WYATT EARP

Alguacil Wyatt Earp

Tiempos difíciles. Quien ejerce la Presidencia de la Nación procura desesperadamente modificar la Constitución Nacional a efectos de habilitar su reelección. Pacta con tirios y troyanos a fin de obtener la luz verde que le permita trasponer el umbral de Balcarce 50 sin que múltiples causas por corrupción le envíen junto a sus esbirros directamente a prisión. Mientras tanto el país se debate en medio de una palpable inseguridad e inusual clima de violencia que llevaron a las autoridades a cambiar la filosofía de su declamada política de ondas de amor y paz  recurriendo a un duro sheriff quien promete mano dura y plomo para los delincuentes.

Pacto de Olivos

Quien supuso que estoy haciendo referencia a la actualidad nacional se equivoca. Esto sucedió hace dos décadas, cuando el Dr. Menem pretendió - y obtuvo - la modificación de la CN a través del Pacto de Olivos consensuado con el Dr. Alfonsín y la Unión Cívica Radical. Menem tuvo su reelección y zafó momentáneamente de la cárcel.

Por aquellos tiempos la violencia se enseñoreaba sobre nuestra República y ante las respuestas oficiales se me ocurrió enviar una carta de lectores que publicó la Revista Humor, la cual a continuación transcribo en parte. De su lectura se verá no sólo que nada ha cambiado sino que la situación ha empeorado, pese a lo cual se insiste con fórmulas que fracasaron rotundamente, ignorando las verdaderas causas. Ni aunque hubiesen traído al Alguacil Wyatt Earp[1] se habría solucionado el problema de la violencia y su lógica consecuencia, la inseguridad.   Las verdaderas causas seguirían siendo ignoradas, consciente o inconscientemente.

PALABRAS PROHIBIDAS

Queridos amigos:

El informe de hoy comienza con la presentación de tres escenas con muy diferentes protagonistas.

Escena uno: un carnicero de barrio acaba de vender su producto a una clienta y confiesa desolado que no le puede dar el vuelto  porque todos los compradores vienen con billetes de cien pesos y carece de billetes pequeños.

Escena dos: un profesor de economía, en su cátedra, analiza el nivel de reservas que es de 35.200 millones de dólares luego de la  disminución de 8000 millones  en lo que va del año y concluye que si la Corte Suprema de Justicia  de los Estados Unidos no toma el caso de los tenedores de bonos impagos argentinos, y se ejecutan los fallos de pago total de la deuda, entraremos nuevamente en default.

Escena tres: legisladores de la oposición son forzados a tratar el proyecto de presupuesto sin tiempo para lectura previa, pero a simple vista les surge que presenta valores de inflación y crecimiento alejados de la realidad y que promete una baja del gasto público que implica  un ajuste tan  brutal como descabellado.

La conclusión que puede obtenerse de estas tres escenas recortadas de un cuadro de realidad compleja, es que estamos entrando en una zona de crisis que se percibe en la calle, en los círculos académicos y en  los foros políticos, sin que el gobierno atine a formular políticas públicas capaces de frenar la debacle.

CONVOCATORIA NACIONAL

PRESOS POR DEFENDER A LA PATRIA

Miles de uniformados que en su oportunidad cumplieron órdenes emanadas de las autoridades constituidas se encuentran detenidos por el sólo  hecho de haber defendido las instituciones de la república amenazadas de muerte por el Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros; ambas organizaciones militares que, con apoyo de Cuba y para subordinarse a ese país pretendieron, a como diera lugar, apropiarse del poder para imponer un sistema de gobierno contrario al constitucionalmente establecido.

Muchos de ellos eran entonces jóvenes que, por amor a la Patria y vocación de servicio, se formaron dentro la estructura de la defensa organizada del Estado y se sometieron, voluntariamente, a una férrea disciplina y al duro entrenamiento en el manejo de hombres y de armas con la finalidad de salvaguardar los intereses de todos los argentinos, sus casas, sus bienes y su derecho a la autodeterminación.

Fue una guerra, pero una guerra de las más crueles, la de guerrillas, que captan adolescentes y aún niños y los preparan para acciones de sabotaje y terrorismo; que se infiltran y se camuflan en la población civil inocente haciendo muy difícil su identificación.

VENEZUELA DEJA EL PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA

Jueves 12 de septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa

Editorial II

Contrariando su Constitución, el país caribeño ha decidido dejar a sus ciudadanos sin protección regional en los casos de violaciones de los derechos humanos

Transcurrido ya un año desde que Venezuela denunciara el Pacto de San José de Costa Rica, los venezolanos, conforme a las normas regionales, acaban de perder la protección independiente y efectiva de sus derechos humanos y de reparación de sus violaciones que les brindaba el sistema interamericano.

Se trata de un hecho realmente gravísimo, que demuestra cómo la Venezuela bolivariana ha dejado de ser una democracia, pese a lo cual no se ha producido la reacción de condena que lo sucedido debería haber generado por parte de algunos de nuestros organismos regionales, como el Mercosur o la Unasur, y de los países de la región.

