16dic17
El plan de acción
anunciado por Claudio Avruj debió haber impulsado una reconciliación sincera
edificada sobre la verdad integral para sanar el tejido social
El presidente
Mauricio Macri encabezó el acto en el que el secretario Claudio Avruj anunció
el Primer Plan de Acción de Derechos
Humanos 2017-2020. El documento publicado comprende varios capítulos y
políticas referidas a derechos colectivos, igualdad, no discriminación y
reducción de la violencia. Pero sin duda la mayor expectativa se concentró en
el capítulo titulado "Memoria,
Verdad y Justicia".
En efecto, al
conocerse este título se abrió la
expectativa de observar avances hacia la pacificación y reconciliación, con el
reconocimiento hacia las víctimas ocasionadas por los grupos terroristas que
iniciaron y sembraron violencia y muerte en los años setenta. Pero no fue
así. El plan no hace ninguna mención de estas víctimas, cuyos familiares siguen clamando el reconocimiento que legítimamente se
les debe. Su contenido, por el contrario, parece surgido de la pluma de
quienes aspiran a profundizar el empleo del brazo de una justicia parcial para
seguir enjuiciando y condenando exclusivamente a militares, policías y
gendarmes. En este plano de profundizar la condena hacia ellos, el gobierno nacional
ha confirmado que continuará querellando y que no intenta atender los derechos humanos de las víctimas inocentes de
los grupos subversivos armados. Nada dice ni plantea sobre el carácter de lesa humanidad que la jurisprudencia
internacional adjudica a los crímenes de organizaciones armadas, que además
contaron con apoyo y entrenamiento externo.
Los argentinos siguen
divididos respecto de su visión acerca de lo sucedido en los años setenta. Subsiste una grieta conceptual que
constituye un obstáculo para alcanzar la necesaria reconciliación de nuestra
sociedad.
Durante los doce años
en los que los Kirchner ejercieron la primera magistratura, el discurso oficial
se caracterizó por una interpretación ideologizada y alejada de la verdad de
aquellos hechos. La denominada política
de derechos humanos abandonó los principios éticos que debían caracterizarla y
fue empleada para lograr espacio político y una artificial cobertura moral para
el ejercicio corrupto del poder. Desde el gobierno y en las escuelas se
difundió y todavía se mantiene, un
relato sobre los setenta que presenta a los grupos terroristas como jóvenes
idealistas y a la represión como una acción requerida para acallar la resistencia
social frente a políticas económicas impuestas por supuestos perversos poderes
económicos.
Con
esa falsa presentación de la verdadera historia, se ignora a las víctimas
ocasionadas por los Montoneros, el ERP y otros grupos armados. Se omite decir
que estos grupos actuaron también contra gobiernos constitucionales, y se
ignora que entre 1970 y 1973 hubo un fuero judicial que los juzgó y condenó,
otorgándoles todas las garantías para su defensa.
El relato tampoco
recuerda que en mayo de 1973 ese fuero fue disuelto por el gobierno de Héctor
Cámpora, y que los terroristas amnistiados retomaron las armas y procedieron a
vengarse de los jueces que los habían juzgado y condenado.
Puestas
a combatir aquel terrorismo desbordado que pretendía hacer de la Argentina otra
Cuba, las Fuerzas Armadas fueron reclamadas por el poder civil para aniquilar
el accionar subversivo. Este se desarrollaba por
combatientes sin uniforme, que actuaban clandestinamente en organizaciones
celulares, en ámbitos principalmente urbanos.
Lamentablemente,
tanto el gobierno constitucional como las cúpulas militares descreyeron en 1975
que el camino pudiera ser nuevamente el de recrear un fuero judicial. La respuesta
al requerimiento de aniquilamiento llevó a que las Fuerzas Armadas cometieran
desde el Estado crímenes aberrantes. Ciertamente esto no puede convalidarse,
pero no por ello hay que olvidar los crímenes y delitos cometidos por los movimientos
subversivos.
Sin
embargo, los integrantes de esos grupos terroristas se mantienen impunes y han
recibido cuantiosas indemnizaciones, e incluso han llegado a ocupar cargos de
gobierno, pese a la enormidad de sus repudiables conductas.
Entre 2011 y 2016, las indemnizaciones sumaron algo más de 4000 millones de
dólares. Se estima que en total, desde el inicio y hasta que se satisfagan
todos los reclamos, alcanzarán 11.200 millones de dólares. Para continuar lo
que alguien denominó "el curro de los derechos humanos",
aún hay varios miles de solicitudes bajo análisis.
Mientras tanto, desde
que se llevó a cabo la anulación de las leyes de obediencia debida y punto
final, se impulsaron y se continúan abriendo cientos de causas judiciales
contra miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como también
civiles.
En
la actualidad hay alrededor de 2000 presos, de los cuales 1430 aún no tienen
condena y 728 de ellos han excedido holgadamente el tiempo admitido de prisión
preventiva. Ya han fallecido 428 en prisión, de los cuales 424 tenían aún
prisión preventiva. En gran parte de estos juicios hay
denuncias de testigos falsos y se manipulan las pruebas. Ha sido frecuente la
realización de audiencias y juicios orales en teatros o grandes locales en los
que se convoca a multitudes vociferantes.
Esas
irregularidades deberían investigarse a fondo, incluyendo tanto lo actuado
desde la conducción política como desde el accionar de la Justicia.
En particular deberá revisarse la conducta de algunos jueces y fiscales, cuya
labor fue contraria a la imparcialidad.
El
Plan de Acción de Derechos Humanos 2017-2020 debería impulsar como objetivo central,
una reconciliación sincera edificada sobre la verdad objetiva y la justicia.
Se trata nada menos que de sanar el tejido social y así hacer posible avanzar
en paz hacia un futuro común.
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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