La realización de
desfiles en conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia fue un
indicio de la reubicación de las Fuerzas Armadas en la consideración oficial y
probablemente también social. En palabras del ministro de Defensa, Julio
Martínez, al anunciar el evento: "En
el gobierno anterior hubo maltrato, persecución y falta de respeto a nuestras
Fuerzas Armadas, a las que tenían escondidas" y agregó: "No es para mostrar poder, que tampoco
tenemos porque hemos recibido las Fuerzas Armadas con falta de capacidades y
presupuesto".
Es todavía prematuro
asumir que la realización de los importantes desfiles realizados el fin de
semana último y esas palabras del ministro sean el comienzo de un proceso de
recuperación del sistema de defensa. Las severas limitaciones presupuestarias
que debe enfrentar el gobierno de Mauricio Macri se contraponen con la
necesidad de inversiones en un aparato militar desmantelado. Desde 1983, en el
marco de un ambiente político adverso a las Fuerzas Armadas, se practicó un desarme,
sin declararlo formalmente. La Argentina fue así un caso atípico de un país que
procede de esa manera sin precaverse mediante un acuerdo de defensa o de
desarme regional, o mediante un convenio de protección por otra potencia
militar. En 33 años de gobiernos constitucionales el Congreso nunca desarrolló
una discusión seria sobre las implicancias de quitar gradualmente a las Fuerzas
Armadas su capacidad defensiva. Pero esto sucedió. Cualquier voz señalando esa
falencia sería mal considerada políticamente y sospechada de defender "represores" o de alimentar
intenciones golpistas. Si el propósito sigue siendo mantener desarmadas las
fuerzas para asegurar que no haya golpes militares, ello significaría después
de 33 años otro grave problema de madurez institucional. El acatamiento militar
a las autoridades de la Constitución debe entenderse como un hecho ya
consolidado.
No tiene sentido
continuar afrontando un importante gasto en defensa para destinarlo en cerca de
un 90 por ciento a pagar salarios y gastos corrientes sin ningún impacto
defensivo. El presupuesto de Defensa para 2016 continúa con esa misma
característica y no expone un mejoramiento en aquellos objetivos que están
sujetos a alguna cuantificación. Por ejemplo, la cantidad de días de operaciones,
horas de vuelo de entrenamiento o tiempos de navegación. Aun siendo estas metas
muy poco ambiciosas, a menudo no se cumplen por la escasa disponibilidad de
equipamiento o munición. La Fuerza Aérea carece de aviones de combate
operativos para poder cumplir con las horas de vuelo requeridas en la formación
de pilotos. En la aviación naval la situación es aún más crítica.
Dentro de estas
extremas escaseces, el presupuesto de defensa expone en sus limitadas
inversiones la prioridad por impulsar la industria militar local. Este objetivo
puede estar en contradicción, y de hecho lo está, con el logro de la mayor
eficacia militar basada en armamento de última generación. Por ejemplo, se
propone modernizar el Polo Químico de la Fábrica Militar de Río Tercero.
También se han programado una línea de armado de vagones y una planta de
fabricación de pistolas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán. Ninguna de
estas inversiones aportará capacidad militar significativa. La pregunta,
entonces, es por qué el presupuesto de defensa pone al Estado a armar vagones
de uso civil.
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| Avión de entrenamiento IA-100 |
La Fuerza Aérea prevé
la producción de un avión de entrenamiento IA-100 en la Fábrica Argentina de
Aviones Brigadier San Martin (Fadea). En el mismo establecimiento se
contratarán el mejoramiento del IA-58 Pucará y la fabricación de aviones Pampa
II. Como un programa plurianual el Ejército invertirá en la transformación de
helicópteros UH-1 y en la modernización del Tanque Argentino Mediano. La Armada
continuará la renovación de equipamientos en los destructores Meko 360. Puede
observarse en este programa que será priorizado el uso de la industria militar
local en la fabricación y que además se apunta a equipamientos para
entrenamiento más que para operaciones. Por lo tanto, no se modificará el curso
de las tendencias observadas en los últimos años.
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| Destructor A.R.A. La Argentina |
Se impone una
completa revisión de la política de defensa que debería sustentarse en una
discusión que se inicie con la decisión de contar con fuerzas armadas. Salvado
esto, el marco de un programa consensuado
debe incluir la reconciliación y la superación de los sentimientos
antimilitares que han motivado no sólo el deterioro defensivo que exponemos en
este editorial, sino también un tratamiento judicial asimétrico y claramente
violatorio de los principios de la justicia en el tratamiento de los hechos de
la guerra antisubversiva que nuestro país vivió en los años setenta.
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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