DISCRIMINADO POR PORTACIÓN DE APELLIDO

Jueves 12 de septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Las conocidas exclusiones de ascensos militares de familiares de oficiales que actuaron en los años setenta se han extendido a otras áreas

   

Desde esta columna editorial hemos denunciado cómo en la Argentina actual, gravemente despojada de contenido republicano, se han venido rechazando propuestas de ascenso de no pocos jóvenes militares con intachables antecedentes y cuyas fojas de servicio se desarrollaron completamente durante el período democrático abierto en 1983, por lo que ninguno de ellos había participado en la lucha contra el terrorismo y cuyas edades los apartaban de modo elocuente de aquella época trágica. Todos ellos, sin embargo, tenían algo en común: un padre o algún pariente que habían prestado servicios en cuarteles sindicados por organismos de derechos humanos como parte del esquema militar que reprimió a la guerrilla de los años setenta. Ello motivó que fueran marginados de los ascensos a los que fueron propuestos por sus superiores, por simple portación de apellido.

Lamentablemente, las discriminaciones por estas mismas razones se han extendido a otras áreas del Estado. En el Poder Judicial, por ejemplo, existe un caso de evidente discriminación que lleva casi ocho años, cuyo protagonista es el doctor Ignacio Rodríguez Varela, actual secretario de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, cargo al que accedió luego de veinte años de haber ingresado a la Justicia y de desempeñarse en los diversos estamentos que componen la carrera judicial.

Ignacio Rodríguez Varela y familia

Desde 2005, el doctor Rodríguez Varela se presentó en seis concursos múltiples, en todos los cuales obtuvo las más altas calificaciones. En tres de ellos integró nueve ternas, habiendo ocupado el primer lugar en seis de ellas. Dos de los concursos terminados eran para cargos de fiscal. En uno de ellos ocupó el primer lugar, encabezando las ternas de las dos vacantes y, de haberse respetado el orden de mérito, su propuesta estaría hoy en el Senado de la Nación. No obstante, fue excluido arbitraria y sistemáticamente en todas las propuestas y nombramientos que se hicieron.

EL PERDÓN

Es absolutamente comprensible el dolor que manifiesta la Sra. Enriqueta G. L. de Loyudice en su carta del sábado pasado, con respecto a la forma cruel e inhumana en que el Estado trata a los militares detenidos. Lo dijo también oportunamente el periodista Nelson Castro a propósito de la muerte de Jorge Videla. A lo mismo se refirió, valientemente, el Sr. Héctor Leis (ex integrante de Montoneros). En ese sentido, resulta de enorme interés el artículo (en la Web) del Dr. Mariano N. Castex, que tituló "Yo acuso", en el cual alude lúcidamente a lo que sucedió con el general Ibérico Saint Jean y el escandaloso obrar del Tribunal Oral en lo Federal Nº 1 de La Plata.

Evidentemente, también allí el odio y la impudicia pudieron más que la justicia.

Decía, entre otras cosas, el Dr. Castex, quien fue designado perito médico y psiquiatra en ese proceso, que "un gobernador del gobierno militar, nonagenario, vio revocada su prisión domiciliaria y trasladado a una cárcel común, luego de una farsa vergonzosa. La consecuencia fue su muerte, una muerte anunciada por los forenses independientes, un homicidio silenciado por quienes manipulan sin pudor alguno la tragedia argentina de la década del 70. Ibérico Saint Jean fue asesinado in obliquo por el Tribunal Oral Federal de La Plata. El tribunal hizo caso omiso de la prevención, designó a dedo a "especialistas" que "convenían", basureó a los forenses oficiales, maltrató a un anciano indefenso, revocó la prisión domiciliaria y lo sepultó en la cárcel de Marcos Paz". En pocas palabras, lo llevó, "carente de la capacidad para estar en juicio", a un cadalso, sabiendo cuál era la situación". Se justifica esta nota porque testigos que hablen quedan muy pocos, ya que reina el miedo, y en el futuro los archivos y la escasa prensa independiente que queda deberán hablar. Que su muerte y otras muchas de las que no se habla por temor sean un llamado de atención para que de una vez por todas cese el carnaval instaurado por la venganza y que la justicia vuelva a brillar en el suelo argentino que clama por paz.

Me pregunto: ¿cuándo los argentinos podremos perdonarnos unos a otros? ¿Cuándo seremos capaces de poner la otra mejilla, siguiendo los consejos del coronel Argentino del Valle Larrabure, en su lecho de muerte y luego de ser severamente torturado durante su secuestro de 372 días?

Recién allí, seguramente, comenzará el camino de las soluciones que tanto anhelan los ciudadanos argentinos.

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

FUENTE: http://www.lanacion.com.ar/1618748-cartas-de-los-lectores

NOTA: Las imágenes y negritas no corresponden a la nota original.