para
recordar.
El jueves, los magistrados de Mar del Plata revocaron la
prisión domiciliaria otorgada a varios militares y ordenaron su traslado al
penal de Marcos Paz. El caso paradigmático fue el del Cnel. Carlos Saini, a
quien la comisión policial encargada de cumplir esa orden lo encontró mientras
celebraba, en familia, su 88° cumpleaños. Coordinadamente y entre otros, fueron
también encarcelados el Cnel. Oscar Bardelli, de 74 años, y el Cap. Navío
Carlos Robbio, héroe de Malvinas. El viernes por la noche, Rozanski ordenó
idéntico proceder contra el Almte. Antonio Vañek, de 92 años, que la gozaba
hace 17 años, y que está afectado por una innumerable serie de inconvenientes
de salud, al cual ya le fue implantado un marcapasos permanente.
Descompensaciones sufridas por algunos de los condenados impusieron su
internación en hospitales públicos, ya que también se les ha prohibido la atención
en los nosocomios de las respectivas fuerzas armadas.
No voy aquí a referirme a las parodias de juicios en los
cuales estos señores fueron sometidos, ni a las violaciones a todos los
principios legales, jurídicos y procesales cometidas para llevarlos a cabo.
Pero sí a la notoria y aberrante discriminación que sufren, en prisión,
aquellos a quienes el Estado legal y democrático encomendó la represión del
terrorismo en 1975 y, sobre todo, impedir que éste lograra la independencia de
Tucumán, como pretendían los guerrilleros del ERP para recibir reconocimiento
internacional.
Lo más notable es que estas nuevas canalladas de los
asesinos togados (ya han muerto en la cárcel 328 de estos presos por falta de
atención médica adecuada) es que se produjeron en la misma semana en la que un
Tribunal Federal del Chaco concedió la prisión domiciliaria, alegando problemas
de salud, al mayor traficante de cocaína detenido hasta la fecha.
En cambio, a los militares y civiles presos, muchísimos de
ellos sin condena firme, se les niega ese beneficio, que la ley otorga a los
mayores de 70 años, siempre y cuando éste no pueda interferir en la
investigación de los hechos ni encarne un riesgo de fuga; ¿qué podrían hacer
ahora respecto a sucesos ocurridos hace cuarenta años o cómo podrían escaparse
ancianos que ya están, prácticamente, inválidos? Tampoco se les aplica el
cómputo de 2 x 1 (cada día de detención antes de la sentencia vale por dos de
la pena) ni se les permite, por ejemplo, estudiar en las delegaciones universitarias
que funcionan en las unidades penales.
Aún quienes se encuentran en las antípodas de mi pensamiento
y creen que se trata de genocidas, deberían hacer suya la máxima que establece
que no se combate a los caníbales comiéndoselos.
Pero como dice la frase del epígrafe, a la que se atribuye
una antigüedad de más de mil años, la gloria del mundo es transitoria, y la
espada de la verdadera Justicia caerá, más temprano que tarde, sobre estos
homicidas togados y prevaricadores, que actúan con alevosía y premeditación
para cometer sus crímenes de lesa humanidad, tal como describe el Pacto de
Roma, del cual nuestro país es suscriptor desde 2004. El mismo Rozanski ya se
encuentra penalmente imputado por el asesinato del detenido Dr. Aldo
Chiacchietta, a quien le impidió asistirse adecuadamente del cáncer que
padecía.
El Poder Judicial, cuya cabeza -con excepción del Dr. Carlos
Fayt- fue cómplice de tantas bárbaras aberraciones durante estos años, debe
aplicar la Ley correcta e inmediatamente a todos los ciudadanos por igual; así
podrá desempeñar el verdadero rol que la Constitución le impone al respecto,
revisando uno por uno los juicios y dejar de actuar como un instrumento de
venganza, no sólo de aquéllos que fueron vencidos en la guerra, sino de toda
una sociedad hipócrita y cínica, que prefiere mirar para otro lado y no asumir
la responsabilidad de haber llamado a la puerta de los cuarteles para evitar
que la locura marxista, traducida por los "jóvenes
idealistas" en atentados, bombazos y asesinatos indiscriminados, se
impusiera.
¿Nadie es capaz en la
Argentina de preguntarse qué hubiera sucedido si Firmenich y Santucho hubieran
logrado su demencial objetivo y, como aseguró el primero que harían, hubieran
matado a un millón de personas? Europa entera, después de los atentados del
viernes en Paris, se mira en el mismo espejo.
Hoy asistiremos al debate de los candidatos presidenciales
que, el domingo próximo, se enfrentarán en el segundo turno electoral. No creo
que este tema esté en la agenda que ambos han acordado, pero el comportamiento
de la Justicia, observado con preocupación desde hace varios años por la
Asociación Internacional de Jueces -remitió una carta expresándolo así a la
Presidente-, será la verdadera y excluyente base sobre la cual se podrán apoyar
los cimientos de la reconstrucción nacional.
Con una Justicia independiente, rápida, eficiente y capaz,
todo será posible; sin ella, nada lo será.
Bs.As., 15 Nov 15
Enrique Guillermo
Avogadro
Abogado
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