Los ojos del Tribunal
Oral Federal de Santiago del Estero que pretende llevar adelante una nueva
megacausa por delitos de lesa humanidad no están ciertamente vendados como
deberían. Lo integran tres jueces subrogantes de reconocida militancia
política: los doctores Alicia Noli (Tucumán), Jose María Pérez Villalobo (Córdoba) y Juan María Ramos Padilla (Capital Federal).
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| Alicia Noli |
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| Jose María Pérez Villalobo |
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| Juan María Ramos Padilla |
Indiscutidos y
confesos militantes, no sólo simpatizan con las causas de los querellantes,
sino que es evidente su animadversión contra los imputados. ¿De qué imparcialidad podemos estar
hablando? Estos funcionarios se aprestan a impartir lo que ellos entienden
peligrosamente como justicia en una megacausa que involucra hechos y personas,
la mayoría ya juzgadas y condenadas en juicios previos. La novedad es que ahora
dicho proceso incluye a dos ex jueces.
Son ellos Arturo
Liendo y Santiago Olmedo, magistrados que actuaron en causas instruidas durante
la democracia por delitos cometidos entre 1974 y 1975 por la guerrilla que
operaba en Tucumán. Se determinó que el entonces juez Liendo no podía ejercer
su rol por haber sido el fiscal que instruyó las causas. Por esta razón, el
fiscal Olmedo, que acababa de ser ascendido, lo subrogó. Cabe recordar que
Olmedo, designado por concurso, integró y presidió el tribunal que juzgó el
crimen de María Soledad Morales, en Catamarca.
Estos ex jueces,
ahora imputados, han sido sobreseídos ya en tres oportunidades por la Cámara
Federal de Tucumán, con diversas conformaciones, siempre sobre los mismos
hechos que hoy se les endilgan.
El inicio del juicio
se fijó para el 22 del corriente mes. Descontando los días de la feria
judicial, es palpable el atropello por la dificultad de que se resuelvan, en
tan breve plazo, los recursos pendientes por sucesivas recusaciones por
prejuzgamiento, así como por el temor de parcialidad planteado y no tramitado o
no resuelto.
El
Estado nacional debería prestar debida atención a tan importante asunto y
exigir el respeto de los procedimientos y las normas que deben regir a quienes
ejercen la delicada tarea de impartir justicia.
No se puede admitir que tengamos tribunales blindados contra impugnaciones y
actores que incurran en groserías jurídicas tales como reunirse a solas con las
partes querellantes sin el conocimiento de la contraparte.
Como afirma el
historiador Luis Alberto Romero en su artículo "Los juicios de «lesa
humanidad»: un desafío para la justicia", "no se puede construir el
Estado de Derecho sobre la injusticia y la duda".
El juicio al que
hacemos alusión es el escenario propicio para el escándalo, visto y aprovechado
como una ocasión de daño y ruina moral, jurídica y espiritual para la persona
juzgada. Constituye una verdadera trampa
cuyo único propósito es perjudicar al otro, en medio del desenfreno, del
alboroto y el engaño. Sin garantías de imparcialidad y sin transparencia.
El legítimo derecho a la defensa queda pisoteado. Sólo reinan la venganza, la
intolerancia, el partidismo y la militancia, acompañados de actitudes propias
del prejuzgamiento, teñidas de una deliberada animadversión.
En
medio de este escarnio intolerable e indigno se hace necesaria la intervención
de las autoridades nacionales para poner coto a estos tendenciosos
procedimientos. Hay más de una situación como ésta que
se repite en otras provincias. El clamor de justicia, por demás válido y
atendible, mucho más cuando se invocan razones de lesa humanidad, no puede
sostenerse con ardides, falsos testimonios ni jueces militantes. Los argentinos hemos de aprender a
distinguir justicia de venganza. El peligro de asimilarlas ha probado sólo
servir para fomentar el enfrentamiento estéril que nuestra nación necesita
dejar atrás para construir su futuro.
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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