Sábado 28 de octubre
de 2017
Era un secreto a
voces, pero ya no lo es más. A las primeras revelaciones de Julio Blanck en el
diario Clarín se sumaron las de Elisa Carrió y las declaraciones del propio
juez Lleral, lo que desencadenó un verdadero aluvión de notas, columnas y
editoriales en todos los medios de prensa televisiva, oral y escrita, e
innumerables mensajes y comentarios en las redes sociales.
Todo indica que los
usurpadores del Pu Lof Resistencia Cushamen, el RAM y algunas de las
organizaciones de derechos humanos locales supieron, desde el primer día, que
Santiago Maldonado había perdido la vida el 1° de agosto, mientras cruzaba el
río Chubut y luego de que el invisible "testigo
E" le soltara la mano, a pedido del joven que murió ahogado.
Han existido dos
investigaciones simultáneas. Una primera, la oficial, llevada adelante por la
Justicia, dirigida a conocer el paradero de Santiago y encontrar la verdad. Y
una segunda, la paralela, concebida, dirigida y convenientemente manipulada por
quienes se han apropiado de la causa de los derechos humanos en la Argentina
desde 2003, en función de tiempos y expectativas electorales, con la vil
pretensión de favorecer a Cristina Kirchner.
La operación de las
organizaciones de derechos humanos, travestidas en un verdadero holding internacional
al comando de Horacio Verbitsky desde la presidencia del CELS, contó con el
habitual e interesado apoyo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el
Serpaj, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Comisión
Provincial por la Memoria de Buenos Aires junto a otras cada día más
desprestigiadas organizaciones. Aquellas mismas que, hasta hace sólo algunos
años, eran respetadas y admiradas, y a las que los sucesivos gobiernos
kirchneristas corrompieron profundamente, confiriéndoles un poder desmesurado y
recursos económicos sin límite, a cambio de apoyo para obtener impunidad para
el saqueo de la Argentina.
Resulta también
escandaloso que a esta verdadera canallada -que Elisa Carrió calificó como "macabra" y a la que le cabe
más ajustadamente tener por perversa- se hayan sumado, una vez más, la CIDH, la
Acnudh y hasta Amnesty International, entre otras agencias y organizaciones
internacionales.
El Gobierno está
ahora obligado a exigir las explicaciones, los pedidos de disculpas y la
rectificación de políticas por parte de organizaciones y dirigentes, cuya
parcialidad manifiesta en este caso y en otros anteriores es inexplicable y
sólo podrá aumentar el creciente desprestigio de las organizaciones de derechos
humanos locales.
Desde el 1º de agosto
pasado, la célula terrorista pretendidamente mapuche del Pu Lof Resistencia
Cushamen, el RAM y las organizaciones de derechos humanos -con el CELS a la
cabeza- parecen no haber hecho otra cosa que plantar u ocultar pruebas,
preparar y hacer declarar mentiras a falsos testigos, obstruir la
investigación, exigir y obtener poder de policía sobre la parcela usurpada,
como si se tratara de la soberanía de un estado independiente sobre su
territorio nacional, sosteniendo para eso el pretendido carácter de
"tierra y aguas sagradas" de las muchas hectáreas ocupadas y del río
Chubut, disparate que fuera lamentablemente admitido y tolerado por el coro de
los políticamente correctos, que actuaron a la manera de idiotas útiles al
servicio de los objetivos e intereses de aquellos.
La actitud de la
familia debe quedar indulgentemente amparada por el dolor, lo que no exime de
responsabilidades a su principal vocero y representante, Sergio Maldonado, por
sus errores y omisiones en el trágico caso de su hermano.
La muerte de Santiago
Maldonado debe esclarecerse hasta sus últimas consecuencias y los eventuales
culpables de los delitos colaterales que pudieran probarse deben ser castigados
por la Justicia con todo el rigor de la ley.
Para eso, las investigaciones
y los procesos judiciales que están en curso deben enfocarse también en la
actuación de las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales y
de sus dirigentes.
Quedó en claro que
estas organizaciones pusieron más énfasis y esfuerzo en tratar de probar el
carácter de desaparición forzada de Santiago Maldonado y en buscar a los
culpables de tal delito, que en determinar su estado y paradero. Y ahora,
encontrado ya el cuerpo, parecen contrariados ante la falta de evidencia de
golpes o violencia en el cadáver que surge de la autopsia. Ya no podemos
alentar la esperanza de que Santiago esté vivo, lo que parece hubiera sido la
peor de las alternativas para los apropiadores de los derechos humanos en la
Argentina, por terrible que sea pensarlo y, ni qué decir, escribirlo.
El gobierno del
presidente Macri está a punto de convocar a un gran acuerdo nacional para un
ambicioso plan de reformas. Una política de Estado para los derechos humanos
que esté a la altura de los más nobles ideales del siglo XXI y que tome como
modelo aquellas de las naciones con más altos índices de desarrollo humano del
planeta debe estar incluida en el acuerdo en ciernes. Es hora de que el
Gobierno sea el principal protagonista, promotor y defensor de los derechos humanos
en la Argentina. Para eso será necesario desplazar y reemplazar a quienes,
desde 2003, han orientado, dirigido y llevado adelante una política de derechos
humanos anacrónica, parcial, incompleta, sesgada, ideologizada y siempre
alineada con intereses políticos y electorales, cuando no con el mero interés
económico de sus integrantes. Para limpiar estos verdaderos "establos de Augías", la tarea
que se requiere es titánica. Para eso se debe recurrir a las aguas limpias,
transparentes y sin intereses ocultos propias de la causa universal de los
derechos humanos.
Pedro
Güiraldes
Ingeniero civil
NOTA:
La imagen no corresponde a la nota original.
