A pedido de los
organismos volvió a reunirse después de más de un año la Comisión Interpoderes para analizar la situación de los juicios a
represores. Con la presencia de Lorenzetti
y Rosatti, junto a legisladores,
jueces y miembros del Ejecutivo, se asumió el compromiso de garantizar el
avance de esos procesos.
A pedido de los
organismos de Derechos Humanos, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo
Lorenzetti, convocó a una reunión de la Comisión Interpoderes, donde jueces,
legisladores y funcionarios del Ejecutivo reafirmaron que los juicios de lesa
humanidad constituyen una “política de Estado”.
El encuentro había sido solicitado por referentes de los
organismos, para expresar sus “preocupaciones
ante los principales problemas que afectan el avance de los juicios”. Tras
la reunión, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, concluyó:
“Hablamos con libertad, fuimos escuchados y la mayoría de los integrantes de la
comisión coincidió con nuestro panorama y nuestro requerimiento de acelerar los
procesos”.
La Comisión
Interpoderes, creada por la Corte Suprema en 2008 con la función de acelerar
los juicios por delitos de lesa humanidad, se había reunido por última vez en
agosto de 2015. Hace dos semanas, Lorenzetti recibió a referentes del movimiento
de derechos humanos y se comprometió a generar un nuevo encuentro.
Lorenzetti estuvo acompañado por uno de los nuevos
ministros de la Corte, Horacio Rosatti, algo que fue bien recibido en los
organismos. Además, hubo varios jueces de la Cámara Federal
de Casación, encabezados por su presidente, Alejandro Slokar. Estuvo también la
Procuradora, Alejandra Gils Carbó; la Defensora General, Stella Maris Martínez,
y los referentes de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Jorge Auat y Carolina
Varsky. Por el Poder legislativo asistieron la diputada Victoria Donda y el
senador Juan Manuel Abal Medina. Y por el Ejecutivo fue el secretario de
Derechos Humanos, Claudio Avruj, junto a miembros de su equipo.
El encuentro fue “muy
favorable”, según dijo el abogado querellante Pablo Llonto a Página 12. Por
parte de los organismos estuvieron también Taty Almeida, de Madres de Plaza de
Mayo línea fundadora; Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos
por Razones Políticas; Carlos Pisoni, de Hijos; José Schullman, de la Liga
Argentina por los Derechos del Hombre; Diego Morales, del Cels, Adriana
Taboada, de la Comisión de Campo de Mayo, y Carlos López de Belva, director de
la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados
(FACA).
Los referentes de derechos humanos entregaron un petitorio,
basado en un informe de la Procuraduría de Lesa Humanidad, en el que se
advierte “un colapso en el avance de los procesos en trámite, una disminución
significativa de las causas que llegan a la etapa del juicio oral y una
importante dilación en la confirmación de sentencias”.
Pidieron que se agilice el nombramiento de jueces para conformar tribunales y
que tanto en la Corte como en Casación se creen Secretarías para analizar
recursos relacionados con esas causas, entre otras cosas. “Lo importante fue
que en el núcleo de la discusión todos estuvimos de acuerdo: hay que reforzar
estos juicios, acelerarlos y cuidarlos”, concluyó Iud.
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