26 de
octubre de 2014
Por Mauricio
Ortín
Un confirmación más de que los miles de acusados por
crímenes de lesa humanidad son víctimas de persecución estatal ajena a toda
justicia, es el acoso que sufren por
parte del gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey y del municipal de Miguel
Isa los antes acusados y ahora condenados en el juicio sustanciado por la “causa Metán”. Ello así, porque días
antes de que los jueces dictaran sentencia, el gobierno provincial y el
municipal en forma conjunta y a través de un afiche ampliamente difundido,
convocaron a los ciudadanos a la ciudad judicial a una especie de acto festivo
para celebrar el fallo “histórico”
que dictaminaría el tribunal. Hasta ahí, el “pan
y circo” que nos tienen acostumbrados los kirchneristas. Pero, hay más y de
castaño a oscuro. Pues resulta que en dicha convocatoria el gobierno provincial y el municipal,
identificando a los acusados con foto, nombre y apellido los llamó “genocidas” y, además, solicitó para ellos la pena de “prisión perpetua y cárcel efectiva”.
Al respecto, opino que debe observarse
lo siguiente: 1) El Poder Ejecutivo (nacional, provincial o municipal)
no debe, bajo ningún concepto, injerirse en otro poder del Estado y presionar a
los jueces convocando a los ciudadanos al edificio de la Ciudad Judicial con la
consigna de que el fallo a escuchar y dictarse deba ser de cadena perpetua para
los acusados; 2) En dicho juicio nadie fue acusado y menos condenado por el
delito de “genocidio”. Semejante
descalificación gratuita e injuriosa del Poder Ejecutivo a ciudadanos
constituye un acto deleznable de persecución política; 3) El dinero de los
contribuyentes no está para solventar afiches o campañas del gobierno que
tienen como objetivo atormentar y condenar socialmente a ciudadanos o “apurar” a jueces; 4) Estigmatizar con falsas afirmaciones a los
acusados a través de la propaganda incita al odio y a posibles actos de
violencia hacia ellos y hacia sus
familiares; 5) Ser condenado no implica perder la condición de persona y ser
sujeto de derechos humanos. El Poder
Ejecutivo, llamándolos “genocidas”
viola flagrantemente tales derechos; 6) La
circunstancia desgraciada de que, por el Gobierno de la Provincia de Salta,
firmen la convocatoria el Ministerio de Derechos Humanos y la Secretaría
de Derechos Humanos torna aún más deplorable el hecho. Porque una cosa
es que les paguemos suculentos sueldos a inútiles que no saben hacer nada y
nada hacen y, otra mucho peor, que se lo paguemos a inútiles que hacen daño; 7)
Celebrar sentencias condenatorias convocando a actos masivos con el cantante Víctor
Heredia como atractivo tiene que ver con cualquier mamarracho, menos con la
justicia.
En la Argentina las cosas, lamentablemente, son así
todos los días. No es de extrañar entonces que el atropello perpetrado ni
siquiera haya sido advertido por la oposición, la prensa, la Iglesia, la
universidad, los abogados o el resto de las fuerzas vivas “¡Al enemigo, ni justicia!”, decía un señor. Pues bien, ser acusado
de crimen de lesa humanidad es pasar, en un santiamén, de la condición de
sujeto de derechos a enemigo para la “justicia”
y maldito para la sociedad y sus instituciones. Eso sí, todo en nombre de los “derechos humanos” (parafraseando a madame Roland[1]
camino a la guillotina: “¡Oh Derechos
Humanos, cuántos crímenes se cometen en tu nombre!”)
[1] Marie-Jeanne
Roland de la Platiere (17 de marzo de 1754 – 8 de noviembre de 1793), también
conocida como Manon Roland, Jeanne Marie, Manon Phlipon, Madame Roland o
Marie-Jeanne Phlipon, fue junto con su marido Jean-Marie Roland de la Platière
una señalada partidaria de la Revolución francesa y un influyente miembro del
grupo girondino. Murió en la guillotina
durante el Terror.
El 8 de noviembre de 1793
fue conducida a la guillotina. Antes de colocar su cabeza en el cepo, se
inclinó ante la estatua de arcilla de la Libertad situada en la Plaza de la
Revolución (actual Plaza de la Concordia) y pronunció la famosa cita por la que
es recordada: ¡Oh, Libertad!, ¡cuántos
crímenes se cometen en tu nombre!
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