Editorial
Sábado, 20 De Febrero
Del 2016 | 04:00Hs
Alais estaba afectado
por demencia senil. El mal estado de su salud y la falta de cuidados fueron
motivo de varias denuncias, pero en especial a través de una carta de lectores
del diario La Nación escrita por su hija María Virginia Alais hace ya cuatro
años.
Acusado por delitos
de asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de la
libertad (secuestro), tortura y desaparición forzada (homicidio calificado) en
calidad de autor mediato, por su actuación como exjefe del Regimiento 19 de
Infantería durante el gobierno militar, Alais fue encarcelado con 83 años y
cuando ya padecía todos estos trastornos.
Dos meses después de
su detención su hija hacía pública la situación de quien sin estar condenado
llevaba dos meses en una situación perversa que no contemplan las leyes pero
que le imponía el tribunal Federal Oral de Tucumán.
Alais fue ascendido a
general durante el gobierno del presidente Alfonsín, y debió actuar en defensa
de las instituciones democráticas durante ese período. Ya retirado fue jefe del
equipo argentino en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. De nada valió
todo eso.
Hace pocos días hemos
publicado un extenso artículo del Dr. Mariano N. Castex, sobre la situación del
comisario Patti, su deteriorado estado de salud, y sobre la falta de decisión
oficial sobre la cantidad de ancianos de más de setenta años. También hemos
publicado un "manual" sobre cómo actuar con estos ancianos para
coartar sus derechos a un trato humano, a la prisión domiciliaria, a la
atención médica.
Varias veces, desde
esta misma columna nos hemos referido a la justicia sesgada, a la memoria
parcial, en fin, a todo este carnaval de acusaciones, muchas de ellas sin
asidero legal, que han terminado con la vida de muchos por el único delito de
haber vestido un uniforme y haber combatido al terrorismo, en muchos casos
defendiendo un gobierno constitucional que les ordenó actuar.
En la Argentina de
los Derechos Humanos es justo aclarar que no todos los tienen.
Los doce años de
corrupción y desgobierno pasados, inteligentemente, buscaron la base segura de
disfrazarse de campeones de los derechos humanos. Primero intentaron borrar las
imágenes de Perón y Evita cambiándola por las de señoras con pañuelos que, con
todo derecho, buscaban sus hijos y sus nietos. Cooptadas y transformadas en
socias, su mundo cambió. Y los juicios de la memoria –que estuvieron muy lejos
de la Justicia– las mostraron transformadas no en reclamantes de equidad sino
en unas nuevas Némesis, las diosas de la venganza.
Esta venganza es una
vergüenza nacional. Hubiera sido mucho más limpio un paréntesis en la legalidad
y fusilarlos. La situación actual no es otra que una tortura y nadie –ni el
novel gobierno– puede ignorarla.
Nadie está pidiendo
indultos al estilo Cámpora, solo la aplicación de la ley, no solo por una
cuestión de justicia sino de vergüenza.
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