El primero de marzo
se cumplirán 41 años del asesinato del cónsul estadounidense John Patrick
Eagan, en 1975 en pleno gobierno democrático a manos de integrantes del
autodenominado Ejército Montonero, que lo mantenía secuestrado desde un mes
atrás. Este fué uno de los tantos crímenes de lesa humanidad perpetrados por
los terroristas para dominar por el miedo y la violencia al pueblo argentino, y
que hasta el presente permanece impune.
Para cierto tipo de
jueces argentinos de la última década
parece que las víctimas del terrorismo y sus familias carecen de derechos
humanos.
¿Cómo considerarían
el Presidente y el pueblo norteamericano hoy en día el secuestro y eliminación
alevosa de un diplomático de su país?
Esperamos que pronto
comience a regir la Justicia perdida.
Santiago Floresa
Secuestraron al
agente consular de Estados Unidos en nuestra ciudad", tituló La Voz del
Interior el miércoles 27 de febrero de 1975. Se refería a John Patrick Egan, de
62 años. Un comunicado de Montoneros se había adjudicado esa operación. El
diario cordobés recordó que, con el diplomático, sumaban cinco las personas que
permanecían en cautiverio en la provincia: el mayor Julio Argentino Del Valle
Larrabure, desde hacía más de seis meses; Elvira Bagalone de Roggio, capturada
en un cementerio, y una señora de apellido Ferrero con su hijo de un año y
medio.
Dos días después, una
comisión policial encontró el cuerpo sin vida de Egan en un baldío del barrio
Alta Córdoba. El cadáver del cónsul estaba atado y envuelto en una tela celeste
con la palabra "Montoneros"
escrita en letras negras, la cabeza cubierta con una bolsa de plástico, los
ojos vendados, el rostro sucio de sangre por el balazo de una pistola nueve
milímetros en el ojo derecho con el cual lo habían ejecutado, un par de horas
antes de que fuera encontrado, según concluyeron las pericias médicas.
Vestía la ropa con la
que había sido capturado: pantalones y camisa beige y zapatillas blancas; a la
altura del pecho le habían adherido con alambres el recorte de un diario con la
noticia de las muertes de dos montoneros, el lunes anterior, y un pequeño
cartón con la palabra "Montoneros",
también con tinta negra y en letras de imprenta. En un bolsillo del pantalón
aún guardaba su billetera, con 43 mil pesos.
Si bien algunos
representantes extranjeros ya habían sido secuestrados, Egan se convirtió en el
primer diplomático asesinado por la guerrilla. Y en el quinto ciudadano
estadounidense en correr esa suerte desde 1965; el último había sido el gerente
general de Ford, John Swint, muerto el 22 de noviembre de 1973 por las Fuerzas
Armadas Peronistas. Los ejecutivos y funcionarios norteamericanos eran los
principales blancos de los ataques de esos grupos, que estaban empeñados en la
lucha contra "el imperialismo
yanqui" que, según decían, controlaba al gobierno y a las Fuerzas
Armadas y "explotaba al
pueblo".
También en Córdoba el
16 de marzo de 1974 una bomba estalló en el Instituto Cultural Argentino
Norteamericano (ICANA). Un mes después, guerrilleros del Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP) secuestraron al director general del Servicio
Cultural e Informativo de Estados Unidos, Alfred Albert Laun, en su casa
ubicada en la ciudad de Unquillo; Laun se resistió y fue llevado herido de un
balazo, pero quince horas después fue dejado en libertad porque su salud se
había agravado y necesitaba una intervención quirúrgica.
La muerte de Egan
desató una severa crisis entre el gobierno de Isabel Perón y el departamento de
Estado norteamericano, encabezado por Henry Kissinger, según surge de los
cables de la embajada estadounidense que han sido desclasificados, es decir que
han perdido su carácter de reservados o secretos por el paso del tiempo.
Una versión,
confirmada por Robert W. Scherrer, ex agente del FBI en la embajada
estadounidense en Argentina, al periodista norteamericano Martin Andersen,
indicó que los captores de Egan "le
habían cortado los genitales. Los montoneros, al contrario de lo que puedas
haber escuchado, torturaron y mutilaron a otros prisioneros secuestrados para
cobrar rescate". Sin embargo, uno de los policías que descubrieron el
cadáver y que no quiere que su nombre trascienda negó que eso fuera cierto: "Si bien era de noche, en una zona poco
frecuentada, cerca de un canal, recuerdo que no había manchas de sangre en sus
pantalones".
Antes de la
dictadura, Córdoba se caracterizaba por los secuestros realizados por los grupos
guerrilleros. "Los secuestros en
Córdoba, que habían alcanzado un nivel extraordinario en el mes pasado,
continúan sin resolución. Además de las cincuenta víctimas reportadas por la
prensa el mes pasado, existen indicios de muchos más casos que no han sido
denunciados. Eso, junto con las bombas, los tiroteos y las turbulencias
económicas en esa provincia, han dejado a la población muy temerosa y
enojada", informó la embajada de Estados Unidos a Kissinger en el
cable reservado número 1.791 del 17 de marzo de 1976.
