En
cuarto piso del Palacio de Tribunales, vislumbran un problema político entre
argumentos contra “doctrina Irurzun”
y de los abogados de militares detenidos. Sin reforma legislativa, no habría
distinciones. Tema para 2020.
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| Carlos Rosenkrantz |
Por
Gabriel Morini
La Corte Suprema de Justicia comenzó a
visualizar en su radar la posibilidad de que deba expedirse, a mediano plazo,
en torno a una cuestión espinosa: los criterios para establecer prisiones
preventivas. Pero el problema principal que detectaron en el
cuarto piso del Palacio de Tribunales es que los planteos para que el máximo
Tribunal fije una posición llegan atados a la misma pretensión argumental y
doctrinaria que han venido planteado las defensas de los detenidos por delitos
de lesa humanidad. La cuestión de la detención anticipada se conjuga con la de
la edad, en un combo que hoy no cuenta con una excepción jurídica que permita
discernir entre exfuncionarios presos por causas de corrupción y militares por
violaciones a los derechos humanos sin condena firme. Con este panorama, ya sea en el último tramo del año o en el primer
semestre del próximo, podría emularse una secuencia como la que generó el fallo
denominado “2x1” y que pese a que
puso a prueba a la Corte con muestras masivas de rechazo, podría repetirse.
La política ya fue advertida de que sólo una modificación legislativa,
constitucionalmente aceptable, podría evitar que arrecie un nuevo escándalo.
Hoy,
ninguno de los expedientes por la controvertida “doctrina Irurzun” está
en circulación por las vocalías. Sin embargo, transitan la escalera que los
llevará a la Corte. Por eso, los ministros iniciaron discusiones informales
respecto a lo que vislumbran como un tema que empieza a tensionar a la política
en plena etapa de transición electoral y también al mundo judicial, que ensaya
un repliegue con perfume a epílogo de la “doctrina
Irurzun”. Sin embargo, dejar de aplicar los criterios que emanaron de esa
definición no retrotrae sus efectos.
“Si
esperan una definición política de la Corte se van a encontrar con la letra del
Código Procesal Penal”,
señalaron desde el cuarto piso. Eso significa que tal como
sería aplicable, cualquier excepción que atendiera los argumentos de las
defensas de exfuncionarios respecto a detenciones anticipadas (tales como límite
de edad a los 70, enfermedad o atenuantes) alcanzaría por la similitud de los
planteos a los acusados por delitos de lesa humanidad. “Así como están las cosas, podrían salir de la mano tanto un
funcionario ´Irurziano´ como el ´Coronel Picana´”, graficaron con humor negro desde una vocalía. Es la crónica de un
escándalo anunciado, sobre todo para los organismos de derechos humanos que
considerarían inadmisible la equiparación de situaciones y hasta en algunos
casos sostienen que los exfuncionarios pueden ser considerados “presos políticos”.
No
fue casual la irrupción de ciertos mensajes desde el Gobierno y aledaños. Elisa Carrió, durante su paso por Misiones
sorprendió afirmando: “Quiero la libertad
para (Julio) De Vido, si es que está enfermo y porque tiene 70 años aunque sea
el mayor ladrón de la Argentina y pese a que yo lo he perseguido”.
Nadie reparó que instantes antes había arengado: “Pelean por los derechos, pero los derechos humanos están para que las
personas ancianas no mueran en las cárceles. Y también los derechos humanos
tienen que estar para los militares de 80 años que se están muriendo en las
cárceles”. La solución de mínima que siempre propugnó Carrió fue la prisión
domiciliaria para militares. Ahora avanzó un paso más con la brújula bien
imantada respecto de lo que tiene entre manos la Corte. El ministro de Justicia
Germán Garavano también está al
tanto de la controversia: la semana pasada pidió -en sintonía, dijo con la
opinión de Alberto Fernández- terminar con la generalización de las preventivas
y “analizar caso por caso”. Lamentó
que exista resistencia de jueces a otorgar “domiciliaria”
a personas de más de 70 o embarazadas. Lo argumentó desde el punto de vista de
la reinserción, pero la variable de la edad es una cuestión que la Corte
percibe como una reedición de la discusión subterránea que los obligará a tomar
una decisión política.
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