Son
13 pagos por un total equivalente a dos millones y medio de dólares. La causa
tramita ante el juzgado de Ariel Lijo
Por
Fabio Ferrer
14
de noviembre de 2019
La cúpula del PRT-ERP en junio de 1973 durante un contacto clandestino con la prensa: en primer plano Santucho, Urteaga y Gorriarán Merlo |
El
25 de septiembre de 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, un
comando del Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP) emboscó y asaltó un camión
de caudales en el centro de la ciudad de Córdoba con el objetivo de llevarse los valores que se
transportaban en el vehículo. En ese momento, se produjo un tiroteo entre los
guerrilleros y los custodios del blindado a los que se sumaron efectivos de la
policía provincial. Como consecuencia de la balacera murieron una guerrillera, dos custodios y un policía resultó herido.
La mujer abatida, miembro del ERP, fue identificada como Nora Lía Marquardt cuyo nombre de guerra era “Sargento Clara”. 25 años después de aquel hecho, los
familiares de Nora Marquardt -gracias a una de las llamadas “leyes de reparatorias”- cobraron más de USD 171 mil en concepto de
indemnización como víctima del terrorismo de Estado. Además el nombre de la
militante del ERP abatida durante el asalto al blindado figura en el Parque de
la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires.
Este y otros 12 casos similares en los
que se pagaron indemnizaciones a herederos de guerrilleros de manera
presuntamente ilegal figuran en una denuncia que presentó el periodista José
Luis D’Angelo este miércoles ante la justicia federal. En
el escrito se exponen de forma detallada las maniobras que, invocando las “leyes reparatorias”, habrían permitido
defraudar al Estado en cifras millonarias. Tras el sorteo la causa recayó en el
juzgado a cargo del juez federal Ariel
Lijo.
Otro
de los casos denunciados es el de Hugo
Therisod, alias “Roque”. A las 11 del 20 de agosto de 1975, en pleno centro
de la ciudad de Córdoba, una unidad
de combate del ERP atacó en forma
simultánea la División Informaciones,
el Comando Radioeléctrico y el edificio de la Guardia de Infantería de la Policía provincial “con el objeto de detener y
ajusticiar a todo el personal”. Los guerrilleros realizaron cortes en
varias calles de la zona céntrica para dificultar la llegada de refuerzos. En el ataque fueron asesinados cinco
policías y cayó abatido Therisod.
En
la revista Estrella Roja, órgano
oficial del Ejército Revolucionario del Pueblo, se publicó un artículo en el
que al referirse a “Roque” destacó su
“compromiso
con la revolución socialista, su
odio a la policía y demás fuerzas represivas lo llevan a cumplir con iniciativa
y enorme alegría su tarea, el ataque a la Guardia de Infantería”. “Murió valientemente cuando desprendido del
resto de sus compañeros debió enfrentar sólo con una pistola a un conjunto de
policías fuertemente armados dando un alto ejemplo de moral revolucionaria”,
detallaron.
Los
herederos de Hugo Therisod recibieron la indemnización correspondiente a las
víctimas del terrorismo de Estado, una suma que al momento de percibirla equivalía
a USD 98 mil.
"Sargento Clara". Murió abatida en medio de un ataque en Córdoba |
En
la denuncia además se describen otros casos de guerrilleros ajusticiados por su
propia organización por haberlos considerado “traidores” y de aquellos
que murieron por impericia en la
manipulación de explosivos o por fallas
en la fabricación de esos artefactos.
Entre
ellos se destaca lo ocurrido con Adriana
Kornbliht, alias “la
Turca”, quien murió mientras intentaba colocar una bomba en la
comisaría de Monte Chingolo en la
provincia de Buenos Aires, en marzo
de 1977. Según cuenta Pablo Giussani en su libro “Montoneros, la soberbia armada”,
Kornbliht falleció despedazada por una bomba que le estalló en las manos
mientras intentaba colocarla en la dependencia policial. Los familiares de “la
Turca” recibieron en 2007 más de 360 mil
pesos, USD 116 mil a la cotización de la época.
Uno
de los hechos más llamativos mencionados en la denuncia que tramita en el
juzgado de Lijo es el de los
hermanos Sabao. El 28 de noviembre de
1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón,
en Rosario, un grupo armado con
ametralladoras y fusiles FAL atacaron a Carlos Raimundo Sabao y a Pedro Alberto
Sabao. El primero cayó en el lugar alcanzado por varios impactos mientras que su hermano se arrojó al río Paraná. Los atacantes lo persiguieron y
continuaron disparándole hasta que su cuerpo desapareció de la superficie del
río.
Al
día siguiente, el cadáver de Pedro Sabao
fue extraído de las aguas del río Paraná por la Prefectura mientras que su
hermano Carlos, gravemente herido, logró
sobrevivir. Pocos días después, la organización Montoneros se adjudicó el ataque. Los causahabientes de Pedro Sabao
cobraron en marzo de 2001 el
equivalente a USD 168.300. Según la
prueba ofrecida en la denuncia, su hermano Carlos falleció en un geriátrico de
la ciudad de Rosario en el año 2016, sin embargo su nombre está en una de las
placas del Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires como una víctima
del terrorismo de Estado.
Los
13 casos denunciados figuran en el Registro Unificado de Víctimas del
Terrorismo de Estado.
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