por Juan Luis
Gallardo
Numerosos
militares y policías están en la cárcel -varios de ellos padeciendo una
interminable prisión preventiva- imputados de haber cometido los llamados
delitos de lesa humanidad. Mientras tanto, quienes fueron
sus adversarios en la lucha entablada durante los años 70, no sólo gozan de
total libertad sino que, además, muchos de ellos han ocupado importantes cargos
públicos. Tal asimetría y la importancia del tema en sí mismo justifican
abordarlo, no obstante tratarse de un asunto espinoso.
En primer lugar ¿por
qué estos hombres están presos, pese a las amnistías e indultos dictados sobre
el particular y no obstante hallarse prescriptos tales delitos al momento de
iniciarse los respectivos procesos? Pues, precisamente, por habérselos
considerados delitos de lesa humanidad, a los que no cabe aplicar amnistías ni
indultos, amén de ser tenidos por imprescriptibles.
Esta modalidad de
juzgar hechos en base a leyes que no existían al momento de ocurrir los mismos,
tuvo su origen en los juicios seguidos en Nüremberg contra los jerarcas
germanos, donde se aplicaron normas retroactivamente, aberración jurídica que
permitió que los encausados fueran condenados a muerte y ahorcados en
consecuencia.
Si bien en el caso
que nos ocupa no fueron invocados como antecedente los juicios de Nüremberg
sino los acuerdos de París, que crearon la figura de los delitos de lesa
humanidad con posterioridad a su presunta comisión por parte de los represores
en los llamados años de plomo, es claro que aquéllos configuran el antecedente
natural de éstos.
Pero, en tren de
señalar irregularidades, es preciso agregar otras, decididamente groseras. Y
que consisten en que los delitos de lesa humanidad definidos en París requieren
una condición previa e ineludible: que se trate de un genocidio y que esté
dirigido contra la población civil.
A
fin de sugerir la existencia de un genocidio se infló desmesuradamente la cifra
de los desaparecidos, hasta alcanzar el número de 30.000,
mínimo necesario para ello. Y esa cifra es falsa de toda falsedad, como lo declaró honradamente el autor
de la misma, señor Labraña, ex guerrillero.
Es falsa, aunque la
gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, haya
propiciado una ley mediante la cual se transformó en delito todo intento de
contradecir dicha cifra. Como si los
datos históricos pudieran establecerse por ley y pese a que la gobernadora no
puede ignorar que ha conferido respaldo legal a un embuste grande como una
casa, que contradice incluso lo establecido por la CONADEP que, pese a haber
inflado el número, habló de 9.000 y pico de desaparecidos.
Tampoco la represión
tuvo lugar contra la población civil, ya que los guerrilleros estaban
organizados militarmente, tenían grados castrenses y aplicaba internamente una
justicia militar, a raíz de la cual llegaron
a ejecutar a algunos camaradas por considerarlos traidores.
Supongo que nada de
lo hasta aquí expresado sea desconocido
por los jueces que juzgaron a los represores ni por la Corte Suprema de
Justicia, autora de la jurisprudencia aplicada dócilmente por los mismos. Y ya es hora de poner fin a esta situación
irregular.
NOTA:
Los destacados no corresponden a la nota original.
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