Jueves 12 de
septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa
Editorial II
Contrariando su Constitución, el país caribeño ha decidido
dejar a sus ciudadanos sin protección regional en los casos de violaciones de
los derechos humanos
Transcurrido ya un año desde que Venezuela denunciara el Pacto
de San José de Costa Rica, los venezolanos, conforme a las normas
regionales, acaban de perder la protección independiente y efectiva de sus
derechos humanos y de reparación de sus violaciones que les brindaba el sistema
interamericano.
Se trata de un hecho realmente gravísimo, que demuestra cómo
la Venezuela bolivariana ha dejado de
ser una democracia, pese a lo cual no se ha producido la reacción de
condena que lo sucedido debería haber generado por parte de algunos de nuestros
organismos regionales, como el Mercosur
o la Unasur, y de los países de la región.
No obstante, el líder
opositor de ese país, Henrique
Capriles, pudo el día anterior al del vencimiento del plazo presentar ante
la Comisión de Derechos Humanos de la
OEA una denuncia sobre el fraude producido en las elecciones del pasado 14
de abril, en las que el gobierno
bolivariano anunció el triunfo de Nicolás
Maduro por un escaso 1,4 por ciento de los votos. Maduro, además, hizo caso omiso al pedido expreso de la Unasur para que se hiciera una
auditoría completa de lo sucedido en las votaciones. Por esto la legitimidad de su mandato está sumamente cuestionada.
La salida venezolana del Pacto de San José de Costa Rica fue impulsada por Hugo Chávez. El dirigente caribeño
acusaba a la OEA de formar parte del
"imperio" norteamericano,
una conjura más de las muchas que denunciaba constantemente.
Lo cierto es que esa denuncia venezolana del Pacto de San José de Costa Rica viola abiertamente
la Constitución de ese país que, en su artículo 23, confiere categoría
constitucional a los tratados internacionales suscriptos por Venezuela en
materia de protección de los derechos humanos.
Todos los casos que están en curso continuarán bajo la
jurisdicción de los organismos regionales en materia de derechos humanos hasta
que se resuelvan. Venezuela tiene 16
sentencias condenatorias pendientes de cumplimiento, dictadas desde 1995,
entre ellas, la que tiene que ver con Radio Caracas Televisión, emisora que fue
silenciada arbitrariamente por el régimen chavista para evitar las críticas y
asegurarse impunidad.
Los venezolanos acaban de perder la protección regional
independiente que les brindaba el sistema interamericano. Las víctimas
venezolanas de las violaciones a los derechos humanos han quedado sin tutela. No hay espacio alguno para silenciar lo
sucedido, que revela el carácter autoritario del cuestionado régimen
bolivariano.
NOTA: Las
imágenes y negritas no corresponden a la nota original.
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