La mayoría de esos
secuestros tenía como blanco a los directivos de las empresas instaladas en
Córdoba, en especial del sector automotriz, que concentraba a la clase obrera
más dinámica: eran los sectores que más ganaban y estaban mejor organizados
para la defensa de sus derechos e intereses. El sujeto revolucionario por
excelencia, el protagonista principal y obligado del cambio de sistema hacia el
socialismo; por ese motivo, esos trabajadores eran cortejados por las
guerrillas, que se postulaban como sus vanguardias armadas para acelerar la
revolución.
Según la embajada
estadounidense, y de acuerdo con sus interlocutores militares, políticos y
sindicales, los ataques contra los directivos de esas fábricas ("asesinatos, secuestros e
intimidaciones") formaban parte de las tácticas de las guerrillas para
"ganarse a los trabajadores. Los
gerentes de Relaciones Industriales y de Personal aparecen como los mayores
blancos de asesinato cuando las empresas no acceden a las demandas de los
trabajadores. Casi invariablemente, las compañías afectadas satisfacen completamente
las exigencias terroristas, que normalmente consisten en la concesión de
demandas económicas, el pago de salarios perdidos por huelgas y la
reincorporación de trabajadores despedidos. Probablemente, los directivos
tienen pocas alternativas", evaluó uno de los asistentes del embajador
Robert Hill en el cable secreto número 7.538 del 12 de febrero de 1975, dos
semanas antes del secuestro del cónsul Egan.
Ese documento de
siete páginas, dirigido a Kissinger, citó a uno de los senadores nacionales por
Córdoba, el radical Eduardo Angeloz, opositor, quien en una entrevista con un
diplomático estadounidense "lamentó
que la mayoría de las fábricas en Córdoba estuvieran controladas por el ERP y
Montoneros y que sus directivos ahora negocien directamente con las comisiones
internas controladas por los terroristas en lugar de tratar con los líderes
sindicales elegidos" por las bases. E incluyó declaraciones del
general Carlos Delía, jefe del Tercer Cuerpo, ubicado en Córdoba, a la revista
Mercado, "en las que Delía observó
que la guerrilla fabril era de especial preocupación para los militares".
Precisamente, el
título de ese cable secreto fue "Terrorismo
industrial: la lucha guerrillera en la base de la fábrica". Para la
embajada estadounidense, "el
terrorismo es un hecho y un modo de vida en Argentina. Las actividades de la
guerrilla en las áreas rurales de Tucumán y en las áreas urbanas de Córdoba y
Buenos Aires han sido objeto de comentarios alrededor del mundo y de análisis
sin fin. Sin embargo, otra y posiblemente más insidiosa forma de lucha
guerrillera, sobre la cual se ha prestado poca atención, está en plena
operación en Argentina. Es la guerra llevada a cabo por la guerrilla
industrial, que opera en la base de cada fábrica, en las asambleas sindicales
y, en forma creciente, en relación con las gerencias. Las tácticas son las
utilizadas por sus ´primos´ de las guerrillas rural y urbana, pero refinadas
según las necesidades de su ambiente particular. Apuntan a radicalizar a los
trabajadores, a alienarlos de sus líderes legítimos y del gobierno y a ganar su
apoyo para convertirlos en aliados concientes
o dóciles seguidores". El objetivo, en resumen, era "ganar el control de la clase
trabajadora".
La reacción de los
militares frente al "terrorismo
industrial" o la "guerrilla
fabril" —la "ofensiva
contrarrevolucionaria", para decirlo en los términos de los
partidarios de la revolución socialista— fue brutal, ilegal y no distinguió
entre acciones armadas y actividades sindicales, entre guerrilleros y líderes
sociales. Los militares aprovecharon los últimos tres meses y medio del
gobierno de Isabelita para elaborar las listas de personas que serían detenidas
inmediatamente después del golpe de Estado.
Egan era cónsul de
Estados Unidos en la capital cordobesa, el único diplomático estadounidense que
permanecía en funciones en el interior del país. Había nacido en 1912 en Perma,
una pequeña aldea montañosa del estado de Montana. Apenas se graduó, Egan entró
a las industrias Kaiser, donde hizo carrera; en 1955, ya como ingeniero, fue
trasladado a Argentina, a la fábrica de automóviles que acababan de instalar en
Córdoba.
Los diarios
nacionales del domingo 2 de marzo dedicaron sus tapas a informar sobre las
repercusiones de la muerte de Egan, cuyo sepelio se realizó ese día. Incluyeron
el telegrama de condolencias de la presidenta Perón a su colega estadounidense,
Gerald Ford; el comunicado de Ford condenando "este acto malévolo"; las palabras de Kissinger, antes de
viajar a El Cairo para reunirse con Anwar El Sadat en procura de un acuerdo
entre Egipto e Israel, que lo calificó como "un
crimen sin sentido, execrable y despreciable"; y las declaración de
Eugene Egan, hermano del muerto, desde su estado natal de Montana: "Ser liquidado así parece tan
infructuoso. Fue sólo porque era un ciudadano norteamericano".
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