En esta tierra de
volcanes políticos activos retumbando y eructando explosiones de tensión social
ardiente, la población sigue con su bussines as usual. No se percatan del
peligro de quedar petrificados como en los tiempos de Pompeya, dentro de un
sistema de judicial colapsado, en donde los paradigmas jurídicos del derecho de
presunción de inocencia se tergiversan a conveniencia de presiones espurias
perversas, sujetas al volcán ideológico que más eructe.
Si no, diga usted por
qué una jueza como Yassmin Barrios, con un legado mediático ampliamente
difundido y un récord histórico tan cuestionado por su ilegal y pésimo
desempeño durante el juicio de Ríos Montt, es ahora —oh, ironía— la jueza a
cargo del juicio Zepur Zarco, contra varios oficiales del Ejército. Pero en
esta ocasión, a sabiendas de que sería descalificada para llevar este juicio,
la jueza Barrios se excusó en forma escrita ante la Cámara Penal actual; sin
embargo, de forma inexplicable y violando todos los preceptos pertinentes, la
Cámara Penal no acepta la excusa y la confirma en la conducción del juicio.
Son tantas las
violaciones al debido proceso que por falta de espacio solo enumero algunas:
Violación al derecho
de defensa, al presentar videoconferencias de 2012 “como anticipo de prueba”, contraviniendo el artículo 317, debido a
que el MP no presentó un documento por el cual comprueba que los testigos no
pudieron estar presentes. Las testigos llegan con las caras tapadas a la
audiencia, pero la defensa no puede cuestionar a los testigos, dando por hecho
que dijeron la verdad. ¿Dónde se ha visto semejante aberración? ¿Que la defensa
no pueda cuestionar a testigos?
Violación al
procedimiento establecido, al perderse la cadena de Custodia, que es el
mecanismo que tiene el ente investigador para asegurar que la prueba no sea
modificada, cambiada o extraviada. Esta responsabilidad fue delegada por el MP
en la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, contraviniendo que fuese
el Inacif la entidad encargada por ley para respaldar estas pruebas. ¿Cómo
puede darse esa responsabilidad a una ONG cuyo director es el hijo de un
conocido exguerrillero? ¿Hay duda razonable de que las pruebas se hayan
manipulado?
Peritajes espurios
pagados por una ONG dirigida por Olga Paz y Paz, hermana de la exfiscal Claudia
Paz y Paz. Ambas iniciaron en el 2012 la persecución penal contra los
militares, incluyendo el caso Sepur Zarco. Su organización quitó a la ONG de
Rosalina Tuyuc, quien era la que venía haciendo las investigaciones con la
ODHA, y metieron a la Fundación de Antropología Forense desde entonces.
Otro de los colmos se
relaciona con Miguel Ángel Caal, uno de los testigos protegidos principales que
resulta ser señalado por la señora Matilde Sub, una de las víctimas que en
prueba anticipada declara: “Que este
comisionado, ahora “testigo” ¡la violó!” ¿Cómo puede ser que utilicen a un
testigo acusado del mismo delito por el cual el juicio se lleva a cabo? Digno
de Ripley...
El circo no se acaba.
Otro testigo propuesto por el MP es el comisionado Agustín Chen, quien es
acusado por Domingo Tzub, otro testigo, que lo señala de haberse llevado a su
papá y que “ya nunca tuvo noticias de él”.
El comisionado Agustín Chen, para colmo de los colmos, aparece en los testimonios
de la Comisión del Esclarecimiento Histórico como una persona “acusada de la desaparición forzada de cinco
campesinos...” (¿?)
El circo continúa:
Según declaración testimonial de su exesposo Santiago Seb, Dominga Coc y sus
dos hijas fueron detenidas el 24 de junio de 1982. Sin embargo, en el asiento
de cédula registrado en El Estor aparece el acta de defunción, que falleció el
4 de junio de 1982.
Lo peor. Hay 36
millones de quetzales esperando por resarcimientos…
Alfred
Kaltschmitt[1]
[1] Alfred Kaltschmitt (Costa
Rica, 2 de junio 1944) es un periodista, docente y columnista. Es conocido en
Guatemala por su columna en el diario Prensa Libre y por su labor docente y en
el área agrícola industrial (HablaGuate, 2010).
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